Es una verdad de Perogrullo que la sistemática ocupación militar del Chaco paraguayo por parte de Bolivia ocurrida a comienzos del siglo pasado y que, finalmente, desembocó en la cruenta guerra que duró tres años se debió más a la falta de patriotismo de los gobernantes paraguayos que se turnaron en el poder desde el inicio de la invasión hasta 28 años después, cuando por fin, en junio de 1932, el presidente Eusebio Ayala se decidió a tomar la decisión política de autorizar al entonces teniente coronel José Félix Estigarribia a reconquistar la estratégica Laguna Pitiantuta, situada en el corazón de nuestro Chaco, ocupada por el Ejército boliviano poco antes, hecho que marcó el inicio de la guerra y llevó a la recuperación de nuestra soberanía sobre el inmenso territorio sin el cual el Paraguay hubiese quedado reducido apenas a su Región Oriental.
Si traemos a colación este retazo de nuestra historia, no es para rumiar frustración por la falta de patriotismo de nuestros gobernantes del pasado, sino para llamar la atención de la ciudadanía por igual desinterés demostrado en la actualidad por nuestros gobernantes en cuanto a la defensa de nuestra soberanía miserablemente conculcada en las usinas hidroeléctricas binacionales por parte de nuestros socios, Argentina y Brasil.
Se trata de una peligrosa abdicación de responsabilidad de nuestras autoridades que, de no ponerle freno la ciudadanía, bien podría convertir a nuestro país en el “prisionero geopolítico” con que siempre soñaron quienes lo arrasaron hace casi siglo y medio en la inicua Guerra de la Triple Alianza.
En retrospectiva, queda claro que, de no haber sido por el patriotismo de la “generación del Chaco”, Bolivia nos hubiera arrebatado más de la mitad de nuestro territorio. Del mismo modo, las generaciones de paraguayos y paraguayas del presente deben tener la certeza de que, si el pueblo no se alza contra la despreocupación de nuestros gobernantes en recuperar nuestra soberanía en las usinas binacionales, todo podría perderse definitivamente. La antipatriótica renuencia demostrada por quienes han sucedido al dictador Alfredo Stroessner, quien entregó en bandeja a Brasil y Argentina nuestro más valioso recurso natural –la mitad del caudal del río Paraná–, solo puede ser removida mediante una reacción popular semejante a aquella de octubre de 1931 que forzó al Gobierno de entonces a defender el Chaco invadido por Bolivia.
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Decimos esto porque los hechos demuestran que, sin presión popular sobre nuestros gobernantes de ocasión, estos no renunciarán voluntariamente a la codicia que les alienta para seguir tolerando los abusos económicos perpetrados impunemente por nuestros taimados socios en las usinas binacionales. Por el contrario, corremos el riesgo de que, al influjo de sus tentaciones crematísticas, no tengan empacho en profundizar aún más la entrega de nuestros intereses en las mismas, como lo hizo el presidente Juan Carlos Wasmosy en Itaipú en 1997, y ahora pretende hacerlo Horacio Cartes en Yacyretá.
El enorme daño económico que causa al Paraguay la abdicación de soberanía en las usinas binacionales por culpa de la política entreguista de sus gobernantes de turno no se circunscribe a lo económico. Toca también de cerca a la dignidad de la Nación. Basta un botón de muestra para poner de resalto la ofensa al sentimiento nacionalista del pueblo paraguayo. Mientras Brasil y Argentina nos confiscan a miserable precio nuestro excedente de electricidad (US$ 10/MWh), hasta ahora ambos socios se confabulan para impedir a nuestro país venderlo al mejor precio ya sea a ellos mismos o a terceros países interesados en nuestra electricidad, como Chile y Uruguay.
A propósito, recientemente el diario uruguayo El Observador dio cuenta de que ese país exporta electricidad al mercado brasileño a una tarifa que oscila entre US$ 112/MWh y US$ 136/MWh. De hecho, las tarifas de la electricidad de Itaipú y Yacyretá que alternativamente comercian entre sí Brasil y Argentina, y que obviamente incluye más de la mitad de la electricidad que pertenece a nuestro país en ambas usinas, se sitúan alrededor de esas cifras. Con esto se evidencia la miserable explotación comercial de que nuestro país es víctima en las usinas binacionales por parte de ambos socios. Todo, gracias a la tácita complicidad del Gobierno paraguayo, que hasta ahora no se ha inmutado siquiera a reclamar el derecho de nuestro país de disponer libremente de su electricidad para vendérsela al mejor postor, como lo hacen sus dos socios sin ningún disimulo.
A nadie escapa que ese pecado original de codicia localizado en un rincón del cerebro de cada ciudadano que accede al poder en nuestro país no se lavará motu proprio. Solo la presión de la opinión pública podrá lograrlo. Y la oportunidad para ejercerla con más efectividad se dará en ocasión de las elecciones generales del año entrante. La ciudadanía tiene que votarle preferentemente al candidato presidencial –del partido que fuere– que se comprometa formalmente a terminar con la ignominiosa entrega de nuestra electricidad en ambas usinas binacionales.
Los gobernantes paraguayos tienen condiciones muy favorables para la mejor negociación a favor de nuestro país, considerando su condición de socio indispensable. Obviamente, esa decisión implicará la renuncia a los apetitosos sobornos encubiertos bajo la modalidad de “gastos socioambientales”, con los que tanto Brasil como Argentina financian la complicidad de nuestros gobernantes a fin de seguir apropiándose indebidamente del hasta ahora único filón de riqueza substancial con que cuenta nuestro país.
Aprovechemos la magnífica ocasión que tenemos por delante para, con nuestros votos, poner fin a la larga ignominia que venimos sobrellevando desde hace casi medio siglo en las usinas hidroeléctricas binacionales, votando a candidatos que nos den esperanza de mayor honestidad y patriotismo en la defensa de los intereses nacionales frente a la angurria de nuestros vecinos.