El 28 de agosto último, la Cámara de Operadores Móviles del Paraguay solicitó al Poder Ejecutivo que vete totalmente la ley que regula la activación del servicio de telefonía móvil, sancionada una semana antes. El proyecto de ley fue presentado por el diputado Walter Harms el 3 de noviembre de 2015, aprobado por la Cámara Baja el 17 de agosto de 2016, y por el Senado, con modificaciones, el 24 de noviembre de ese año, siendo tratado de nuevo el 3 de mayo de 2017 por la Cámara Baja y el 21 de agosto por el Senado. Como se ve, se trató de un largo trámite que tuvo suficiente estado público.
Durante los veintidós meses que transcurrieron entre la presentación del proyecto y la sanción de la ley, el citado gremio no se manifestó públicamente para exponer las graves deficiencias que ahora señala con tanta preocupación. No abrió la boca, como si hubiera ignorado el contenido de la iniciativa en cuestión, así como el tratamiento que tuvo en las comisiones asesoras y en las sesiones plenarias de ambas Cámaras. Ahora espera que el Presidente de la República acepte sus objeciones, largamente demoradas, como si le hubiera faltado tiempo para alertar a los millones de usuarios y convencer a los legisladores de las nocivas consecuencias que tendría una ley semejante. Si la ley sancionada beneficiara a unas operadoras móviles y perjudicara a otras, se habría entendido que las primeras no dijeran nada; lo notable es que, siendo nociva para todas, recién se manifiesten a esta altura de los acontecimientos. Entre ellas figura una firma que pertenece a la Copaco SA, empresa de propiedad estatal. Si guardaron un silencio táctico para no incordiar a los parlamentarios, confiando en que no habría mayoría para aprobar la iniciativa, se equivocaron rotundamente.
El veto es un recurso extremo al que no deberían apelar los sectores afectados por una normativa que crean insensata, sin antes haber tratado de persuadir en su momento al Congreso y a la opinión pública, en voz alta. Las organizaciones sociales hacen bien al movilizarse en defensa o en contra de una iniciativa legislativa, siempre que no abusen del derecho a manifestarse ni traten de coaccionar a los legisladores. La mayoría de los ciudadanos, sin embargo, no forma parte de ninguna de ellas, de modo que queda expuesta a que alguna ley relevante, que les afecte en algún sentido, entre en vigor sin antes haber sido sometida al debate público. No es el caso de las empresas de telefonía móvil, que tienen departamentos que deberían estar al tanto de asuntos importantes que les conciernen, como en este caso.
También la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay (Asucop) podría haber formulado sus observaciones, pero tampoco dijo nada, de modo que sus representados quedaron expuestos a las consecuencias de la decisión legislativa. El canal de la Cámara de Diputados transmite en directo sus sesiones plenarias, de modo que es cuestión de que las organizaciones ciudadanas y los propios particulares tomen nota de ellas, atendiendo el orden del día publicado en el sitio que ese organismo colegiado tiene en internet. En consecuencia, la sanción de una determinada ley no debería sorprender a nadie, y menos aun a empresas importantes, como las de telefonía móvil.
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Como una larga y penosa experiencia enseña que no se debe confiar a ciegas en el buen criterio de los parlamentarios, es preferible tratar de informarse acerca de lo que están estudiando para tratar de influir en ellos con argumentos valederos, antes que pegar el grito al cielo cuando la tortilla ya está cocinada. Por su parte, las comisiones asesoras de las Cámaras pueden convocar a audiencias públicas para escuchar las opiniones de la gente, pero no es aconsejable esperar que lo hagan siempre que haya un proyecto de ley significativo para la colectividad en general o para un grupo en particular. Es mejor que la ciudadanía opine desde el primer momento.
En el ámbito comunal también suelen ocurrir situaciones parecidas, en que la gente reacciona solo cuando la Municipalidad –Junta Municipal e Intendencia– ha aprobado cuestiones que le afectan directa y negativamente. Pese a que la participación ciudadana está expresamente regulada en la Ley Orgánica Municipal, los afectados reaccionan sobre una situación de hecho, ya consumada, al igual que los operadores de telefonía móvil en este momento.
Esta experiencia debe enseñar a los gremios y a los ciudadanos y ciudadanas en general que, si existen razones valederas, es mucho mejor intentar convencer primero a los legisladores y a los concejales, antes que instar al presidente de la República o al intendente a que opongan el veto. Una normativa, por regla general, no se aprueba entre gallos y medianoche, sino que está precedida por unos debates de los cuales es posible enterarse. La Cámara de Operadores Móviles del Paraguay no hizo públicas sus objeciones durante casi dos años. Olvidó que la protesta ciudadana había impedido, por ejemplo, que el año pasado el Senado rechazara el proyecto de ley que otorgaba un “triple aguinaldo” a los funcionarios, luego de que fuera aprobado por unanimidad en la Cámara Baja. Conviene recordar, pues, que cuando la gente se mueve a tiempo es posible frustrar un disparate legislativo –como el que ahora están objetando– sin necesidad de recurrir al Palacio de López. Es lo mejor, en vez de llorar sobre la leche derramada.