“No queremos que se nos regale nada; queremos pagar impuestos”, expresó el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Ciudad del Este (Fedecámaras), Juan Santamaría, dirigiéndose a los senadores de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, tras criticar duramente a los funcionarios aduaneros corruptos que toleran el contrabando masivo. Este delito tan extendido, lo mismo que el de la evasión impositiva, priva de recursos al erario y perjudica a los empresarios honestos, hasta el punto de que puede inducirlos a cometer el mismo hecho punible para no sucumbir ante la competencia desleal. Es decir, los contribuyentes honestos están dispuestos a seguir cumpliendo con su deber, pero en contrapartida exigen que los delincuentes de guante blanco sean perseguidos con todo el rigor de la ley.
Si el Estado quiere aumentar sus ingresos, antes debe depurar sus filas. Es inmoral que trate de elevar sus recaudaciones aumentando la carga tributaria que soportan las personas honestas, mientras permite que sus propios agentes se confabulen con los facinerosos para defraudarlo cotidianamente esquilmando el Tesoro, sin consecuencias para los ladrones públicos. La cuestión sube de punto cuando se pretende afectar aún más a los contribuyentes de siempre para abonar los sueldos y las remuneraciones adicionales de decenas de miles de sanguijuelas de la administración estatal.
En estas condiciones, ¿qué autoridad moral tendrían, por ejemplo, los parlamentarios para aumentar la presión fiscal si en el Palacio Legislativo “trabajan” más de 3.000 funcionarios y contratados, incluidos muchos parientes cercanos que fungen de “asesores”? Es irritante saber que, el año pasado, el 73% de la recaudación impositiva se haya destinado solo al pago de salarios, sin incluir otros gastos de los “servicios de personal”. De hecho, quienes pagan impuestos saben que no lo hacen tanto para que se construyan y equipen rutas, hospitales o centros educativos, sino para que sea atendida la clientela política parásita dispersa en múltiples organismos.
Es cierto que la carga tributaria del 13% es relativamente baja, pero la contraprestación estatal es despreciable, y no solo porque abunda el personal superfluo, sino también porque la corrupción rampante hace que las contrataciones públicas de bienes, obras y servicios tengan grandes sobrecostos. Porque si la plata no alcanza, es también porque una buena parte de lo poco que sobra para las inversiones va a parar en las faltriqueras de los jerarcas y de los funcionarios de las entidades contratantes.
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No se puede soslayar también que nuestra cultura tributaria es muy pobre, en el sentido de que los compradores no suelen exigir la expedición de facturas, lo que constituye un factor más para que el grado de informalidad de la economía equivalga nada menos que a la mitad del producto interno bruto, es decir, a unos 12.000 millones de dólares.
El Impuesto a la Renta Personal (IRP) y el IVA han servido, por su parte, para ir reduciendo esa informalidad mediante las deducciones que permiten en la medida en que los contribuyentes reclaman los comprobantes de pago. Pero sería inadmisible disminuir esas deducciones solo con el fin de recaudar más para seguir manteniendo un aparato estatal sobredimensionado y corrupto, que no está en condiciones de devolver el dinero que recibe mediante prestaciones adecuadas.
En efecto, cómo la gente no se va a resistir a pagar más impuestos viendo que todos los días salen a luz la escandalosa clientela de los políticos y las mil y una formas de esquilmar las arcas públicas, sin que la Justicia actúe, permitiendo así que los ladrones continúen impunemente en sus cargos.
Está visto que los contribuyentes no pueden confiar en que la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y ni qué decir los legisladores velen por el buen uso de su dinero, de modo que deberían tomar la iniciativa de denunciar cuando constaten derroches, malversaciones, clientelismo, contrabandos o evasiones impositivas.
El mejor estímulo que puede tener el contribuyente para privarse de una parte de sus ingresos es recibir la debida contraprestación de las entidades públicas. Así que, en vez de lanzarse a elucubrar mecanismos más o menos disfrazados para exprimir aún más a los de siempre, lo que los Gobiernos nacional, departamental y municipal deben hacer es, primero, depurarse de los parásitos y dotarse del plantel estrictamente necesario de funcionarios probos e idóneos que recauden y gasten como corresponde.
Por de pronto, es plausible que la administración tributaria haya anunciado que postergará todo cambio relativo al IRP y, sobre todo, que el Presidente de la República haya escrito en una red social que “IRP NO MÁS IMPUESTOS” y que “la prioridad es reducir evasión y fortalecer la economía para todos los paraguayos”.