Acuerdo sobre Aña Cua viola nuestra soberanía

En un comienzo, el proyecto de maquinización del vertedero del brazo Aña Cua fue concebido como un emprendimiento binacional, pero fuera del marco regulatorio del Tratado de Yacyretá al no estar explícitamente previsto en su Anexo B. Llamativamente, en la licitación internacional lanzada recientemente por las autoridades de la EBY para la construcción de las obras civiles y la provisión del correspondiente equipamiento electromecánico, se lo inserta como una “ampliación” de la central hidroeléctrica binacional. Vale decir, mediante una manipulación semántica, sin más ni más, se lo incorpora dentro del marco regulatorio del Tratado. Todo, con una doble-oculta-ilegal finalidad: eludir la aprobación por el Congreso paraguayo del acuerdo recientemente suscrito por los presidentes Cartes y Macri para llevar a cabo la construcción de la nueva central hidroeléctrica, por una parte, y por la otra, desconocer la soberanía exclusivamente paraguaya sobre un eventual complejo hidroenergético en Aña Cua, enclavado íntegramente dentro del territorio nacional y, por tanto, sometido al poder absoluto y perpetuo de la soberanía paraguaya.

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En un comienzo, el proyecto de maquinización del vertedero del brazo Aña Cua fue concebido como un emprendimiento binacional, pero fuera del marco regulatorio del Tratado de Yacyretá al no estar explícitamente previsto en su Anexo B. Llamativamente, en la licitación internacional lanzada recientemente por las autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para la construcción de las obras civiles y la provisión del correspondiente equipamiento electromecánico, se lo inserta como una “ampliación” de la central hidroeléctrica binacional. Vale decir, mediante una manipulación semántica, sin más ni más, se lo incorpora dentro del marco regulatorio del Tratado. Todo, con una doble-oculta-ilegal finalidad: eludir la aprobación por el Congreso paraguayo del acuerdo recientemente suscrito por los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri para llevar a cabo la construcción de la nueva central hidroeléctrica, por una parte, y por la otra, desconocer la soberanía exclusivamente paraguaya sobre un eventual complejo hidroenergético en Aña Cua, enclavado íntegramente dentro del territorio nacional y, por tanto, sometido al poder absoluto y perpetuo de la soberanía paraguaya.

En pocas palabras, lo que el presidente Cartes y sus adláteres están haciendo es entregar a la Argentina una parcela de territorio paraguayo para que ella construya allí una represa hidroeléctrica a ser financiada y administrada como si estuviera en su territorio, regida por sus propias leyes; como de hecho lo ha venido haciendo desde un principio en la central binacional de Yacyretá, merced a la completa abdicación de responsabilidad por parte de nuestros venales representantes en la misma.

A propósito, recientemente un grupo de trabajo que integró la Universidad Católica con decanos, docentes y especialistas del sector vinculado a la energía publicó sus conclusiones advirtiendo que “la central Aña Cua no está contemplada en el Anexo B del Tratado de Yacyretá, ni en ningún otro convenio bilateral, de modo que la ejecución de obras en ese sitio requerirá previamente la formalización de un acuerdo bilateral complementario para su correcta ejecución, dentro del marco jurídico establecido por las respectivas constituciones vigentes para las dos partes”.

Por su parte, el ingeniero Germán Escauriza, director de la Fundación Sociedad y Desarrollo, al referirse a los arbitrarios actos administrativos establecidos unilateralmente por el Gobierno argentino con vistas a la maquinización del brazo Aña Cua, y aceptados sin chistar por los consejeros paraguayos de la entidad, lamenta que “estos actos administrativos dispuestos por el Estado argentino son adoptados por la Cancillería paraguaya, así como por consejeros y directores nombrados por el Estado paraguayo y/o sus órganos correspondientes, como normas jurídicas aplicables”.

En realidad, resulta evidente que, al igual que a sus antecesores en el Gobierno, al presidente Horacio Cartes le importa un bledo la salvaguarda del interés nacional en las usinas hidroeléctricas binacionales, en particular en la EBY. Más parece importarle sacar provecho para sí mismo y sus socios de los multimillonarios contratos previstos para la implantación de la referida central hidroeléctrica, de conformidad con la praxis de codicia que han exhibido sus predecesores en el Gobierno con relación a la entrega de la soberanía nacional en las usinas hidroeléctricas binacionales, empezando con el vendepatria de la hora prima, el dictador Alfredo Stroessner.

En tal sentido, no deja de ser una ironía que, en vez de enmendar esa antipatriótica actitud entreguista, a medida que transcurre el tiempo nuestros gobernantes de turno se muestran cada vez más angurrientos, hasta el punto de hacer tabla rasa de la Constitución Nacional y del ordenamiento jurídico por ella establecido, como en el presente caso de la eventual maquinización del brazo Aña Cua, que el gobierno de Horacio Cartes pretende concretar a espaldas del Congreso. La soberanía nacional está asociada al hecho de ejercer la autoridad dentro del territorio nacional. En última instancia, esta autoridad recae en el Pueblo que la delega en sus representantes que son los legisladores. Estos deben oponerse firmemente al proyecto en defensa de los intereses nacionales que Cartes se dispone a rifar en Aña Cua, pero si no lo hicieren, entonces, como ocurrió en marzo pasado en el caso del atropello a la Constitución Nacional para impulsar la enmienda pro “rekutu” presidencial, la ciudadanía, como línea principal de defensa de la soberanía nacional, debe volver a alzarse para abortar la entrega de nuestra soberanía territorial y energética en Aña Cua.

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