El pasado 30 de agosto, en ocasión de celebrarse el Día del Agente de Policía, el presidente de la República, Horacio Cartes, prendió en el pecho del apoderado del Partido Colorado y asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Canillas, la Medalla de Honor al Mérito de dicho organismo de seguridad, supuestamente en gratitud por los relevantes servicios prestados por el mismo a la institución policial desde su cargo en la entidad binacional. En realidad, era una fecha grata para los policías paraguayos, que seguramente esperaban un homenaje para algún miembro destacado en el desempeño de sus funciones, y no que la institución concediera una medalla a alguien desconocido para la mayoría de los jefes y oficiales. Estos se estarán preguntando cuáles son los “relevantes servicios” que el condecorado prestó a la Policía Nacional.
Más allá de las sonrisas y palabras protocolares intercambiadas en la ocasión entre el homenajeado y el Presidente de la República, lo que la ciudadanía rescató desencantada es que para el Gobierno del señor Cartes vale más el culto a la personalidad, como en los tiempos de la dictadura stronista, que el orden constitucional de la República cimentado en un Estado de derecho genuinamente democrático. Ambos significan para él denegar a los ciudadanos paraguayos el derecho que tienen de disentir con las políticas de su Gobierno en los diversos campos del quehacer nacional, por una parte. Y por la otra, copar con funcionarios obsecuentes las instituciones públicas con la finalidad de manipularlas y desnaturalizar su desempeño, mezclando los intereses del Estado con su patrimonio político.
Su apoyo a quienes se extralimitan en sus funciones, sean estos funcionarios del Gobierno, de las entidades binacionales –como el señor Canillas– o los gerentes de sus empresas, quienes no tienen empacho en arrogarse atribuciones privativas de los funcionarios que están al frente de las mismas para servirse de ellas, es una clara señal de que, aunque no podrá mirarse en el espejo de la reelección que tanto buscó, planea seguir manteniendo las riendas del poder real en la República después de abandonar Mburuvicha Róga. Desde tal punto de vista, el inmerecido premio a Luis Canillas y a otros integrantes de la sucia politiquería criolla constituye una demostración de que el Presidente pretende mantener a los opositores en la lona. En esto, él es enteramente coherente.
A más de la notoria improcedencia de la condecoración recibida por el señor Canillas, la misma llega también en un momento muy inoportuno: precisamente se está cuestionando, inclusive en los estrados judiciales, lo que aparenta una descarada e ilegal intromisión del citado personaje y de otros allegados al presidente Cartes en el accionar de la Policía durante los fatídicos acontecimientos ocurridos entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril, que culminaron con el alevoso asesinato del joven militante liberal Rodrigo Quintana, en el local del PLRA. Se puede considerar hasta como una provocación a la sociedad entera, debido a la indignación que produjo y sigue produciendo ese doloroso acontecimiento.
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La decisión de condecorar a Canillas produce mayor repulsa aún por la incongruencia de agraciar con un reconocimiento institucional a alguien que nada tiene que ver con la Policía Nacional, excepto el haber aportado escuchas telefónicas ilegales de conversaciones de parlamentarios opositores que supuestamente tramaron, ¡vía WhatsApp!, atentar contra la vida del Primer Mandatario, según las publicaciones.
Premiar a alguien que aparece así como un aprendiz de pyrague configura una parodia que denigra la dignidad de la institución policial, cuya misión no consiste en apuntalar necesidades políticas coyunturales sino garantizar el respeto a la ley. Intencionalmente o no, la decisión del presidente Cartes de premiar a Canillas por su ridícula obsecuencia pone en claro qué méritos personales de los funcionarios del Gobierno él considera válidos para ser recompensados y cuáles no. Claramente, su apuesta es por lo torcido, por lo cuestionable, no por lo derecho.
El efecto pretendido por el Primer Mandatario con el sainete de la condecoración a Canillas tiene como claro objetivo la intimidación política. Premiar públicamente a quienes protagonizan atrevidas actuaciones es un claro ejemplo de que el Poder Ejecutivo pretende que los funcionarios públicos usen sus cargos para amedrentar a los líderes de la oposición, como lo hacía en su tiempo el dictador Alfredo Stroessner.
Podemos afirmar, entonces, que el presidente Cartes ha convertido a la Presidencia de la República en un poder del Estado con pocos controles y equilibrios, desnaturalizando la expectativa democrática de la ciudadanía. Esto debe motivar a los ciudadanos y a las ciudadanas a aunar esfuerzos para elegir próximamente a un Gobierno que nos resarza del retroceso autoritario a que nos ha conducido la deplorable gestión del actual ocupante del Palacio de López.