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Según declaró el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), ingeniero Ángel María Recalde, para la consolidación de las cuentas de la entidad binacional, el Gobierno paraguayo aceptó la validez de la Nota Reversal del 9 de enero de 1992 (NR/92) –rechazada por el Congreso Nacional y, por lo tanto, nula de conformidad con la ley internacional– en vez de lo que dispone para el efecto el Anexo C del Tratado.
En charla informativa sostenida con profesores y alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNA el pasado viernes 26 de mayo del corriente, el ingeniero Recalde aseveró al respecto: “Se tomó la Nota Reversal de 1992 porque si se tomaba lo que dice el Anexo C, la tarifa disparaba; esa es la pura verdad”. A confesión de parte, relevo de pruebas. Vale decir, el Acta de Entendimiento firmada por el presidente Horacio Cartes con su homólogo Mauricio Macri con relación a la EBY es claramente inconstitucional, y por tanto, de nulidad absoluta, como lo fue en su tiempo el leonino “Preacuerdo Técnico”, firmado con igual propósito en 2006 por los entonces presidentes Nicanor Duarte Frutos y Néstor Kirchner, que fue retirado por el primero del Congreso ante la inminencia de su rechazo por los legisladores, como correspondía. “…Reconocemos que se pudo haber obtenido algo más favorable, pero se hizo lo que se pudo”, terminó aduciendo el traidor director paraguayo.
¿Cómo se entiende que un alto representante de nuestro país pueda negociar un acuerdo internacional sobre la base de un documento rechazado por el propio Congreso paraguayo? Si esta clase de funcionarios son quienes están defendiendo los intereses nacionales, solo puede hablarse de otro vulgar entreguismo, esta vez de parte del actual Gobierno.
Más allá de las razones técnicas y financieras esgrimidas por nuestros negociadores para justificar el ilegal acuerdo bilateral a que llegaron con sus pares argentinos, desde el momento en que el mismo contiene componentes violatorios del Tratado, todo el paquete acordado deviene nulo, porque atenta contra la Constitución Nacional. Y siendo esta la ley suprema de la República, ella está por encima de cualesquiera acuerdos que el Presidente de la República suscriba con sus homólogos de otros países. Al ser claramente inconstitucional, el Senado debe rechazarlo sin dudar, o de lo contrario estaría convalidando la fatídica NR/92, rechazada por ese mismo cuerpo legislativo.
Lamentablemente, sin embargo, la criminal posibilidad de la aprobación del Acuerdo no debe ser descartada por la ciudadanía, habida cuenta del nefasto precedente sentado recientemente por los 25 senadores de todos los colores que se agavillaron para apoyar el inconstitucional proyecto de enmienda impulsado por el presidente Horacio Cartes en pos de su reelección, y que solo la reacción popular pudo contener.
Aunque el director de la EBY fue franco al reconocer que ¡los negociadores paraguayos accedieron a violar el Anexo C del Tratado!, aceptando la imposición de la ilegal NR/92 por la parte argentina para la consolidación de las cuentas en la binacional, no lo fue en absoluto cuando trató de justificar lo injustificable, mediante mentiras flagrantes. Así, dijo que si se adoptaba una tarifa menor que la que la ANDE paga actualmente por la energía eléctrica que retira de la EBY “a cuenta” (vale decir, que no paga hasta ahora, aunque sí les cobra a los usuarios), se tendría que cerrar con notas de crédito para quien pagó más, con lo que se iba a terminar debiendo a EBISA (Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima) alrededor de US$ 5.000 millones.
Lo que, manipulación semántica de por medio, el mentiroso director paraguayo de la EBY eludió admitir es que, si se cumplía la métrica tarifaria prevista en el Anexo C del Tratado, la deuda de la binacional hubiese sido cero –como lo sostienen los técnicos paraguayos patriotas–, aunque, obviamente, la ANDE adeudaría mucho más que lo que ahora debe por la electricidad que retira y no paga. Pero, como el promedio histórico de la cantidad que ella retira asciende a poco más del 5 por ciento de lo que genera la usina, la misma sería insignificante comparada con lo que la EBY le ha entregado hasta ahora a EBISA (vale decir, a Argentina). Entonces, lo que el ingeniero Recalde debió admitir es que esos US$ 5.000 millones serían más bien el saldo deudor de EBISA con la EBY, y no al revés, como lo señaló a su auditorio de profesores ingenieros y alumnos de su gremio profesional. Un lapsus mental simulado que nadie en su sano juicio aceptaría.
Desde un principio, nuestro diario se ha hecho eco de las opiniones vertidas por técnicos compatriotas en el sentido de que, en las tratativas con los argentinos, Paraguay tenía dos derechos innegociables: la aplicación estricta del Tratado para la revisión del Anexo C del mismo y la libre disponibilidad de la mitad de la energía eléctrica producida en la usina que pertenece a nuestro país. El resto de los ajustes para “sanear” la EBY podría venir por añadidura, incluidas las compensaciones por territorio inundado por el embalse de la represa y la inutilización del tramo del histórico Ferrocarril Central del Paraguay, tasado en unos US$ 150 millones. Compensaciones cuyo pago fue lamentablemente diferido por el Gobierno del general Andrés Rodríguez mediante las fatídicas Notas Reversales de enero de 1992, a las que hemos hecho mención más arriba.
Otra gran mentira del ciudadano traidor Ángel María Recalde –que en algún momento debe rendir cuentas a la Justicia, junto con el grupo de los demás negociadores, encabezados por el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira, y que incluye también al canciller Eladio Loizaga– es la referida a los valores de las cuentas de la EBY que manejaron en las negociaciones. Al respecto, Recalde dijo que los números correspondían a los que estaban asentados en los balances. “Esos números nosotros no discutimos porque están en el balance auditado que acompañamos con nuestra gente de contabilidad y con nuestra auditoría externa”, sostuvo.
La desfachatez del director paraguayo de la EBY raya en el cinismo más refinado. Los números de las cuentas son de total hechura argentina. Las tales auditorías externas son cosecha privativa de la administración argentina del ente. Y en cuanto al “acompañamiento de nuestra gente de contabilidad”, ello nos remite a la metáfora de “el zorro cuidando el gallinero”. La Contraloría General de la República jamás pudo realizar una auditoría en la EBY, ni en Itaipú, irónicamente por obstrucción de su potestad constitucional por la Corte Suprema de Justicia.
El Senado de la República no debe aprobar la vil entrega de intereses nacionales estratégicos a la Argentina. La ciudadanía debe impulsar una firme y sostenida movilización para obligar a quienes fungen de sus representantes en el Parlamento a rechazar el entreguista documento firmado recientemente por los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri.