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No son muchas las ocasiones que tiene la ciudadanía para celebrar las decisiones de las Cámaras del Congreso, de modo que las tomadas ayer con respecto al matrimonio Zacarías Irún-McLeod adquieren una gran relevancia moral e institucional.
Para empezar, el hecho de que la Cámara Baja haya resuelto remover a Sandra McLeod del cargo que enlodó con sus múltiples corruptelas, documentadas tanto por la interventora Carolina Llanes como por la Contraloría General de la República, alienta la esperanza de que los legisladores también se aparten cada vez más de las prácticas delictivas en la función pública, tanto propias como ajenas. Es plausible, en especial, que la resolución haya sido aprobada por el voto unánime de los 52 diputados presentes, es decir, por un amplio espectro político-partidario. Es de desear que se esté empezando a entender que la indecencia debe ser repudiada más allá de los colores.
Ahora bien, la atinada destitución sería inútil si la administración municipal fuera tomada por asalto por otros que solo aspiran también a ocupar el sillón comunal con fines político-personalistas, sin importarles la suerte de sus conciudadanos. Nada ganaría la población esteña, cuyo coraje y perseverancia deben destacarse, si un ladrón sucediera a otro, más aún si solo fuera un títere manejado por el nefasto clan, con el apoyo de los ediles que estuvieron y están a su servicio. La Municipalidad no es un botín del que puedan apropiarse quienes la encabezan por alguna circunstancia.
De hecho, la actitud dilatoria de la mayoría de los concejales que pidieron la intervención, en cuanto a la aceptación o el rechazo de la dimisión presentada por Sandra McLeod, hizo presumir que algo se traían entre manos, tal como presagiábamos en nuestro editorial del 6 de diciembre de 2018: “La mayoría de los ediles había anunciado que rechazaría la renuncia, porque apuntaba, precisamente, a impedir la intervención, pero no ha adoptado ninguna medida al respecto. Pasa que el propio colegiado (la Junta Municipal) está jugando su propio partido, ya que si resolviera aceptar la renuncia antes del 18 de diciembre, se debe llamar a elección de un nuevo intendente. En cambio, después de esa fecha, la Intendencia sería ejercida, hasta concluir el mandato, por uno de los concejales elegidos por sus pares (...), quedando así ellos a cargo de la ‘gallina de los huevos de oro’”. Todo indica que nuestro vaticinio estaba acertado.
En efecto, ahora resulta que estalló un conflicto en torno a la legitimidad de la sesión en la que el concejal tránsfuga Celso Miranda (Kelembu) fue elegido para ejercer la Intendencia. Cualquiera sea el desenlace, los habitantes de Ciudad del Este deben extraer la lección de que conviene que pongan bajo la lupa a quien termine sucediendo a la indeseable destituida. Los esteños han demostrado a lo largo de los últimos meses un civismo ejemplar al movilizarse pacíficamente y con perseverancia en contra de un clan empotrado en la Municipalidad desde hace casi dos décadas. Han resistido amenazas y agresiones por parte de subordinados de Sandra McLeod, hasta que finalmente la Junta Municipal y la Cámara de Diputados respondieron a sus justos reclamos. No lucharon para que ahora les toque el turno a otros sinvergüenzas, sino para que su dinero sea administrado con honestidad y eficiencia. Lo resuelto ayer por los diputados debe estimularlos porque implica que sus protestas han dado fruto, pero eso no significa que ahora deban quedarse de brazos cruzados, simplemente confiando en que las cosas irán para mejor, sino que deben mantener sus antenas más alertas que nunca. Nadie debe recibir una carta blanca para hacer desde la Intendencia cuanto se le antoje. Tiene que estar sometido al control de los propios pobladores. Es preciso que también los ediles sepan que su desempeño será examinado por unos electores reacios a ser manipulados.
Los autores, cómplices y encubridores del saqueo perpetrado durante largos años en la capital del Alto Paraná deben ser sancionados de acuerdo a la ley. Esa necesaria medida servirá, más allá de hacer justicia, para disuadir a quienes en el futuro traten de imitarlos. Si a ello se agrega la vigilancia ciudadana, entonces habrá razones para esperar que esta historia no se repita nunca más.
Por su parte, el Senado hizo lo que correspondía al privar de sus fueros, por unanimidad, al jefe del ominoso clan, Javier Zacarías Irún, imputado por el presunto delito de haber incurrido en falsedades en sus declaraciones juradas de bienes y rentas. También se le atribuyen otros, que están siendo investigados por el Ministerio Público, pero, por de pronto, ya es bueno para la salud moral de la República que sea procesado por un hecho punible que suele estar ligado al de enriquecimiento ilícito.
La ciudadanía honesta ganó así las primeras batallas, que afectan a dos integrantes del detestable clan. Queda ahora que la Justicia haga su trabajo, para lo cual tendrá que sortear las consabidas chicanas a las que, como todos los políticos poderosos, han de recurrir con seguridad los integrantes del matrimonio Zacarías Irún-McLeod, quienes, de ser hallados culpables, además de las penas que les correspondan, deben resarcir a Juan Pueblo con sus bienes.