Buena noticia. La fiscala Anticorrupción Natalia Fúster imputó y pidió la prisión de Justo Cárdenas, extitular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) durante el Gobierno de Horacio Cartes. Se le atribuyen presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La imputación alcanzó a sus hijos Justo Pastor Cárdenas Pappalardo, María Alexandra Cárdenas Pappalardo y Allan Cárdenas Rodríguez. Una saludable medida que nace en medio de los nuevos vientos que vienen soplando en el ámbito de la Justicia, aparentemente gracias al influjo del Gobierno que asumió el pasado 15 de agosto. Este exfuncionario es el mismo que atribuía las denuncias a “las infames publicaciones del diario ABC Color miserable y tendencioso como de costumbre”.
Ahora, una nueva olla de contenido putrefacto acaba de ser destapada en el ámbito de la administración pública: 40 funcionarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), incluyendo a su expresidente Osmar Ludovico Sarubbi, fueron imputados por la fiscala Victoria Acuña por presuntos hechos ilícitos que causaron un perjuicio patrimonial a la entidad.
Para explicarlo sin rodeos, estos muchachos, capitaneados por Sarubbi, supuestamente hicieron desaparecer de Essap nada menos que unos 17.000 millones de guaraníes en tan solo dos años de actuación, 2016 y 2017. El actual titular del organismo afectado, Natalicio Chase, asegura que tiene documentación suficiente para probar el daño patrimonial infligido. Ahora se espera que los imputados salgan a declarar que todo esto no es más que revancha política; una “campaña” de sus adversarios contra ellos. Es decir, la cantinela de siempre.
En otro ya antiguo caso de latrocinio, después de que sus abogados emplearon todas las chicanas que pudieron para frustrar cinco audiencias sucesivamente, en estos días pudo realizarse por fin el juicio oral y público al excomandante de la Policía Nacional Com. Francisco Alvarenga y al suboficial Roberto Osorio, acusados de embolsillarse alrededor de 1.200 millones de guaraníes mediante fraudes cometidos en la compra de combustible para la institución policial. Se acusa a Alvarenga de lesión de confianza y a Osorio de estafa y producción de documentos no auténticos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Es evidente que los políticos y funcionarios de todo nivel que manejan recursos públicos se forman un concepto de la moral muy diferente del que tiene la ciudadanía en general. Para esta, personas que aprovechan un cargo público para cometer actos ilícitos, sea para enriquecerse, para favorecer a su parentela, amistades, recomendados o colaborar con los gastos de campaña electoral de su movimiento partidario, para traficar influencias y para tantas otras inmoralidades escandalosas como los que se ven, escuchan y comprueban cada día, son simplemente corruptos. Para estos tipos, todo eso no estaría mal sino que sería parte “natural” del ejercicio de la política y su “normal” aprovechamiento.
En prácticamente todos los organismos públicos donde se mueve mucho dinero hay sospechas de defraudación y sus administraciones anteriores están siendo auditadas. Un caso como este es el de Petropar, donde bajo las sucesivas presidencias de Sergio Escobar (entre julio de 2011 y agosto de 2013), y Eddie Jara, se habrían cometido irregularidades que solamente contarlas ya cuesta. Cada gestión en Petropar, como adquisición, fletes, seguros, distribución, concesiones para construcción de estaciones de servicio, explotación de ese servicio, reactivación de la planta azucarera de Troche, etc., etc., siempre significó una fuga infernal de dinero que va a parar no se sabe adónde, a cuáles cuentas bancarias.
Es plausible también el anuncio del procurador general de la República, Sergio Coscia, quien acaba de informar que se recuperaron 7.000 millones de guaraníes robados al Estado mediante hechos de corrupción, en el caso concreto del exaduanero Hilarión Osorio. Coscia aseguró que, desde que se hizo cargo de la Procuraduría, con el actual Gobierno, se han recuperado entre 38.000 y 40.000 millones de guaraníes en bienes provenientes de hechos punibles.
Aunque la cifra es importante, es una bicoca con lo que cada año se denuncia como escamoteado a las arcas públicas por funcionarios deshonestos, que convierten así a la Administración Pública en el reino de la inmoralidad. ¿Cuántos multimillonarios ya nacieron y se agrandaron en estas y otras empresas estatales? Son incontables. Se sabe, por ejemplo, que el dinero del Fonacide y de los royalties de las entidades binacionales se ha distribuido a raudales entre Gobiernos departamentales y municipales, y que se ha robado a mansalva. De hecho, Fonacide es la vaquita preferida para que intendentes y gobernadores “ordeñen” algo anualmente o “recuperen” sus gastos de campaña electoral. No obstante, pocos de ellos fueron procesados y ninguno está en la cárcel. Esta impunidad es una invitación para continuar robando el dinero estatal.
Queda muy claro, y no desde ahora ni a raíz de estas historias, que cuando nuestros políticos se apoderan de la manija de la administración de recursos públicos pierden completamente la noción de la diferencia entre el bien y el mal, entre lo público y lo privado, aunque, en verdad, muchos de ellos llegaron al poder sin haberla tenido nunca.
Es saludable, por tanto, que se estén realizando denuncias concretas sobre los latrocinios que se cometen contra las arcas del Estado. Anteriormente, también, los nuevos jefes de oficinas han anunciado faltantes descomunales de dinero, pero pronto se olvidaron de la cuestión y adoptaron la vieja costumbre de considerar los recursos públicos como propios y de manejarlos como tales. Por tanto, es de esperar que la Justicia actúe en consecuencia para comenzar a combatir la extendida sinvergüencería en las instituciones del Estado.