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“Lamentablemente ha transcurrido un año y no se ha investigado ni adecuada ni eficientemente. Prácticamente la investigación ha sido nula”, explicó a la AFP Jerjes Justiniano, abogado de Gustavo Vargas, exgerente de la compañía LaMia.
Fue el vuelo 2933 que salió desde Santa Cruz y se precipitó a poco de llegar al aeropuerto de Rionegro, que sirve a la ciudad colombiana de Medellín (noroeste). En el accidente murieron 71 personas, entre ellas gran parte del equipo brasileño Chapecoense, que viajaba a disputar la final de la Copa Sudamericana 2016 con el Atlético Nacional. Sólo seis personas sobrevivieron, entre ellas la sobrecargo Ximena Suárez y el mecánico Erwin Tumiri, quienes han tratado de retomar su vida cotidiana en Bolivia. Tras recuperarse de sus heridas, Ximena ha participado en un simposio en Brasil sobre prevención de accidentes aéreos.
Tras el siniestro, el gobierno y la fiscalía de Bolivia prometieron celeridad para aclarar cómo el avión, un AvroRJ británico, pudo despegar irregularmente. Aún no hay juicio. Un informe del ministro de Transporte y Obras Públicas, Milton Claros, al Parlamento en diciembre de 2016 indicó que el piloto del LaMia, Miguel Quiroga (muerto en el accidente), y la empresa eran los directos responsables.
El ministro precisó que la duración del vuelo era de 4 horas y 20 minutos y que la autonomía de la nave era exactamente para el mismo tiempo, por lo que debió haber realizado un reabastecimiento de combustible en un punto intermedio. También señaló a funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil y a los controladores y supervisores del aeropuerto de Viru-Viru en Santa Cruz.
El exgerente Vargas, enviado a prisión a inicios de este año, también fue sindicado como uno de los responsables del accidente. Marco Antonio Rocha, otro de los socios de la firma, está prófugo. Un informe de la firma financiera boliviana BISA precisó que LaMia no tenía cobertura de seguro, aunque estableció un fondo para asistir a las víctimas.
La fiscalía boliviana también encarceló a Miguel Teodovich, supervisor de Tránsito Aéreo, por supuestamente no objetar el irregular plan de vuelo del LaMia. Para despegar aquel 28 de noviembre de 2016, quien puso objeciones fue la técnica aeronáutica Célia Castedo, acusada por la fiscalía y refugiada en Brasil. “Me percaté del problema del combustible. Fui la primera en decir que eso estaba mal. El tiempo de vuelo era el mismo (que la capacidad de combustible)”, dijo al portal brasileño NSC, de la red Globo.
Castedo dijo tener documentos que prueban que LaMia hizo al menos ocho vuelos al límite del combustible, sin recibir sanción. Asegura que ella no tenía poder para detener el despegue. “Hay muchos aspectos que no están claros: ¿quién autorizó (el vuelo)? ¿dónde estaban los inspectores (de vuelo)? ¿por qué el piloto no hizo reabastecimiento, ¿quién era el responsable de supervisar la autonomía de vuelo? ¿dónde están las declaraciones de la controladora (del aeropuerto) de Colombia?”, comentó Mariano Medina, abogado del supervisor Teodovich, a la AFP. Sobre el rol de la Fiscalía, dijo que “la verdad es que tampoco tienen gente especializada para (investigar) este tipo de hechos”.