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En la mañana del 12 de febrero, el incendio de una subestación de la ANDE ubicada en Lambaré dejó sin energía eléctrica a un importante centro de distribución de la Essap. En consecuencia, miles de habitantes de la Gran Asunción quedaron sin agua durante más de tres días, siendo apenas proveídos por camiones cisterna de la empresa. El mismo día de la interrupción del servicio, Gustavo Samaniego, miembro del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá y hermano de la senadora Lilian Samaniego, presidenta del Partido Colorado, y también del exintendente de Asunción Arnaldo Samaniego, pidió a la Essap “3 cargas” de agua. El 13 de febrero, el agua fue transportada en camiones cisterna desde Asunción hasta San Bernardino para que la piscina de la casa quinta del solicitante fuera recargada. Mientras este aberrante abuso con la cosa pública ocurría, vecinos de Asunción, Lambaré, Fernando de la Mora y San Lorenzo seguían sufriendo en sus hogares la falta de ese líquido vital.
“Se tuvo que hacer el trabajo porque ya se había asumido un compromiso”, dijo la empleada Andrea Legal para intentar justificar el irritante privilegio otorgado al influyente miembro del “clan Samaniego”. Mintió, porque no hubo ningún compromiso antes de que se paralizara la provisión de agua, pues Samaniego presentó su solicitud recién ese día, sin que, por lo demás, anticipara ningún pago. Aunque lo hubiera hecho, la Essap –que al parecer ofrece provisión privada pagada– podría haber cancelado el servicio por la emergencia ocurrida, que la obligaba a atender el interés general. Lo que hizo fue satisfacer el interés particular de alguien vinculado al poder político, que necesitaba agua para nadar en su piscina, mientras miles de usuarios no la tenían para beber, bañarse, cocinar o lavar ropa. La enorme mayoría de ellos no disponía, seguramente, de los 900.000 guaraníes que el afortunado Samaniego desembolsó para tener la posibilidad de refrescarse en San Bernardino. Los camiones cisterna que se trasladaron hasta allí bien podrían haber recorrido con su cargamento las calles del área metropolitana de Asunción afectadas por el accidente, en vez de hacer un viaje de más de cien kilómetros –entre ida y vuelta– para cumplir con el nada acuciante pedido de un personaje influyente.
Queda demostrado, una vez más, que no somos un país de ciudadanos “libres e iguales, en dignidad y derechos”, como quiere la Constitución, pues algunos gozan de extraordinarias ventajas que los ponen muy por encima de sus demás compatriotas. No somos todos iguales ante la ley, ni mucho menos ante las empresas públicas como la Essap.
Cabe preguntar qué opina el Presidente de la República de la conducta de Samaniego y de la del presidente de la aguatera, Osmar Sarubbi, que desvió recursos que debieron haber sido destinados a la población damnificada. ¿Se siente bien acompañado por ellos en el “nuevo rumbo”? Según puede leerse en las redes sociales, para la indignada opinión pública son la cabal demostración de que hay paraguayos de primera y de segunda, de que seguimos en lo mismo de siempre. Los ciudadanos y las ciudadanas deben ir formando su archivo con estas barbaridades para recordarlas cuando depositen su voto en las próximas elecciones.