07 de Noviembre de 2017

 

Algo huele a podrido en la Municipalidad de Luque

Otra gran comilona de fondos públicos se está preparando, esta vez en la Municipalidad de Luque, donde el gobierno municipal, a cargo del intendente Carlos Echeverría (ANR - “Honor Colorado”), suscribió un contrato con la empresa “Consorcio Tributario”, del empresario Diego Cardona Herreros, el cual se habría hecho recomendar para hacerse cargo del negocio por el senador Óscar González Daher (ANR), cuyo hijo Rubén González, también dedicado a la política, ya logró trepar hasta convertirse en presidente de la Junta Municipal luqueña. Para decirlo sin ambages, todo huele a podrido en esta trama, conociendo a quienes la tejen. Pero no solo porque el famoso González Daher esté metido en ella, sino porque el tal Diego Cardona Herreros llega a Luque precedido de pésima fama, a raíz de cuestionados negocios similares en la Argentina. Contra esta operación se moviliza una asociación civil denominada “Luque te queremos limpia”, convocando a la ciudadanía luqueña a asistir, en la fecha, a la sesión de la Junta Municipal ante la cual se solicitó la suspensión de los efectos del contrato correspondiente. Este ejemplo de asociación moralizadora de los ciudadanos luqueños debe ser imitado en todo el país.

Otra gran comilona de fondos públicos se está preparando, esta vez en la Municipalidad de Luque, donde el gobierno municipal, a cargo del intendente Carlos Echeverría (ANR - “Honor Colorado”), suscribió un contrato con una empresa que se hace denominar “Consorcio Tributario”, cuya titularidad y representación posee el empresario Diego Cardona Herreros, el cual se habría hecho recomendar para hacerse cargo del negocio por el senador Óscar González Daher (ANR), cuyo hijo Rubén González, también dedicado a la política, ya logró trepar hasta convertirse en presidente de la Junta Municipal luqueña.

Para decirlo sin ambages, todo huele a podrido en esa trama, conociendo a quienes la tejen. Pero no solo por esto. Es decir, no solamente porque el famoso González Daher esté metido en ella, sino porque el tal Diego Cardona Herreros llega a Luque precedido de pésima fama, ya que, según investigaciones periodísticas realizadas en la Argentina, donde tiene empresas vinculadas con actividades del sector público, se le atribuyen varios contratos negociados en forma similar a este, consistentes siempre en lo mismo, a saber, “modernizar” algún servicio público. Actualmente, en el vecino país se le investiga a Cardona por un caso concreto, su relación de negocios con el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, quien le habría ayudado a ganar licitaciones multimillonarias en distintas provincias, al parecer bajo fuertes sospechas de colusión con las autoridades y corrupción.

Algunas de las publicaciones del vecino país que alertaron sobre los negocios de las empresas de Cardona son “Análisis” y “La Fusta”. La primera publica la noticia “El viceministro de Economía del gobierno entrerriano, Luis Erbes, sería uno de los desplazados del área próximamente (…). Erbes es considerado un hombre de confianza del ministro Hugo Ballay, pero al gobernador Gustavo Bordet le preocupa no solamente la causa por enriquecimiento ilícito que pesa sobre sus espaldas, sino también las causas paralelas, por hechos de corrupción en el Estado, que podrían involucrarlo. Por un lado, aparece en la causa sobre el desvío millonario de fondos públicos, que se hacía en el Senado con la mesa de dinero que manejaban Juan Pablo Aguilera y Mauro Urribarri, pero también en la denuncia contra el exministro de Gobierno, radicada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, en virtud de sus relaciones con el empresario paraguayo Diego Cardona Herreros” (las negritas son nuestras).

