El 26 de abril de 1973, las dictaduras militares que detentaban los gobiernos de nuestro país y de la República Federativa del Brasil firmaron el Tratado de Itaipú, una vil moneda que, en una de sus caras, registraba la sumisión vergonzosa de los derechos de un Estado soberano y, en la otra, un indignante acto de explotación colonialista del subimperio brasileño en pleno siglo XX.
El aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos hidráulicos del río Paraná, que pertenecen en condominio a ambos países según el Derecho Internacional, tenía una finalidad, un propósito insoslayable consagrado inclusive en su Art. XIII: la división de la energía eléctrica por partes iguales entre los dos países propietarios.
Hoy, 43 años después, ya en los umbrales del vencimiento del plazo de medio siglo, que también establece este convenio (Anexo C. Numeral VI-Revisión), para revisar sus expoliantes disposiciones, denunciamos, una vez más, que en Itaipú los gobiernos de turno del Brasil, fuesen del signo que fueren, robaron y continúan robando al Paraguay.
Escamotearon al Estado paraguayo, porque en los últimos 30 años, según fuentes especializadas, de la colosal cifra de 2.167.763.000 MWh generados por la gran usina binacional, nuestros “socios condóminos, por partes iguales”, aprovecharon el 93%, es decir, 2.016.029.590 MWh, mientras que nuestro país el resto: 151.734.000 MWh.
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Es de resaltar que la ANDE, en su convenio con Electricidad Misiones SA (EMSA), de la provincia argentina de Misiones, acordó un tarifario que ronda los US$ 150 por MWh y que en las operaciones “solidarias”, por emergencia energética, entre Argentina, Brasil y Uruguay, los precios aceptados rondaron hasta 300 por MWh. Insistamos, nuestro país cobra hoy al Brasil, sobre el costo de producción de Itaipú –alrededor de US$ 44 por MWh–, menos de US$ 10. De esta manera vergonzosa, el mandato del Acta de Foz de 1966, rescatado en el tercer párrafo del Considerando del Tratado de Itaipú, el del justo precio, fue ignorado por los gobiernos brasileños y por sus cómplices paraguayos de turno.
Para que la cadena de dependencia estuviera completa, los negociadores paraguayos consintieron la inclusión en el contexto del Tratado (Art. XIV) de una prohibición que, a pesar de su sibilina formulación, impide solo a la República del Paraguay disponer libremente de su excedente energético en la central energética binacional.
La hegemonía administrativa brasileña en la Dirección Ejecutiva de la entidad binacional es absoluta, porque las direcciones de mayor relevancia de Itaipú, la Técnica y la Financiera, están en manos brasileñas desde 1974, año en que se instaló la entidad binacional, con la interesada complacencia de gobiernos y funcionarios paraguayos, designados con la sagrada misión de defender los intereses nacionales pero que la traicionaron.
El pueblo paraguayo, con mucho dolor e indignación, recuerda hoy el 43er. aniversario de la firma del Tratado, pero con una significativa diferencia: tiene los ojos firmemente puestos en el 13 de agosto de 2023, fecha en que el Tratado cumplirá 50 años de vigencia, un desmesurado plazo de medio siglo que nos impusieron nuestros “socios” y aceptaron los negociadores paraguayos para “revisar” las inequidades de un documento que enriqueció a Eletrobrás y a las empresas eléctricas brasileñas, y predeterminó la suerte de nuestro país porque, en vez de pagarle su valor real, le remesaron migajas con el pomposo marbete de “compensación”.