Dentro de pocos días se cumplirán tres años del plazo previsto en el Tratado de Yacyretá para la revisión del Anexo C del mismo, sin que hasta la fecha nuestros negociadores hayan acordado con sus pares argentinos ningún punto de la agenda prevista para clarificar las cuentas de la entidad, y así poner fin a la debacle financiera y administrativa que la acogota desde su inicio. Es enteramente comprensible que los argentinos no demuestren interés en alcanzar un acuerdo que ponga fin al statu quo prevaleciente en la administración de la usina, pues ello les favorece. Lo inadmisible es que nuestros representantes se amolden mansamente a esa estrategia dilatoria de sus pares, bailando al compás de su música en vez de insistir en el arreglo que corresponde desde el punto de vista de los intereses del Paraguay.
Por lo visto, el gobierno del presidente Horacio Cartes tiene poco interés en reivindicar el derecho de soberanía de nuestro país, arbitrariamente conculcado en la usina binacional por culpa de los corruptos gobernantes que le han antecedido, quienes, a cambio de pingües sobornos, entregaron a los argentinos la discrecional administración de la misma, con el catastrófico resultado que está a la vista, tremendamente perjudicial para el Paraguay.
Sin embargo, desde que asumió el poder, el presidente Cartes y su círculo político más cercano pusieron la mira en la gallina de los huevos de oro, esa que por un pelito se le escapó de las garras a su angurriento predecesor, Nicanor Duarte Frutos: la construcción de una nueva central hidroeléctrica en el brazo Aña Cua del río Paraná, que de un supuesto costo inicial de US$ 400 millones, con las “modificaciones” y “ajustes” de rigor, seguro que llegará a más de US$ 1.000 millones largos, dejando por el camino una sarta de coimeros convertidos en multimillonarios.
De entrada, la más clara evidencia del interés del presidente Horacio Cartes y sus paniaguados de concretar sí o sí con el gobierno de Mauricio Macri el fallido proyecto de los presidentes Nicanor Duarte Frutos y Néstor Kirchner de 2006, fue el nombramiento del cuestionado ingeniero Ángel María Recalde como director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). En aquel tiempo, este infiel paraguayo ocupaba el mismo cargo, habiendo sido el principal impulsor del denominado “Preacuerdo Técnico de Yacyretá”, que incluía, entre otras cosas, el nefasto acuerdo de “novación” –la entrega a la Argentina de la energía paraguaya de Yacyretá por 42 años, al ridículo precio de US$ 17 el MW/h–, así como la maquinización del brazo Aña Cua, que fue sometido a la aprobación del Senado, pero retirado prestamente por el Poder Ejecutivo ante la inminencia de su no aprobación por los legisladores.
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Para disimular su desinterés en la revisión del Anexo C del Tratado y ganar tiempo para finiquitar el proyecto de Aña Cua, el equipo negociador paraguayo, encabezado por el secretario general de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira, junto con el canciller nacional, Eladio Loizaga, sorprendió ingratamente a la ciudadanía con la firma de la Nota Reversal 6/14, modificatoria del Anexo A del Tratado; un verdadero “parto de los montes” que hasta ahora el Poder Ejecutivo no se anima a presentar de nuevo al Senado ante la seguridad de su rechazo.
Tras esta desagradable información, en todo el tiempo transcurrido desde el inicio de las conversaciones, los voceros del equipo negociador paraguayo se han pasado esgrimiendo el manido pretexto de que la revisión del Anexo C es necesariamente lenta por la dificultad de revisar los asientos contables de la entidad, así como la disparidad de criterios entre las partes en cuanto a la deuda con el Tesoro argentino, misión para la cual justamente fueron nombrados.
Así las cosas –tal como ocurrió con la nota reversal de “cogestión”–, recientemente el director ejecutivo argentino, Humberto Schiavoni, llamó la atención de la opinión pública paraguaya con el anuncio de que “hay un completo acuerdo con los socios de Paraguay para incrementar la potencia de la represa”, con referencia al proyecto del brazo Aña Cua. Sucede que este tema nada tiene que ver con el objeto de la negociación entablada para la revisión del Anexo C del Tratado, sobre el cual el gobierno de Horacio Cartes había jurado y rejurado que ningún proyecto energético sería convenido antes de que se finiquitara la revisión del Anexo C, con la puesta en orden de la administración y finanzas de la EBY, de conformidad con el Tratado.
Por su parte, tanto el canciller Loizaga como el director paraguayo de la EBY, a su turno, reafirmaron que la posición del Gobierno paraguayo continúa invariable, en el sentido de que ninguna obra será ejecutada en el ámbito de la EBY hasta tanto se llegue a un acuerdo sobre la deuda de la entidad. Sin embargo, como de paso, llamativamente admitieron que, ínterin prosiguen las tratativas, se han finiquitado los pliegos de bases y condiciones para llamar a licitación internacional la maquinización del vertedero de Aña Cua, pero que la misma “no será lanzada” mientras no se llegue a un acuerdo sobre los asientos contables de la EBY.
Hay una evidente contradicción en las declaraciones de los representantes del Gobierno paraguayo. ¿Cómo pudo ser posible llegar a un “completo acuerdo” sobre la obra del vertedero Aña Cua sin que antes se hayan “saneado” la administración y las finanzas de la entidad, habida cuenta de que cualquier acuerdo sobre el proyecto depende necesariamente de los términos del arreglo a que se llegue allí? Esto indica que el “acuerdo” ya está listo sin que hayan sido aclaradas la administración y las finanzas de la EBY e, incluso, no sería raro que algo al respecto sea firmado la próxima semana durante la visita del presidente argentino, Mauricio Macri, a Asunción, anunciada por el canciller Loizaga.
Como indicio cierto de que todo ya estaría cocinado, también se inició la campaña de propaganda para que el llamado a licitación de Aña Cua sea realizado sin arreglarse las cuentas de Yacyretá, pues es de sospechar que con ese objetivo es que el ingeniero Recalde, sutilmente, largó que “ya está lista” la documentación técnica para construir Aña Cua, cuya licitación sería lanzada cuando cierren un “acuerdo”; no dice “cuando las cuentas estén aclaradas”.
Todo eso apunta a que el gobierno de Horacio Cartes podría estar en camino de volver a cometer una traición a la Patria como todos los anteriores, entregando miserablemente a la Argentina los intereses del Paraguay en el río Paraná.