Al Congreso por las armas, no por los votos

El acuerdo de paz firmado por el Gobierno de Colombia con las FARC no asegura que la citada organización guerrillera y narcotraficante, que secuestró y mató a decenas de miles de colombianos, deponga definitivamente las armas al cabo de más de cincuenta años. En cambio, esta agrupación guerrillera, el tercer cartel mundial de la droga, que a la vez profesa el marxismo-leninismo, tendrá la seguridad, entre otras cosas, de contar con 26 bancas en el Congreso, cualquiera sea el resultado que logre en los próximos comicios como “partido político”. La moraleja de esta historia es que el crimen resulta políticamente rentable, siempre que se sostenga en el tiempo y aflore el cansancio moral en los demócratas. No es descabellado suponer que, en nuestro país, la banda criminal EPP haya observado con satisfacción y tomado buena nota de la ceremonia realizada en Cartagena ante 15 jefes de Estado, incluido el de nuestro país. Asesorado en sus inicios por las FARC y vinculado como ellas al narcotráfico, el EPP estaría siguiendo la estrategia de la “guerra popular prolongada” para terminar conquistando también algunos espacios de poder en el aparato estatal.

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El acuerdo final de paz firmado por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, al cabo de cuatro años de negociaciones patrocinadas por el dictador cubano Raúl Castro, no asegura que la citada organización guerrillera y narcotraficante, que secuestró y mató a decenas de miles de colombianos, deponga definitivamente las armas al cabo de más de cincuenta años. En cambio, esta agrupación guerrillera, el tercer cartel mundial de la droga, que a la vez profesa el marxismo-leninismo, tendrá la seguridad, entre otras cosas, de contar con 26 bancas en el Congreso, cualquiera sea el resultado que logre en los próximos comicios como “partido político”. Esto será así aunque las 31 radioemisoras FM, un canal de televisión, el control de otras tantas “zonas de dominio” y su enorme fortuna, no le basten para lograr el suficiente respaldo popular.

Resulta, así, que los autores de crímenes atroces, entre los que figura la esclavitud sexual de niñas y adolescentes, no solo quedarán impunes, sino que también tendrán la certeza de fungir de legisladores en virtud de un acuerdo y, para ello, no necesariamente de los votos.

El acuerdo de marras será sometido el próximo domingo 2 de octubre a un plebiscito, en el que los colombianos deberán responder a la tendenciosa pregunta: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”. Bastará ¡un 13% de respuestas afirmativas! para que el documento de 297 páginas, que no todos los colombianos habrán leído detenidamente, se considere aprobado. Salta a la vista que, para sus signatarios, la voluntad de los ciudadanos, sea para elegir parlamentarios o para ratificar el acuerdo, no es lo más importante. No se asegura la paz porque, pese a las grandes concesiones del Gobierno, habrá delincuentes que se nieguen a deponer las armas porque el acuerdo no incluye a otras dos organizaciones –el ELN y el EPL–, que seguirán practicando el terrorismo, acaso con mayor intensidad, para obtener más tarde los considerables beneficios otorgados a las FARC.

La moraleja de esta historia es que el crimen resulta políticamente rentable, siempre que se sostenga en el tiempo y aflore el cansancio moral en los demócratas.

No es descabellado suponer que, en nuestro país, la banda criminal autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) haya observado con satisfacción y tomado buena nota de la ceremonia realizada en Cartagena ante 15 jefes de Estado, incluido el de nuestro país. Asesorado en sus inicios por las FARC y vinculado como ellas al narcotráfico, el EPP estaría siguiendo la estrategia de la “guerra popular prolongada” para terminar conquistando al menos algunos espacios de poder en el aparato estatal. Sabe que no podrá conseguir una victoria militar, como no la consiguió su modelo colombiano, pero puede emular en menor escala su campaña sanguinaria, especulando con que alguna vez el Gobierno de turno le asegure la impunidad y las bancas a cambio de la “paz”. Este objetivo no sería en absoluto insensato, pues a medida que pase el tiempo sin que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) mejore su eficiencia, pueden ir surgiendo voces que, en homenaje a la paz en Concepción, San Pedro y Amambay, planteen una salida similar a la colombiana.

Los paraguayos no debemos olvidar que, en democracia, el poder político se conquista mediante el voto y no mediante el secuestro o el asesinato. En este sentido, es de destacar que, habiendo sido guerrilleros urbanos, José Mujica y Dilma Rousseff llegaron décadas más tarde a presidir el Uruguay y el Brasil, respectivamente, mediante el voto y no mediante un cuestionable acuerdo político.

Quienes delinquen deben ser sancionados con todo el peso de la ley, para lo cual es imprescindible que la fuerza pública tenga capacidad operativa. El Estado debe conservar siempre el monopolio de la fuerza legítima, y no llegar al extremo de negociar con organizaciones delictivas por considerarse incapaz de poner fin a sus actividades.

Los representantes del Estado no deben sentarse a negociar con criminales para terminar en algo muy parecido a una capitulación. De hecho, entablar conversaciones de ese tipo ya implicaría una confesión de impotencia por parte de las autoridades legítimamente constituidas.

Los gobernantes democráticos tienen los votos y también tienen la fuerza para emplearla en defensa del Estado de derecho. No deben ceder ante el chantaje de una banda criminal, mucho menos otorgarle unas “zonas de dominio” y concederles derechos, confiscando los que pertenecen legítimamente a la ciudadanía, como el de elegir libremente a sus gobernantes y parlamentarios mediante el voto.

Los colombianos sabrán qué decir el próximo domingo. Mientras tanto, los paraguayos ya sabemos que la claudicación ante el crimen puede resultar muy cara, si las autoridades no exhiben a tiempo la energía suficiente para vencerlo con las armas y con la ley en la mano.

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