El presidente Horacio Cartes dijo días atrás que deshonraría el compromiso que asumió si gastara su tiempo hablando de lo que la Constitución no le permite ni a él ni a nadie, es decir, la reelección presidencial que los adulones de turno propugnan desde los tiempos de Juan Carlos Wasmosy. Frente a tan enfáticas palabras puede entenderse que el actual Primer Mandatario no consentirá que se promueva la enmienda o la reforma constitucional para que él tenga la posibilidad de seguir en el Palacio de López, tal como ya lo había expresado el 22 de enero de 2014.
Ojalá que el presidente Cartes sea fiel a sus dichos, y que, en consecuencia, no imite al actual senador Fernando Lugo, quien, en los comienzos de su gestión, era también contrario a la reelección e, incluso, no descartó que terminado su periodo presidencial podría volver a vestir la sotana. Pero después, como otros antecesores suyos, se largó con la cantinela de que “el pueblo pide”, del “reclamo popular” para que permanezca en el Palacio de López, supuestamente para continuar con sus proyectos en beneficio de la Patria que necesita de sus servicios.
El art. 229 de la Constitución no deja dudas al disponer que el presidente y el vicepresidente de la República no podrán ser reelectos “en ningún caso”, es decir, ni siquiera en forma mediata, algo admitido expresamente por la Constitución de 1870 después de dos periodos.
Los archivos periodísticos son muy útiles para revelar las incongruencias de los políticos oportunistas, de los muchos que hemos tenido en el pasado y continuamos teniendo.
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Cuando Nicanor Duarte Frutos impulsó su reelección en 2006, el entonces monseñor Lugo calificó esa pretensión de absurda, en un acto que constituyó precisamente su lanzamiento a la arena política. Hoy los une la nostalgia del mando que tan mal emplearon, pese a que pueden continuar “sirviendo” a la República como senador vitalicio el uno y como senador electo el otro.
La importancia de lo declarado por el Presidente de la República deriva de los penosos antecedentes en la manida cuestión, cuyo tratamiento conlleva, en efecto, una irrecuperable pérdida de tiempo. Él hará bien en “dedicarse en exclusividad a sus funciones”, tal como lo quiere el art. 237 de la Constitución, y en desoír las voces de quienes, pese a todo, seguirán instándole a cometer un desatino, acaso invocando un supuesto clamor ciudadano. Hay muchísimo que hacer no solo desde el Poder Ejecutivo para sacar adelante el país. Los organismos del Estado deben concentrar sus energías en la lucha contra la pobreza, la corrupción y la inseguridad, en la ampliación de la infraestructura vial y en la mejora de la educación y de la salud públicas, entre tantas otras cosas que el Paraguay necesita con urgencia.
Resulta simplemente perjudicial distraerse en debates, tan reiterados como inútiles, sobre la reelección presidencial. Ellos no son más que un reflejo cabal de la chatura de la politiquería criolla, que no se ocupa de las políticas públicas, sino del poder como el camino más corto para el enriquecimiento ilícito.
Da la impresión de que en el ámbito político hay quienes solo se ocupan de camandulear de cara a las próximas elecciones generales. La opinión pública debe estar atenta, pues lo que les mueve no es lo que a la sociedad le convenga, sino la posición que ellos ocupen en el próximo escenario.
Nuestro diario se ha venido oponiendo a que la Constitución sea reformada o enmendada para que el presidente de la República, quienquiera sea él, sea reelecto, porque consideramos que, en las condiciones actuales, tal cosa no es lo que más conviene a nuestro país. En el Paraguay de hoy, aún carente de una larga tradición democrática, sería muy peligroso abrir las puertas a una reelección que podría llevar a otras, y a otras, y a otras, mediante nuevas modificaciones, manipulaciones, o “interpretaciones” de la Constitución, tal como se observa en esos países bolivarianos que si ya no tienen presidentes vitalicios están buscando cómo. Teniendo en cuenta la corrupción y la mala utilización de los recursos públicos, si hubiera reelección con toda seguridad quien ocupe el Palacio de López dispondrá de todas las ventajas para ganar tanto las elecciones internas como las generales. Es de ilusos creer que sabrá resistir la tentación de disponer de los recursos humanos y materiales del Estado para imponer su candidatura, de modo que los comicios no serían en realidad competitivos, sino meras formalidades al estilo stronista.
Por de pronto, cabe subrayar la relevancia de las manifestaciones del jefe del Poder Ejecutivo y su público apego a la Ley Fundamental en esta cuestión que acertadamente califica de “clarísima”. El pueblo paraguayo tiene derecho y espera que dedique todo su tiempo a desempeñar su cargo con fidelidad y patriotismo y a observar y hacer observar la Constitución y las leyes, de acuerdo al juramento prestado. Para ello, debe dedicar todos sus esfuerzos a promover el interés general.