Los dirigentes fueron acusados de desviar recursos públicos de una licitación para adquirir el material deportivo usado en la preparación de los brasileños que disputaron las pruebas de natación en aguas abiertas, waterpolo y natación sincronizada en los Juegos Olímpicos de agosto pasado en Río de Janeiro.

El proceso fue solicitado por el Ministerio Público Federal (MPF) en el estado de Sao Paulo y tiene como principal acusado al presidente de la Confederación, Coaracy Nunes Filho, que dirige la entidad desde 1988.

Los fiscales también pidieron que los dirigentes sean separados de sus cargos mientras responden al juicio y que se les embarguen bienes por valor de 4,53 millones de reales (unos 1,37 millones de dólares) para garantizar el resarcimiento a las arcas públicas en caso de que sean condenados, según el comunicado divulgado por el Ministerio Público.

La Fiscalía igualmente solicitó a la Justicia que al final del proceso, en caso de sentencia condenatoria, los dirigentes, además de pagar las multas y resarcir los recursos desviados, pierdan sus derechos políticos y la habilitación para firmar contratos con el Estado.

De acuerdo con los investigadores, los dirigentes desviaron cerca de 1,5 millones de reales (unos 455.000 dólares), en valores actualizados, de una licitación abierta por la Confederación para la compra de material deportivo con recursos donados por el Gobierno de Brasil.

Además de Nunes Filho, la Fiscalía presentó cargos contra el director financiero de la Confederación, Sergio Riberio Lins de Alvarenga, y los coordinadores técnicos de natación, Ricardo Moura, y waterpolo, Ricargo Gomes Cabral, así como contra cinco empresas vinculadas a los dirigentes deportivos.

Según la Fiscalía, cerca del 79% de un contrato de 1,56 millones de reales (unos 472.730 dólares) firmado por el Ministerio Público con intermediación de la Confederación fue destinado a una empresa de tapadera, en cuya supuesta sede funciona una tienda de mascotas.

Los responsables por la investigación detectaron que la empresa vencedora presentó un precio en un 13% superior al del mercado por los productos vendidos y que no existe ninguna prueba de que la Confederación recibió el material.