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Petróleos Paraguayos (Petropar) está en vías de contratar por cien días a nueve expertos para que estudien el mercado del gas natural, a un precio referencial de 6.041 millones de guaraníes, casi diez veces mayor que el que habría costado la contratación –felizmente abortada en mayo– de un servicio de consultoría sobre el “plan estratégico institucional” y el “modelo de gestión del talento humano”, del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic). Con la habitual falta de transparencia del aparato estatal, la citada empresa pública, que hasta hoy solo comercializa gas licuado de petróleo, aún no ha fundado la necesidad de realizar un análisis de prefactibilidad acerca de “la demanda de gas natural en la República del Paraguay y la evaluación de alternativas de suministros”. La apertura de las ofertas presentadas está prevista para el próximo lunes, pero el presidente de Petropar, Denis Lichi, sigue guardando el más profundo silencio. Más allá de que se habría derrochado una suma multimillonaria si el estudio revelara que la demanda es pequeña o que las alternativas de suministros son inconvenientes, cabe cuestionar la urgencia de que un país con tanta energía hidroeléctrica se ocupe de transformar su “matriz energética”, recurriendo a un combustible fósil.
La licitación pública en marcha es solo una de las tantas que a lo largo de las décadas se han venido realizando para la contratación de servicios de consultoría. Por regla general, se trata de un negociado en el que intervienen no solo las autoridades convocantes y las firmas consultoras, sino también las empresas que luego construirán las obras o proveerán los bienes y servicios en cuestión: es presumible que los posteriores pliegos de bases y condiciones se ajustarán a los parámetros definidos por la consultoría “amiga” montada.
Los ministerios de Educación y Ciencias (MEC) y de Obras Públicas y Comunicaciones no son los únicos organismos que tienen una larga experiencia en la materia, aunque deba suponerse que cuentan con especialistas en sus respectivos elefantiásicos planteles. A tanto llega la trapacería en la materia que, a fines del año pasado, el Ministerio del Interior llegó al colmo de llamar a una licitación pública para contratar una “Consultoría de Firma para Elaboración de Anteproyecto y Diseño Ejecutivo para Refuncionalización de 4 (sí: cuatro) Comisarías de la Policía Nacional en Asunción y Dpto. Central” (!!!).
A propósito, mucho más impresionante resultó la convocada en 2018 por el MEC para un “Servicio de consultoría de apoyo especializado, logístico y de procesamiento para la aplicación de las evaluaciones de logros académicos de estudiantes del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo –SNEPE– y del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa-LLECE” (!!!). No hace falta insistir en la calamidad del sistema educativo ni en la permanente polución del lago Ypacaraí, también objeto de múltiples estudios periódicos, para bien de los consultores y de sus socios del sector público. Si los análisis no son una farsa, por lo que se ve, en la mayoría de los casos, sus conclusiones son ignoradas.
Aquí puede recordarse también que, en ocasión de estudiarse en 2017 un polémico préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la Policía Nacional, la senadora Desirée Masi (PDP) mencionó que de los 20 millones de dólares del crédito, 10 millones se emplearían en consultorías. Entre las justificaciones del proyecto gubernamental figuraban entonces que el préstamo permitiría a la Policía mejores resultados en la lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y el crimen organizado. Los lectores pueden juzgar tales resultados.
Es mucho el dinero que la alianza entre corruptos y charlatanes arranca al contribuyente, a menudo con la aparente complicidad de organismos internacionales, como el Banco Mundial y el citado BID, este último financista de la fallida consultoría del Mitic. Ocurre que hay toda una “mafia” de entidades y “expertos” nacionales y extranjeros dedicada a la compraventa de análisis que terminan acumulando polvo en los archivos, por la simple razón de que son inútiles o innecesarios o porque el órgano ejecutor descuella por su ineptitud. Se trata de un modo “elegante” de robar al país, bajo un supuesto manto técnico o científico, al que deben prestar suma atención la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y el Ministerio Público.
Esta tomadura de pelo resulta muy cara como para que los contribuyentes la sigan soportando impasibles. Si no fuera por eso, sería divertido leer las sugerencias de los consultores: el humor negro debe tener algún límite, así como la paciencia de los contribuyentes esquilmados. Es hora de que la economía y la eficiencia se impongan sobre el despilfarro y la avivada.