La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) afirma que el aumento tarifario que está estudiando le permitirá obtener recursos para financiar las obras de infraestructura necesarias para atender la creciente demanda de electricidad y modernizar la obsoleta red del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Se trata de un mero pretexto para meter otra vez las manos en los bolsillos de los usuarios, ya que la empresa estatal tiene la posibilidad –y la obligación– de obtener esos recursos apelando a medios a su fácil alcance como, por ejemplo, poniendo fin a su descomunal despilfarro administrativo y financiero, así como a las multimillonarias pérdidas anuales provocadas por las conexiones clandestinas y el “lavado de cuentas” por deshonestidad de sus funcionarios, entre otras cosas.
Puede estimarse que, si acabaran sus despatarros gerenciales, la ANDE podría disponer de más de 2.000 millones de dólares en el lapso de una década, sin recurrir a aumentos tarifarios.
Durante el bienio 2013-2014, el ente recibió del Estado 300 millones de dólares para gastos de inversión, provenientes de la emisión de bonos soberanos, que no le servirán de mucho mientras no mejore sustancialmente su capacidad de gestión. Es inmoral que, en vez de sanear la empresa estatal, pretendan tapar los agujerazos provocados por la corrupción y la incapacidad dentro de ella imponiendo mayores costos a los consumidores.
Si es cierto que esto es un “nuevo rumbo” como afirma el Gobierno, debe mantener invariable la tarifa eléctrica y ordenar una profunda reforma estructural de la ANDE para volverla eficiente como debería ser. Esta debe incluir, por cierto, la creación de un ente regulador de la política energética, contemplado en un proyecto de ley que duerme en los archivos del Congreso porque los voraces sindicalistas, que se creen los dueños de la empresa estatal, quieren seguir medrando a costa del Estado. Sin dicho organismo, será imposible atraer inversión extranjera directa en el sector eléctrico, ni la ANDE por sí sola, con la ineficiencia y la corrupción que la carcomen, podrá atender la demanda de electricidad que la industrialización del país y el crecimiento de la población requieren ya desde hace rato, y menos de lo que requerirán a corto y mediano plazos.
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En concreto, la ANDE carece de la infraestructura adecuada para transportar y distribuir la energía eléctrica con toda seguridad, algo que para el sector industrial resulta imprescindible. Al no estar en condiciones de poder utilizar esta inmensa riqueza, nuestro país se ve forzado a malvenderla a sus socios de las entidades binacionales. Por eso, nuestro diario suele comparar esta lamentable situación con la de un mendigo sentado sobre un cofre lleno de oro.
La reforma integral de la ANDE debe incluir la eliminación del privilegio indebido de que gozan sus casi 3.000 funcionarios. En tal sentido, la Contraloría General de la República informó hace poco que el año pasado la empresa dejó de percibir 6.656 millones de guaraníes solo porque sus funcionarios y jubilados, o sus viudos/as o concubinos/as, pagan la mitad de la energía eléctrica que consumen cada mes. Una injustificable casta privilegiada frente al resto de la sufrida población del país. Al notable injusto descuento tarifario deben agregarse los pagos ilegales a funcionarios con cargo de jefatura y al personal “prevenido”, así como el beneficio adicional por peligrosidad y el de ayuda alimentaria para unos 2.300 contratados.
Si el Gobierno reajusta la tarifa sin exigir que la ANDE tome las medidas de austeridad que corresponden mientras exige a la población que se ajuste los cinturones, demostrará que prefiere expoliar a los indefensos consumidores antes que malquistarse con los prepotentes sindicalistas. La reforma de la empresa estatal debe ser amplia, pues una parcial solo terminará favoreciendo a los políticos camanduleros y a los gremialistas haraganes. No basta que el decreto reglamentario de la vigente Ley del Presupuesto General de la Nación prohíba a las empresas estatales modificar los salarios, contratar nuevo personal y comprar vehículos sin la autorización del Consejo de Empresas Públicas, ni que les obligue a remitirle los informes y avances previstos en los contratos de gestión por resultado. Los parches aplicados para paliar despilfarros administrativos y negligencias operacionales no son medidas transformadoras sino engañosas, buscando dar la impresión de que algo se está haciendo y de que hay deseos de mejorar las cosas.
Se presume que el Gobierno aceptará el “rebalanceo tarifario” propuesto, pues en las altas esferas se habla –sin que se le encuentre relación– de que ello permitirá “controlar” mejor el desempeño de la ANDE. Hay que ser bastante ingenuo para creer que ese “control” surtirá algún efecto mientras la empresa estatal siga manejada por una claque de sindicalistas y profesionales aprovechadores y prepotentes, porque los gobiernos de turno siempre les han tolerado sus fechorías. La cuestión no es controlar, sino reformarla a fondo para que el sector eléctrico contribuya eficazmente al desarrollo nacional y para que la población deje de sufrir los cortes en el servicio cuando aumente la temperatura o se desate una simple tormenta, en un país que comparte dos de las mayores represas hidroeléctricas del mundo.
No existe razón para que la ANDE aumente sus tarifas, y mal haría el Gobierno en aceptarle su propuesta. Debería, más bien, enviarle una intervención para ver qué hace con el gigante monto de dinero del pueblo que recibe todos los meses.