En una carta dirigida a nuestro diario, cinco dirigentes sindicales de la ANDE, representando a otras tantas organizaciones gremiales, sostuvieron que la Compañía Luz y Fuerza Sociedad Anónima (Clyfsa) explota en Villarrica una concesión ilegal, pues ella habría sido otorgada por una Municipalidad, es decir, por “un ente no competente, en clara inconstitucionalidad”.
Se podría abundar en consideraciones jurídicas en torno al art. 15, inc. f, de la Ley N° 3966/10, que concede a las municipalidades la potestad de otorgar concesiones, si no fuera porque el verdadero interés de los cuestionadores no radica en la observancia de la Constitución y de las leyes, sino en la ampliación del inconstitucional monopolio que en casi todo el territorio nacional ejerce esa empresa pública corrupta e ineficiente.
En verdad, no debería llamar la atención que tal sea su pretensión, pues ellos se consideran los dueños de la ANDE. En cierta medida tienen razón, dado que su actividad gremial les otorga una serie de privilegios, lo que por cierto explica que haya tantos sindicatos. Por lo demás, no les resulta difícil arrancar ventajas, cada vez que se les ocurre, al Consejo de Administración del ente, como el de que los funcionarios paguen solo la mitad del costo de la energía eléctrica que consumen. Así los dirigentes sindicales ganan popularidad entre sus compañeros y hasta se arrogan el derecho de movilizar recursos de la empresa pública para protestar y frustrar la sanción de algún proyecto de ley, como el que pretendía flexibilizar el mercado y crear un organismo regulador del sector eléctrico. En cambio, pretendieron la aprobación del insensato proyecto de ley que, so pretexto de “fortalecer” dicho sector, en verdad liberaba a la ANDE del cumplimiento nada menos que de la Ley de Contrataciones Públicas y el de la Función Pública.
En el primer caso, los sindicalistas apelaron a la mentira de que se buscaba privatizar la empresa que, según ellos, pertenecería a “todos los paraguayos”, algo que también invocaron cuando atribuyeron los incendios en las subestaciones –ocurridos por falta de mantenimiento adecuado por parte de ellos– a una supuesta conspiración tendiente a forzar la privatización. En el segundo, el objetivo real –no puede ser otra cosa– es que exista más discrecionalidad en la compra de bienes y servicios y obtener luz verde para la incorporación sin control de más funcionarios y contratados, con lo que la ANDE acentuaría su carácter de feudo controlado por burócratas y sindicalistas, a quienes el interés de los ciudadanos y ciudadanas les tiene sin cuidado.
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La campaña contra Clyfsa, que se renueva periódicamente, se inscribe en esta decidida política de preservar y ampliar el imperio de una empresa pública que presta un pésimo servicio a los usuarios y es una continua fuente de enriquecimiento ilícito para quienes la desmanejan. A la ANDE le molesta que exista una compañía concesionaria que presta un excelente servicio al mismo precio que se paga en el resto del país, resultado lógico de que está gestionada con la eficiencia y la honradez de las que carece el gigante estatal.
En vez de pretender expandir su radio de acción hasta un lugar en el que los usuarios no se quejan del servicio prestado por la compañía concesionaria, lo que la ANDE debería hacer es mejorar sustancialmente el servicio que presta en el resto del país y ampliar sus redes cuidando, entre otras cosas, que las torres de transmisión no se derrumben con cualquier tormenta, como ocurrió hace algunos meses en el departamento de Ñeembucú, porque las especificaciones técnicas de construcción fueron erróneas o simplemente ignoradas. Para ello tendría que reducir sus costos operativos, que le generan cuantiosas pérdidas, desprendiéndose del personal superfluo, invirtiendo en cambio en el mantenimiento de los equipos para aminorar las pérdidas en la distribución de energía eléctrica y, sobre todo, impidiendo que se la robe a diestra y siniestra.
Quienes explotan la empresa estatal se oponen a la inversión de capital privado en el sector eléctrico porque saben que no están en condiciones de competir con una empresa concesionaria, tal como lo está demostrando el –para ellos– irritante caso de Clyfsa. La ANDE actúa como el perro del hortelano, que no come ni deja comer: no presta un buen servicio, pero no quiere que otros lo presten. Por eso, sus burócratas y sindicalistas quieren asustar a la ciudadanía con el espantajo de la privatización, que sale a relucir cada vez que ocurre un incidente en sus instalaciones o se intenta dar la oportunidad a otros actores en el sector eléctrico.
Privatizado o no, lo que los usuarios desean es contar con un buen servicio de electricidad, que la ANDE, con su ejército de funcionarios ociosos y bien pagados, evidentemente no lo va a ofrecer mientras la institución esté manejada por funcionarios politizados y sindicalistas vividores.