La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) no solo sigue con su primera exigencia de condonación de las deudas de los pequeños agricultores, rechazando así la reestructuración planteada por el Gobierno, sino que ahora agrega una nueva reclamando que el Senado apruebe un proyecto de ley, presentado por la bancada del Frente Guasu, que impone un gravamen del 15% a la exportación de soja, maíz y trigo en estado natural. La satisfacción de esta nueva demanda nada tiene que ver con la inicial y escapa a las atribuciones del Poder Ejecutivo, con cuyas autoridades estaban conversando los dirigentes “campesinos”. El planteamiento implica, además, someter a los legisladores a un chantaje, ya que es presumible que las protestas continúen si no se aprueba la mencionada iniciativa.
Hay que entender, entonces, que se debe hacer lo que a los cabecillas de la movilización se les ocurra en un momento dado. Está quedando en evidencia que la condonación de las deudas es solo parte de un paquete mayor, que se podría ir ampliando con el correr de los días, mediante exigencias ajenas a las necesidades de aquellos a quienes se dice representar. Por supuesto que no se consultó con las “bases” acerca de la conveniencia del proyecto de ley, sino que se sacó de la manga un reclamo adicional para apoyar la postura del Frente Guasu cuyo actual presidente, Luis Aguayo, es también secretario general de la MCNOC. El mismo dirigente político, disfrazado de campesino, pretende también arrastrar a la Corte Suprema de Justicia a una “mesa de diálogo”, en la que las cúpulas de los tres Poderes del Estado negociarían con él y con sus allegados sobre las reivindicaciones que tengan en mente. Cabe preguntarse qué tendría que hacer allí la máxima instancia judicial. ¿Acaso prometer el rechazo de demandas por cobro de guaraníes o de acciones de inconstitucionalidad iniciadas contra una ley o un decreto arrancados a los Poderes políticos mediante la coacción? Los magistrados no dialogan ni preopinan, sino que se limitan a aplicar la ley sancionada por los parlamentarios y promulgada por el presidente de la República.
Es repudiable invocar las penurias de los labriegos para promover el interés político del Frente Guasu y poner en aprietos al Gobierno y al Congreso.
La intransigencia demostrada por los organizadores de la protesta y la absurda ampliación del reclamo autorizan a sospechar que el problema de las deudas ha sido solo un pretexto. Nada indica que la MCNOC aceptaría la oferta del Gobierno si los senadores dieran media sanción al proyecto de ley presentado por los compañeros de Luis Aguayo. Una cosa es la condonación o no de las deudas y otra el gravamen a la exportación de granos. Lo resuelto con respecto al proyecto de ley no afectará a los deudores de las entidades públicas, de modo que ellos pueden estar tranquilos. Pero a la ciudadanía sí le debe preocupar que se acepte cualquier condicionamiento impuesto por una “mesa coordinadora”, al solo efecto de que terminen las protestas.
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Ceder a un chantaje constituye un nefasto precedente que podría dar lugar, en el futuro, a cualquier otra campaña que apunte a forzar la sanción de leyes a gusto y paladar de sus organizadores.