La decisión asumida por el presidente Horacio Cartes de no autorizar el incremento de las tarifas de los servicios de energía eléctrica y agua constituye una medida prudente, que debía tomarse así no porque los aumentos son antipopulares sino porque serían profundamente injustos.
El Presidente de la República habló de que, antes de pedir incrementos tarifarios (que siempre fue la salida más cómoda para los administradores incompetentes o corruptos), se debían eliminar los planilleros que plagan estas entidades, a fin de reducir sus costos operativos. Esto tiene antecedentes porque, de acuerdo a lo recientemente declarado por el titular de la Secretaría de la Función Pública, Humberto Peralta, un veinte por ciento de todas las personas que reciben salarios del Estado –unas 60.000 de alrededor de 300.000 que pululan en las planillas– estarían de más, al no tener funciones reales que cumplir. Esto representa una importante cantidad de dinero que aconseja tomar muy en serio esas medidas correctivas.
Los administradores de turno de la ANDE pretendían aplicar lo que denominan “rebalanceo tarifario”, un eufemismo seudotécnico destinado a disfrazar lo que simplemente es un incremento tarifario aplicado selectivamente; vale decir, aumentarles el precio a algunos pero a otros no. ¿Subir la tarifa a quiénes? Pues a los que ya están pagando puntualmente, al usuario trabajador y cumplidor.
Entretanto, la tarifa se mantendría en las zonas de bajo consumo, o donde no se paga y, por supuesto, para los funcionarios de ANDE, sus parientes, protegidos (hasta a sus parejas), un grupo de privilegiados con una medida inconstitucional, discriminatoria y descaradamente injusta por donde se la mire, que les cuesta a los que pagan regularmente más de un millón de dólares al año.
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Porque no hay que engañarse con esto; ANDE les regala electricidad a sus empleados, parientes, protegidos y demás arrimados, pero no pierde dinero, porque prorratea la diferencia entre los demás sacrificados usuarios. Esto sin olvidar que, desde el año 2002, para sus servicios cotiza cada dólar en 7.300 guaraníes, cuando que recién en los últimos meses esta divisa llegó hasta casi seis mil. Se trata de un robo directo.
Sabiendo esto, es natural que la gente se pregunte: “si ANDE nos engaña con la cotización, si regala energía a quien le place, en especial a sus funcionarios que pagan apenas la mitad del precio, ¿por qué yo tengo que pagar todo, lo mío y también lo de ellos, y, además, puntualmente, o me cortan?
A su vez, la Essap pretendía elevar la tarifa de su producto entre un 5% y un 10% para los que consumen más de quince metros cúbicos mensualmente; y de 25% a 80% para el agua de consumo industrial. Las cifras, que en este caso no entraron en los cálculos de ANDE ni de ESSAP, son la cantidad de energía eléctrica y de agua que regalan por motivos sociales, las que les roban con conexiones clandestinas, casi siempre hechas por sus mismos técnicos, y las que perdonan a los morosos consuetudinarios, casi siempre entidades públicas.
En efecto, el presidente Cartes no se refirió al rubro “robos” y “obsequios”, que, en algún momento, se estimó en alrededor del 30% de toda la distribución de energía eléctrica y de agua. Si es cierto que estas entidades están perdiendo alrededor de un tercio del costo de sus servicios por politiquería, por incompetencia administrativa, por venalidad o por lo que sea, ¡qué cínicos tienen que ser sus directivos para pretender hacerles pagar más caro a los usuarios regulares, a las personas que pagan puntualmente, que no reciben regalos, que no hurtan ni dilapidan!
Asimismo, no se puede eludir en este comentario a PETROPAR, otro enorme foco de infección moral en el que los administradores y los encargados de vigilarlos se hacen millonarios en pocos meses. Sin ir más lejos, y para que valga de puro ejemplo, su descarado presidente, Rómulo Campos Krauer, al fin del año pasado se autoasignó nada menos que 108.041.997 guaraníes en concepto de premio o remuneración “extraordinaria”. Para no “comer solo” (algo muy mal visto en ambientes de la mafia), otorgó a su gerente general, Catherine Vargas, otros 77.516.397. Los funcionarios recibieron su “gratificación extraordinaria” equivalente al 40% o el 50% de sus salarios.
Si tenemos que alimentar a parásitos tan voraces, ¿cómo se puede pretender que la ciudadanía se beneficie con la baja del precio del petróleo que en todas partes redujo la cotización de los combustibles y de los pasajes en transportes públicos?
Al rechazar la inmoral pretensión de los directivos de las empresas públicas de continuar golpeando al pueblo mientras despilfarran sus recursos por diferentes agujeros, con buen criterio el Presidente les exigió que prescindan de sus planilleros, que eliminen los beneficios discriminatorios en que incurren, y que sinceren sus costos.
Es de esperar que el presidente Cartes se mantenga firme en su decisión, y obligue a que los entes públicos en general –en especial los citados– cumplan con las condiciones que se les exigen en esta ocasión, para que esto no quede en simple anuncio publicitario que se olvida al poco tiempo, sino que constituya el inicio del combate a la espantosa putrefacción que inficiona la administración del Estado.