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08 de Enero de 2019

 

Alderete debe ser investigado

El actual director paraguayo de Itaipú Binacional, José Alberto Alderete, aparece ahora como presunto propietario de una estancia modelo de casi 6.000 hectáreas en el Chaco. El valioso inmueble se suma a otros que ya se le adjudicaban en años anteriores, cuando comenzaba a ocupar importantes cargos públicos. El establecimiento agropecuario de su presunta propiedad que ahora sale a luz incrementa los indicios de un enriquecimiento extraordinario desde que ocupa funciones en organismos del Estado, por lo que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público deben volver a investigar minuciosamente si el aumento de su patrimonio respondió solo a los salarios que cobró en sus cargos en la función pública. El ministro Eduardo Petta dijo recientemente que “si el presidente de la República no da el guiño positivo a la Justicia, nadie va preso”. De esta escandalosa constatación no debe inferirse que Mario Abdo Benítez tenga que ignorar la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial para que la verdad salga a la luz y los responsables sean sancionados, pero sí que haría bien en abstenerse de tan siquiera insinuar que Alderete es uno de sus intocables.

El actual director paraguayo de Itaipú Binacional, José Alberto Alderete, aparece ahora como presunto propietario de una estancia modelo de casi 6.000 hectáreas en la zona de Mariscal Estigarribia, Chaco. El valioso patrimonio se suma a otros que ya se le adjudicaban en años anteriores, cuando comenzaba a ocupar importantes cargos públicos. Más o menos la misma evolución que tuvieron los bienes de otro potentado, el expresidente de la República y actual director paraguayo de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos.

El establecimiento agropecuario de presunta propiedad del titular de Itaipú que ahora sale a luz incrementa los indicios de un enriquecimiento extraordinario desde que ocupa funciones en organismos del Estado, por lo que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público deben volver a investigar minuciosamente si el aumento de su patrimonio respondió solo a los salarios que cobró como consejero del IPS (1989-1992), senador colorado (1993-1998), consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (1999-2003) y ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (2003-2006), antes de ocupar su cargo actual, luego de dirigir la campaña electoral del jefe del Poder Ejecutivo.

Cuando conquistó el escaño legislativo, declaró bajo juramento que solo tenía dos inmuebles y activos por un valor de 185 millones de guaraníes, así como una deuda de 20 millones. Diez años más tarde, siendo consejero de la EBY, ya era el feliz propietario, según sus propios dichos, de más de tres mil millones de guaraníes, de dos costosos vehículos, de una lujosa residencia en Asunción y de propiedades en Fernando de la Mora, San Bernardino y Villeta, a lo que deberían sumarse casi 300.000 dólares no declarados y depositados en un banco en quiebra. Al convertirse en ministro, gracias a Nicanor Duarte Frutos, manifestó poseer casi 2.700 millones de guaraníes, habiendo ganado 1.300 millones con la venta de inmuebles y 377 millones con la de una camioneta. Su patrimonio habría sufrido una curiosa disminución, pero aprovechó el cargo para que el acceso a su quinta de Villeta –no declarada– fuera asfaltado a costa de los contribuyentes. En su momento, el Ministerio Público –como ocurría anteriormente con todos los popes políticos– desestimó imputarlo por enriquecimiento ilícito, alegando que para la Contraloría existía una correspondencia entre los bienes y los salarios percibidos. También hizo caso omiso de la presunta malversación referida.

Ahora se revela que el jerarca de Itaipú Binacional sería el verdadero dueño de una estancia chaqueña que está a nombre de Espartillar SA, firma creada en 2008 con un capital social de 12.000 millones de guaraníes y uno integrado de 5.000 millones. El 80% de sus acciones pertenece formalmente a un allegado suyo, Juan Ernesto Snead, su exjefe de Gabinete cuando era titular del MOPC y exasesor jurídico de la EBY. Empero, el señor Elvio Martínez, quien en 2009 firmó un contrato de prestación de servicios con la empresa representada por Snead, expresó a nuestro diario que el propietario real del establecimiento es quien en muy mala hora fue designado por el presidente Mario Abdo Benítez para dirigir una entidad binacional: “Con él mismo yo hice el trato. Y él siempre me pagó. Yo iba a su oficina, que está en su casa misma, en Asunción”, dijo el contratista. Alderete afirma, por su lado, que él era apenas ¡un administrador a sueldo!

La seria denuncia debe ser exhaustivamente investigada tanto por la Contraloría como por el Ministerio Público, sin perjuicio de extender las pesquisas a acciones u omisiones anteriores que hayan servido para disimular un enriquecimiento ilícito. La triste experiencia en nuestro país indica que quien recurre a un testaferro lo hace porque tiene mucho que ocultar, como también deben de saberlo la Seprelad y la Subsecretaría de Estado de Tributación, si es que están interesadas en combatir el lavado de dinero y la evasión impositiva. La Ley Nº 5033/13 otorga a la Contraloría amplias facultades para determinar la veracidad del contenido de las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos. Ellas deben ser ejercidas en plenitud para verificar si, como es presumible, Alderete ha venido apelando a maniobras fraudulentas para esconder parte de su enorme patrimonio, incrementado notablemente desde 1993. El Ministerio Público debe actuar en igual sentido, sin limitarse a esperar los resultados de la Contraloría. En los últimos meses ha demostrado una mayor iniciativa para perseguir a quienes delinquen o delinquieron desde un cargo público, siendo de esperar que esta vez no se detenga ante quien parece gozar de la inmerecida y amplia confianza del jefe de Estado.

El ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Petta, dijo hace unos días que “si el presidente de la República no da el guiño positivo a la Justicia, nadie va preso”. De esta escandalosa constatación no debe inferirse que Mario Abdo Benítez tenga que ignorar la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial para que la verdad salga a la luz y los responsables sean sancionados, pero sí que haría bien en abstenerse de tan siquiera insinuar que Alderete es uno de sus intocables y que los dedos de la diosa Astrea deben apuntar solo hacia quienes pertenecen a otras carpas políticas.

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, se comprometió reiteradas veces a luchar contra la corrupción y a no ceder a las imaginables presiones políticas. El señor Martínez reveló la presunta comisión de un hecho punible de acción penal pública, que obliga al Ministerio Público a actuar de oficio. Según su ley orgánica, la persecución debe ser “promovida inmediatamente después de la noticia de su comisión y no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos y bajo las formas expresamente previstas en la ley”.

Esta es una magnífica oportunidad para demostrar que verdaderamente soplan nuevos vientos en la Justicia y que ella no solo actuará contra aquellos que no se alinean con la nueva administración gubernamental.

 
 

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