Los audios que salieron profusamente a la luz pública confirmaron varios asuntos que eran vox populi: que la Justicia está podrida hasta los tuétanos, que los políticos la manejan a su gusto y paladar, y que el senador colorado cartista Óscar González Daher, desde su poderoso cargo de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), practica un repugnante tráfico de influencias en favor de sus partidarios políticos y allegados, manteniendo de rodillas a magistrados de la Corte Suprema, jueces y fiscales.
La Constitución prohíbe a los miembros de los poderes Legislativo y Ejecutivo “intervenir de cualquier modo en los juicios”, pero este impresentable personaje no tiene reparos en meter desembozadamente sus sucias manos en una serie de casos judiciales, con la activa participación del secretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann.
Una breve referencia a algunos de los repudiables diálogos servirá para que nuestros lectores tengan mejor idea de la calaña de este “representante del pueblo”, y de la presión y chantaje que ejercía sobre los integrantes de la magistratura, cuya integridad tenía el deber de defender.
En uno de ellos, Fernández Lippmann le informa que se está haciendo un “seguimiento” del caso del contralor general de la República, el “buen aliado” Enrique García, denunciado por no haber recurrido un laudo arbitral que perjudicó a la Municipalidad de Asunción, cuando él fungía de asesor jurídico de la Comuna.
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En el caso del cuestionado exintendente colorado de Mariano Roque Alonso Walberto Zárate, procesado por el delito de lesión de confianza, el descarado senador telefonea a la jueza interviniente para que lo “ayude”. Se advierte también que el exintendente colorado de Lambaré Roberto Cárdenas suele visitar al inescrupuloso senador para hablar de la causa en la que está acusado de una enorme sobrefacturación.
En otro de los elementos que tomaron estado público, el secretario del JEM le informa a González Daher que la fiscala Nancy Salomón “se reportó” ante él para contarle que ya tenía preparada una imputación y preguntarle qué hacer, pues ella entendía “la línea” de ambos en la disputa entre las firmas JEM SA y Daruma SAM, oferentes en una licitación para explotar juegos de azar. Mayor sumisión, imposible.
En otro audio, el diligente Fernández Lippmann le informa a su jefe que ya le contó “la situación” de un caso determinado, que no menciona, al fiscal general adjunto Patricio Gaona, y califica de “muy buenas” a las fiscalas Genoveva Figueredo y Viviana Viveros, para atender un caso que era de interés del titular del JEM.
Particular relevancia tiene la conversación sobre el caso de estafa y lesión de confianza en el que está imputado Luis Emilio Saguier Blanco. Fernández Lippmann le cuenta al jefe que lo está llevando con el abogado Carmelo Caballero, y que la fiscala Teresa Rojas le armó un “quilombo a nuestro socio”. En vista de que la citada fiscala no habría actuado conforme a la “recomendación”, la respuesta del omnipotente senador fue que “esa está muerta; en esa (causa) nosotros estamos ahí metidos (...) estamos ahí ayudándole a un amigo; se extralimitó esta señora”. Así de sencillo: quien no obedece al titular del JEM, y con seguridad también a sus miembros, “está muerto o muerta”. Precisamente, la mencionada fiscala está siendo investigada por el Jurado, es decir, por el órgano presidido por quien ya la declaró “muerta” por tener él un interés en la causa.
Debe recordarse que el abogado Caballero, quien, como se ve, cuenta con la bendición del senador González Daher, también ejerce la defensa del senador liberal Enzo Cardozo, miembro del Consejo de la Magistratura e imputado por el delito de lesión de confianza por un valor total de 93.000 millones de guaraníes, de su época de ministro de Agricultura y Ganadería. Por supuesto, el caso del senador Cardozo está congelado.
Estos son apenas algunos de los numerosos casos incluidos en los audios que tuvieron estado público. Pero, a más de aquellos que revelan un descarado tráfico de influencias, hay uno que se refiere a una escandalosa repartija de dinero hecha en el propio domicilio del senador González Daher. En medio de una prolongada carcajada, como si se tratara del mejor chiste del mundo, Fernández Lippmann habla de paquetes de dinero que estaban disponibles en el lugar, y que él se vio agraciado con tres de dichos paquetes, que contenían 10 millones de guaraníes cada uno. ¿Retribución al subordinado por sus gestiones en el tráfico de influencias por el que el jefe fue recompensado?
Pero González Daher no solo ejerce coacción en el ámbito de la Justicia, ya que recientemente, en el marco de la campaña política del movimiento Honor Colorado, amenazó públicamente a funcionarios de la Dinac con que serían destituidos si no apoyaban a los precandidatos del “nuevo rumbo”.
Este apestoso asunto será objeto de una pesquisa dispuesta por el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, que, así como vienen siendo las cosas, sin duda va a ser obstruida por el propio investigado. También será el tema de una sesión extraordinaria prevista para hoy en la que el Senado decidirá si a ese verdadero delincuente se le aplica o no una suspensión de dos meses, sin goce de sueldo, y exigir al fiscal general una investigación penal del caso, según la presentación correspondiente.
¿Será todo el castigo ante tan grave actuación? Los dos meses sin sueldo no afectarán en absoluto a González Daher, a juzgar por las voluminosas sumas que tan generosamente distribuía entre sus allegados en su propio domicilio. Además, en solo dos meses ya podrá volver a ocupar su cargo de titular del JEM, con los mismos vicios, lo que implica que inmediatamente podrá recuperar lo perdido, suponiendo que sus groseras intervenciones para torcer la vara de la Justicia no han de resultar muy baratas.
Por lo demás, poco es lo que se puede esperar de la investigación fiscal, cuyo resultado demorará todo lo necesario para que González Daher sea reelecto senador en los próximos comicios y de allí resurja más poderoso que nunca. Si los senadores que se reunirán hoy tienen aún una pizca de patriotismo, no deben dudar en enviar a la cuneta al desfachatado senador colorado, aplicándole la sanción de pérdida de investidura por “uso indebido de influencias fehacientemente comprobado”, como está previsto en el art. 201 de la Constitución.
Es una magnífica oportunidad, por tanto, para que una mayoría de senadores deje de lado la complicidad delictiva, el espíritu de cuerpo criminal que con frecuencia aplican, y decida, como primer paso, apartar de su seno a esta manzana podrida que inficiona con tanta desvergüenza a dos poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial, con la bendición del Ejecutivo.