El colectivo de técnicos de Hacienda se ha pronunciado así en un comunicado ante el visto bueno de la Agencia Tributaria al acuerdo por el que el futbolista pagará por cuatro delitos fiscales casi 19 millones de euros y será condenado a dos años de prisión, de modo que no tendrá que entrar en la cárcel.
Los técnicos consideran “difícil de justificar” que el acuerdo por la vía penal rebaje la cuantía defraudada de los 14,7 millones que cuantificaba Hacienda a 5,7 millones. Pero, además, sostienen que los asesores del actual jugador de la Juventus de Turín “podrían llegar a ser considerados cooperadores necesarios en la comisión de los delitos fiscales, al urdir la trama evasora del delantero, por lo que no deberían quedar exentos de responsabilidades penales”.
Según Carlos Cruzado, presidente de Gestha, son los asesores de Ronaldo los que tienen los conocimientos necesarios para montar estos entramados societarios, si bien, añade, “los clientes –en este caso
Ronaldo– deben estar al tanto”.
“Lo mismo ocurrió en la sentencia que ratificó la condena a (Lionel) Messi, en la que el Tribunal Supremo echó de menos que la Agencia Tributaria y la Fiscalía denunciaran a los asesores fiscales por cooperadores necesarios, y no únicamente al futbolista argentino”, destaca el presidente del colectivo.
Gestha recuerda que Cristiano Ronaldo se aprovechó del régimen de impatriados, derogado parcialmente a partir de 2010 y conocido popularmente como ley Beckham, que ha permitido dos privilegios al jugador.
Por una parte, optar, hasta 2014, por tributar por el Impuesto de la Renta de no residentes al 24 % en 2011 y al 24,75 % de 2012 a 2014, en vez de al tipo marginal del IRPF “como hubiera tenido que hacer cualquier otro residente español”.
Y por otro, tributar únicamente por los ingresos obtenidos o generados en España, y no por las rentas extranjeras, a diferencia de lo que tendría que haber hecho cualquier residente español, tributando en el IRPF por su renta mundial.
Por todo ello, los técnicos de Hacienda recomiendan al nuevo Gobierno modificar la ley general tributaria para ampliar el plazo de prescripción administrativa desde los actuales 4 años hasta los 10 años, para equipararla así a la prescripción de los delitos fiscales agravados, de forma que la Agencia tributaria pueda perseguir las evasiones más sofisticadas y complejas.