Cargando...
Acuciado por las graves denuncias relativas al notable aumento de su patrimonio durante el ejercicio de la función pública, al director de Itaipú Binacional, José Alberto Alderete, no se le ocurrió mejor defensa que la de esconderse detrás de la figura del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Apeló a tan deplorable recurso luego de visitarlo en el Palacio de López, acaso para darle algunas explicaciones acerca de los nuevos descubrimientos, como el de que sería el verdadero multimillonario dueño de una estancia modelo registrada a nombre de la firma Espartillar SA. De sus dichos se infiere que él no tiene nada que aclarar a la ciudadanía: “Está todo demostrado en mi declaración jurada de bienes. Yo he sido investigado en 2006; fui el primer político en poner (sic) la declaración jurada de bienes, así que no tengo nada que ocultar; el Presidente sabe todo este proceso, porque hace dos años venimos caminando juntos en esta carrera política” (las negritas son nuestras).
La cuestión es que “este proceso” de raudo enriquecimiento –muy probablemente a costa de sus compatriotas– debe ser conocido en primer lugar por sus posibles víctimas. Quien tuvo la ocurrencia de retribuirle un favor político con un insensato nombramiento no tiene mejor derecho que el común de los paraguayos a saber cómo es que llegó a acumular una enorme fortuna solo con los salarios cobrados en los cargos públicos que anduvo ocupando desde los años 80. Si Mario Abdo Benítez está bien enterado de la cuantía de su patrimonio y de los medios que empleó para forjarlo, no debería tener ningún reparo en que esos datos sean conocidos también por la opinión pública; salvo, naturalmente, que Alderete no le haya dicho toda la verdad a su compañero de andanzas políticas y tema que haya quienes le atribuyan más bienes de los que dice tener, como lo hizo el contratista Elvio Martínez, quien lo desenmascaró como el verdadero propietario de la hacienda en cuestión, de la que quiere despegarse.
Aparte de escudarse en el jefe del Poder Ejecutivo, el muy próspero exconsejero del IPS, exsenador, exconsejero de la Entidad Binacional Yacyretá y exministro de Obras Públicas aduce que todo está expuesto en su declaración jurada de bienes y rentas. El muy ladino sabe que, hasta ahora, los ciudadanos no pueden enterarse del contenido de las declaraciones, por la arbitraria negativa de la Contraloría General de la República, pese a cuanto disponen la Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental y dos fallos judiciales que hicieron lugar a un recurso de amparo planteado por el periodista de este diario Juan Carlos Lezcano, para tener acceso a copias de esos documentos. El caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia desde hace nada menos que seis meses, siendo de esperar que resuelva pronto conforme a Derecho, para que personajes como el voraz Alderete no sigan amparándose en el secretismo que impide saber cuánto tienen y, quizá, cuánto han omitido revelar.
Dice el de marras que él no tiene nada que ocultar. Si es así, ¿estaría dispuesto a mostrar desde ya a la ciudadanía, por propia iniciativa, al menos su última declaración jurada? Ninguna ley le obliga a mantenerla reservada. Es absolutamente falso, dicho sea de paso, que él haya sido “el primer político” en presentarla. Lo cierto es que hasta hoy nadie había invocado al Presidente de la República para evitar esclarecer cuánto ganó estando en la función pública y, dado el caso, cómo lo hizo.
Por lo demás, cabe preguntarse si le dijo toda la verdad a Mario Abdo Benítez o si este la conoce y, de todos modos, prefiere mantenerlo en el cargo. De hecho, quien “sabe todo de este proceso”, según el opulento funcionario, podría quedar en una situación muy desairada si el Ministerio Público, obrando con toda independencia, constatara que se enriqueció ilícitamente, o si en el futuro algún indiscreto realizara nuevas revelaciones. Hasta quedaría expuesto al reproche de encubrimiento, siempre que Alderete le haya contado todo.
Más allá de la dudosa calidad moral de la defensa esgrimida, importa subrayar que un funcionario, en el amplio sentido de la palabra, se debe en primer lugar a la ciudadanía. Siendo un servidor público, debe estar en condiciones de satisfacer la legítima curiosidad de quienes le pagan el salario. Solo quien tiene detrás unos trapos sucios puede rehuir ese escrutinio de los contribuyentes.
La actitud reacia del impresentable director de Itaipú Binacional alimenta la fuerte sospecha de que su “carrera política” le sirvió para realizar otra de índole financiera, sumamente exitosa. Reacia y hasta cobarde, en cuanto envía al frente al Jefe de Estado, a quien ahora se le podrían trasladar ciertas preguntas relativas a “este proceso” tan fructífero para su exjefe de campaña electoral.
Dados sus presuntos antecedentes, la cuestión se agrava si se considera que la entidad binacional que hoy dirige dispone de unos recursos y de unas influencias tales que en breve podrían incrementar mucho más su ya inmenso caudal. En tal caso, el responsable político será el Presidente de la República, a quien Alderete ha colocado en una posición nada envidiable. Sería lamentable que el Jefe de Estado se queme las manos, pero más aún que el pueblo paraguayo sea nuevamente estafado.