La segunda publicación citada titula un artículo de portada: “Se revela el escandaloso negocio de 120 millones con la firma del paraguayo que liquida los salarios docentes”. Luego, la bajada prosigue: “La empresa que liquidó con errores los salarios de los maestros se llevó del Estado Provincial, vía contratos que tuvieron lugar en áreas del Ministerio de Economía, casi 8 millones de dólares durante las gobernaciones de Sergio Urribarri. La cifra asciende hoy a 120 millones de pesos (…). El exgobernador Sergio Urribarri le pagó a una empresa privada (de Cardona) la friolera de 120 millones de pesos para que provea software, servicios de consultoría y soporte técnico a diversas áreas del Estado provincial, a través de contrataciones directas o licitaciones en las cuales la firma se presentó como ‘único oferente’ o resultó ser siempre –llamativamente– ‘la oferta más conveniente a los intereses del Estado” (las negritas son nuestras).

Con solo estas alusiones al empresario Cardona y sus numerosas actividades de muy dudosa legalidad en varias provincias del vecino país, hay suficiente motivo para que, por lo menos, se lo haya puesto en una lista de sospechosos en ocasión de realizarse la licitación para “modernizar el sistema catastral para mejorar la recaudación tributaria” en Luque. Pero, para no incurrir en ingenuidad supina, debemos suponer lo contrario, o sea, hay que dar por supuesto que la propia licitación municipal luqueña estuvo armada para que el negociado pudiera realizarse con Cardona y el que le recomienda. Todo hecho a la medida de la empresa que tenía que ganar y que la ganó.

De modo que este contrato entre la Municipalidad de Luque, representada por su intendente Carlos Echeverría, y la empresa agraciada, “Consorcio Tributario”, de Diego Cardona Herreros, sería una réplica exacta de los negociados ya hechos por este último en la Argentina. Aquí, la empresa de Cardona, pese a sus oscuros y discutidos antecedentes, ganó la licitación luqueña, lo que dio origen a la suscripción del contrato aludido anteriormente y contra el cual se moviliza una asociación civil denominada “Luque, te queremos limpia”, convocando a la ciudadanía luqueña a asistir, en la fecha, a la sesión de la Junta Municipal, ante la cual se solicitó la medida de suspensión de los efectos del contrato suscrito entre el intendente y el empresario, hasta tanto se aclare la situación de este en el ámbito de la justicia argentina.

Lo que queda expuesto a simple vista es algo que la ciudadanía ya sabe: que cuando ciertos políticos moralmente averiados se hacen con el control de una entidad pública, como la Municipalidad, la ponen bajo su absoluto control y se convierten en sus señores feudales. Se distribuyen las áreas y los negociados que corresponden a cada uno, como la provisión de servicios informáticos, la gestión de recolección y disposición de desechos; la adquisición de máquinas, combustible y servicios mecánicos; la percepción de las coimas en centros comerciales como mercados, ferias, terminales, mataderos, etc.; la administración de fondos proveídos por el Estado, royalties de Itaipú y una multitud de otras fuentes de enriquecimiento fácil y rápido. El catastro y la recaudación de tributos es otro importante y codiciado filón.

Son tan altos los réditos que se obtienen de esta cadena de operaciones que alcanzan para comprar las voluntades de todo el mundo, comenzando por los concejales de la oposición, a quienes se les soborna con efectivo, contratos, concesiones, participación directa o indirecta en los negociados y en todas las demás formas practicadas habitualmente en nuestro ambiente político.

Por suerte, no toda la ciudadanía luqueña permanece ignorante de estas maniobras o indiferente ante la posibilidad de que sus aportes tributarios sean derrochados en un sucio negociado de piratas. En efecto, la asociación civil “Luque, te queremos limpia” está poniendo la cara por toda ella y ejerciendo fuerte presión moral sobre las autoridades municipales, proponiendo una medida que, a todas luces, es la más prudente y adecuada: la suspensión de los efectos del contrato suscrito entre la Municipalidad de esa localidad y la empresa de Carmona, al menos hasta que la legalidad de sus actividades en la Argentina quede aclarada por los tribunales.

Este ejemplo de asociación moralizadora activa en las oficinas públicas y en las calles que llevan adelante los luqueños debe ser imitado por los ciudadanos y ciudadanas de todas las localidades del país, para espantar a los buitres que sobrevuelan las recaudaciones públicas y que se apropian del dinero de los contribuyentes.

 
 

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