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Tras los escandalosos fallos de la Justicia Electoral, ahora le toca a la máxima autoridad del Poder Judicial optar entre defender la Constitución o someterse al capricho de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos. La Primera Sala del Tribunal Electoral de la Capital y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) prefirieron ignorar que el art. 189 de la Ley Suprema dice que “los expresidentes de la República SERÁN senadores vitalicios” y que, por lo tanto, era innecesario que figuraran entre los inhabilitados por el art. 197 para ser candidatos a senadores, según lo afirmaron claramente –y figura en las actas– los convencionales constituyentes durante la discusión sobre dicho artículo.
En otras palabras, con tal de satisfacer una ambición espuria, los inmorales magistrados María Dálida Leiva, Hermes Medina y José María Salinas, en primera instancia, y Jaime Bestard y Alberto Ramírez Zambonini, en segunda, violaron abiertamente el Derecho para favorecer a una de las partes, cometiendo así el delito de prevaricato, sancionado por el Código Penal con dos a cinco años de cárcel y con hasta diez años en los casos especialmente graves.
Es de señalar que la miembro del TSJE María Elena Wapenka tuvo el buen sentido y la decencia de disentir de sus colegas, admitiendo los recursos de apelación contra la indignante sentencia del tribunal inferior. Sostuvo que hay más causales de inelegibilidad que las previstas en el manoseado art. 197, como surge de que el presidente de la República no figure entre los inhabilitados por el art. 235 para ser candidato al cargo que ocupa. En consecuencia, opinó que no hacía falta que figurara, porque el 229 ya prohíbe su reelección, así como tampoco era preciso que apareciera entre quienes no pueden ser candidatos a senador, pues la misma Constitución dispone que sea uno de carácter vitalicio. La magistrada apuntó también que la postulación del jefe del Poder Ejecutivo para un cargo electivo implicaría “una competencia absolutamente desigual y desleal”, dadas sus facultades constitucionales, y que el art. 237 de la Carta Magna le obliga a dedicarse en forma exclusiva a sus funciones. Agregó que la elección de Horacio Cartes y de Nicanor Duarte Frutos podría conducir a que llegaran a presidir el Senado, ubicándose así en la línea de sucesión al cargo de presidente de la República, con lo que eventualmente se violaría la prohibición absoluta de la reelección. Terminó señalando que el hecho de que el hoy senador vitalicio Nicanor Duarte Frutos haya ejercido un cargo diplomático no justifica su candidatura a senador, pues no se trató de uno electivo y, por tanto, no estaba impedido de ocuparlo.
Como estos atinados argumentos de la magistrada electoral no hicieron mella en sus colegas Jaime Bestard y Alberto Ramírez Zambonini, tan sumisos al poder político, solo resta exigir que la Corte Suprema de Justicia cumpla y haga cumplir la Constitución, haciendo lugar a las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra el fallo del TSJE para impedir que el actual presidente de la República y su antecesor se salgan con la suya.
Los antecedentes, sin embargo, no son alentadores. Es sabido que el Poder Judicial no se distingue por su independencia y que quienes lo encabezan tienen una larga tradición de sometimiento incondicional a los mandones de turno. Ya en abril de 2008, los pusilánimes ministros Víctor Núñez, Antonio Fretes, Alicia Pucheta, Raúl Torres Kirmser y la camarista Clara Estigarribia rechazaron, por meros defectos formales y sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, una acción de inconstitucionalidad promovida contra la candidatura a senador del entonces jefe de Estado, Nicanor Duarte Frutos. En noviembre del mismo año, la máxima autoridad judicial lo ratificó en la presidencia de la ANR, cargo que había asumido en marzo de 2006, por tres horas, siendo presidente de la República, en contra del art. 237 de la Constitución, que le impedía ejercer otro cargo público o privado mientras estaba en funciones. No debería sorprender, pues, que la Corte Suprema de Justicia vuelva a arrodillarse ante el poder político al que sus integrantes títeres se deben de hecho.
Los ilegítimos candidatos quieren demostrar a la ciudadanía que ellos están por encima de la Ley Suprema. Uno de ellos llegó a asumir la presidencia de su partido, pero fracasó en su intento de incorporarse al Senado, gracias a la negativa de sus legítimos integrantes; el otro, bien pudo haber conseguido que el Poder Judicial avalara la enmienda inconstitucional para mantenerse en el cargo si es que no se hubiera visto obligado a desistir debido a la firme resistencia ciudadana.
Para que la Constitución prevalezca sobre la prepotencia, es imperioso que los ciudadanos y las ciudadanas se pongan una vez más de pie, demostrando su apego a la legalidad y exhibiendo el coraje que no han tenido ni tienen los magistrados marionetas de la Justicia Electoral. Que los ministros de la Corte Suprema que ahora van a entender en este flagrante intento de pisotear la Carta Magna sepan que a ellos también les caerá encima la Justicia si se atreven a prevaricar.