Mientras los gobernantes y políticos paraguayos están enzarzados en una encarnizada lucha por el poder, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) está a punto de ser nuevamente hipotecada a los argentinos. La torta en juego es la maquinización del brazo Aña Cua, proyecto hidroenergético complementario de la represa principal –no previsto en el Tratado de Yacyretá–, que según estimación del director ejecutivo argentino, Humberto Schiavoni, demandará una inversión inicial de US$ 550 millones, cuando que al lanzarse la licitación –luego abortada– en la época de los expresidentes Néstor Kirchner y Nicanor Duarte Frutos, se hablaba de una inversión de US$ 400 millones.
Al acecho de esta multimillonaria inversión pública están agazapados políticos y empresarios paraguayos y argentinos, afilando sus dientes para maximizar a la estratosfera los costos inherentes a la obra, con una ingeniería financiera elástica destinada a cubrir las coimas que se verán obligados a pagar a las autoridades nacionales y funcionarios cómplices de una y otra margen, para ser adjudicados como contratistas de obras y de suministro de equipos.
Lo muy grave de este asunto es que el Gobierno paraguayo está decidido a llevar adelante a cualquier precio este proyecto Aña Cua sin arreglar las cuentas de la EBY. Como esta obra crea la posibilidad de que haya mucho dinero a repartir bajo la mesa, todo parece indicar que los negociadores de ambos países están cerrando acuerdos, dejando los intereses paraguayos para las calendas griegas.
El caso que involucró al conglomerado empresarial brasileño Odebrecht en el escándalo “Lava Jato” ha servido para confirmar que en la mayoría de los países de la región las obras públicas son las mayores fuentes de corrupción. Al respecto, nuestro país es un aventajado ejemplo (ni qué decir la Argentina) con todo lo que ya se ha malversado en cuanta obra emprendida por el Estado, de la mano de empresarios corruptos y políticos y funcionarios gubernamentales concusionarios. Entonces, en el proyecto de maquinización de Aña Cua están dadas las condiciones ideales para que –como sucedió cuando la construcción de las represas de Itaipú y Yacyretá– se den los abusos financieros resultantes de cubrir sobrefacturaciones y sobornos a gran escala.
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En efecto, ahora se da la casualidad de que tanto el Gobierno del Paraguay como el de Argentina pueden mostrarse proclives a poner de acuerdo a ambas márgenes del Paraná para ofrecer ventajas a las empresas vinculadas con sus respectivos gobiernos. Por ejemplo, aquí el padre del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, es un fuerte empresario vial que hizo su fortuna en la construcción de la represa de Itaipú y que hasta ahora mantiene importantes contratos con el Estado.
A su vez, en la Argentina, el padre del presidente Mauricio Macri es un gran empresario vinculado con obras públicas. Si a esto agregamos que la empresa favorita de la administración argentina en la EBY para contratos de montaje electromecánico ha sido históricamente Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (IMPSA), están dadas las condiciones para que, consorciada como está actualmente con la empresa paraguaya CIE para reparación y mantenimiento de turbinas de la central, sean ambas las escogidas para el montaje electromecánico del proyecto Aña Cua.
Así las cosas, no sería sorpresa que las obras civiles de la central de Aña Cua sean adjudicadas al conglomerado empresarial paraguayo Conempa –del que el padre del ministro de Obras Públicas paraguayo es socio– consorciado con empresas argentinas de construcción civil.
Mientras tanto, el director general paraguayo, ingeniero Ángel María Recalde –propuesto por el ministro Ramón Jiménez Gaona para su actual cargo–, ya ha reconfirmado el anuncio hecho por su par argentino, Humberto Schiavoni, en el sentido de que están totalmente listos los pliegos de bases y condiciones para los llamados a licitación, tanto de las obras civiles como de montaje electromecánico, así como de los equipos componentes, como turbinas y generadores.
Esta desagradable noticia significa que ya está todo decidido en cuanto a la maquinización del brazo Aña Cua, a pesar de que hasta ahora la opinión pública paraguaya no sabe bajo qué condiciones el Gobierno del presidente Horacio Cartes ha negociado el interés nacional, más aún teniendo en cuenta que, como el proyecto es independiente del Tratado de Yacyretá y se localiza por entero en territorio paraguayo, aunque sea un “joint venture” binacional por mitad entre ambos países, el mismo debe estar bajo soberanía paraguaya, y que, como sociedad comercial, se debe regir por las leyes paraguayas.
En resumen, el inminente peligro que corre el Paraguay es que arreglar las cuentas de Yacyretá puede demorar mucho tiempo y este proyecto de Aña Cua está aquí, a mano. Entonces, las cosas apremian para el entorno de Horacio Cartes porque no sabe si este va a continuar o no después del 2018, por lo que piensa que Aña Cua no debe perderse, y ejerce presión sobre el Presidente para que, contra los intereses paraguayos, firme el fatídico contrato.
Por lo tanto, el presidente Horacio Cartes está ante un dilema muy delicado: o rechaza de plano cualquier contrato que su entorno le quiere hacer firmar aceptando las obras de Aña Cua, o lo firma teniendo en vista abundantes coimas para repartir en estos dos años de campaña electoral con miras al 2018.
Si hace lo último, pasará a la historia como un traidor a la patria.