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La Constitución Nacional, juntamente con los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, además de las leyes, integran el derecho positivo nacional.
Históricamente, ha sido raro que el Senado de la República rechace un Tratado. Sin duda, el antecedente más relevante lo constituye el rechazo del Tratado Decoud-Quijarro firmado el 15 de octubre de 1879, por el cual era transferido a Bolivia más de la mitad del Chaco paraguayo en aras de una supuesta conveniencia económica propiciada por el presidente Cándido Bareiro.
En los últimos tiempos, la excepción ha sido una de las tres notas reversales firmadas por el gobierno del general Andrés Rodríguez con el de Raúl Alfonsín de Argentina el 9 de enero de 1992, que virtualmente invalidaba el Tratado de Yacyretá en cuanto a los derechos que correspondían al Paraguay en el emprendimiento hidroenergético binacional.
A los ya mencionados cabe agregar otras dos notas reversales suscritas por los gobiernos de ambos países sobre la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) puestas a consideración del Senado de la República, pero prestamente retiradas por el Poder Ejecutivo ante la inminencia de su rechazo. La primera de ellas, relativa al “Preacuerdo Técnico” convenido por el gobierno de Nicanor Duarte Frutos con el de su par argentino Néstor Kirchner en 2006, con el presente griego de la “novación” por el que se entregaba a la Argentina la mitad de la electricidad de la usina hidroeléctrica binacional por 44 años al irrisorio precio de US$ 17,8/MWh. Todo supuestamente con la finalidad de “sanear” la corrupta administración conjunta de la EBY, al decir del presidente argentino. El segundo documento rechazado se refiere al acuerdo de “cogestión”, modificatorio del Anexo A del tratado, convenido por el gobierno del presidente Horacio Cartes con el saliente de Cristina Fernández de Kirchner en 2016.
Se aguarda ahora que el Poder Ejecutivo remita a la aprobación del Senado la nota reversal que plasma el acta de entendimiento suscrita en junio pasado por los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri, que representa el tercer intento del gobierno argentino por “blanquear” el “monumento a la corrupción”, como acertadamente calificó a la EBY el expresidente de ese país, Carlos Menem. Acuerdo leonino –como todos los impulsados por las autoridades argentinas– que abiertamente tiene como “premio” a recibir para nuestro gobierno, la concreción de la tan esperada y apetecida torta de la maquinización del brazo Aña Cua, cuyo costo, inicialmente previsto de US$ 240 millones en 1998 y US$ 400 millones con el preacuerdo de 2006, podría llegar a unos US$ 600 millones según las autoridades de la EBY. Este costo por capacidad instalada duplicaría largamente a los registrados en las usinas hidroeléctricas instaladas en países de la región, como Brasil. Colombia, Ecuador y Chile; un récord de corrupción que lo consagraría como perfecto “anexo” al monumento ya conocido de la presa principal.
En un emprendimiento comercial bilateral como el que configura la EBY, quien se lleva la parte del león –la Argentina– no tiene ningún interés en cambiar la situación de máxima ventaja por consideraciones ideológicas de altruismo o de amor al prójimo; le conviene mantener el statu quo que prevalece en la EBY. Eso le asegura la nota reversal que recoge lo convenido por los presidentes Cartes y Macri. ¿Por qué, entonces, Paraguay tiene que aceptar un acuerdo que, en vez de restituirle las compensaciones a que tiene derecho por los perjuicios ocasionados por el embalse de la represa, y la desigual distribución de beneficios devengados en la explotación de la misma desde que ella entró en operación, más bien los va a legitimar?
La respuesta es clara y categórica: porque, al igual que sus predecesores, el presidente Horacio Cartes y sus adláteres han optado por aceptar la pretensión argentina de seguir administrando la usina binacional como suya propia a cambio de algún oscuro arreglo bajo cuerda, como lo será la tajada que obtendrán los participantes cuando se cocine la torta de Aña Cua, en el último año de su Gobierno.
Hasta tal punto esta presunción es creíble que, ante la eventualidad de que el Senado de la República, como corresponde, rechace por lesiva a los intereses nacionales la nota reversal del acta de entendimiento suscrita por ambos gobiernos, el director paraguayo de la EBY, Ángel María Recalde, se ha adelantado a lanzar el globo sonda de que próximamente la entidad binacional va a lanzar la licitación para la maquinización del brazo Aña Cua, sin esperar la previa aprobación parlamentaria del pertinente acuerdo de gobierno a gobierno.
Con este tanteo, el presidente Cartes quiere auscultar el ánimo de la ciudadanía, a fin de evaluar las eventuales consecuencias de correr el albur de autorizar inconstitucionalmente que la EBY lance la licitación para la maquinización de Aña Cua.
Si lo hace, los estamentos democráticos de la sociedad civil deben estar atentos para alzarse de nuevo en defensa de la Constitución, y el Congreso iniciarle un juicio político por mal desempeño de funciones al incurrir en una flagrante violación de la Constitución Nacional al puentear al Poder Legislativo en un acuerdo internacional que compromete a la Nación.