La Cámara de Diputados tendrá el próximo miércoles la ocasión de poner fin al calvario que el país viene soportando desde que el presidente Horacio Cartes y el senador Fernando Lugo se confabularon para atropellar la Constitución. El 19 de abril, la mayoría “carto-lugo-llanista” dio entrada en forma indebida al escandaloso proyecto de enmienda constitucional aprobado por los senadores de la misma alianza en una sesión clandestina dirigida por Julio César Velázquez (ANR), vicepresidente tercero, tras haber usurpado la presidencia de la Cámara Alta. Los diputados debieron devolverlo porque el documento remitido no llevaba la firma del presidente en funciones, Roberto Acevedo (PLRA), pero, a pesar de su ilegitimidad, le dieron el trámite normal de girarlo a las comisiones de Legislación y de Asuntos Constitucionales, para que ellas emitan sus respectivos dictámenes.
Insólitamente, esta última comisión ya había sugerido el año pasado el archivamiento del engendro antijurídico, porque fue presentado antes de que transcurriera un año desde el 25 de agosto de 2016, día en que fue rechazado por la Cámara de Senadores. Es lo que habían sostenido avezados juristas en una audiencia pública realizada en el Palacio Legislativo el 2 de noviembre, considerando lo dispuesto en el art. 290 de la Constitución. Más aún, los propios expositores afirmaron que la vía idónea para establecer la posibilidad de la reelección presidencial es la de la reforma, que implica el llamado a una Convención Nacional Constituyente, por resolución de la mayoría absoluta de dos tercios de los miembros de cada Cámara del Congreso.
En palabras del presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Rubén Galeano: “Por el método histórico, vemos que la enmienda no era la forma deseada para aprobar la reelección presidencial. Las causas finales de los constituyentes y todo nuestro sistema constitucional están dirigidos a no habilitar la reelección vía enmienda”. Aunque los legisladores no se distingan por su coherencia, es de esperar que la Comisión de Asuntos Constitucionales vuelva a pronunciarse en el mismo sentido anterior, agregando esta vez que la figura de la reelección presidencial solo puede ser introducida mediante una reforma de la Carta Magna. Es imperioso que el insensato proyecto que tiene en vilo a la República termine de una vez por todas en el basurero, ya que se debió haber recurrido al procedimiento de la reforma constitucional porque el de la enmienda no podía seguirse antes del 25 de agosto de 2017, y porque fue aprobado por unos senadores convocados por un usurpador de la titularidad de ese cuerpo legislativo, lo que lo hace pasible de la sanción prevista en el art. 241 del Código Penal, que se ocupa de la usurpación de funciones públicas.
En esta cansadora y frustrante cuestión, todo se hizo de la peor manera posible, debido a la malsana ambición de los dos protagonistas de este drama institucional, con derivaciones delictivas. Se vertió sangre y lágrimas para darles satisfacción; es hora de que se impongan el apego a la ley y la cordura.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
A los argumentos jurídicos, que deberían ser más que suficientes para que los diputados cartistas, luguistas y llanistas hagan lo que corresponde si tienen una pizca de honestidad, puede agregarse uno de sentido común: sería absurdo que los primeros aprobaran el ilícito proyecto de enmienda, luego de que su líder haya anunciado que no se postulará a la presidencia de la República, salvo que estén enterados de que ha vuelto a mentir o estén dispuestos a allanar al exobispo el camino de vuelta al Palacio de López. Pero como es muy improbable que sean tan generosos con él, si consintieran los reiterados atropellos a la legalidad sancionando el infame proyecto, solo cabría concluir que Horacio Cartes se ha burlado una vez más de los paraguayos, a los que debe sumarse el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien recibió su desistimiento “con especial satisfacción”. Según el visitante, esa actitud fortalece la institucionalidad del país.
Los diputados tienen ahora la alternativa de continuar con la crispación, con la posibilidad de que se reavive la violencia, o de rechazar este mamotreto inconstitucional que ya causó sangre, sudor y lágrimas.