Luego de estar prófugo durante diez días, el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón compareció ante la fiscala Carmen Gubetich para prestar declaración indagatoria en la causa que se le abrió por el delito de enriquecimiento ilícito. Desde luego, se declaró inocente, al igual que su esposa, María Selva Morínigo, imputada por el hecho punible de lavado de dinero y ya recluida en la cárcel capitalina de mujeres.
Con buen criterio, el juez Julián López ordenó la prisión preventiva del encausado, para impedir que vuelva a fugarse. El matrimonio no puede justificar ingresos por valor de más de seis mil millones de guaraníes, acumulados desde 2013 hasta 2017, cuando Díaz Verón dirigía el Ministerio Público.
Ejerció el cargo desde noviembre de 2011 hasta el 23 de enero de este año, cuando pidió permiso debido a la investigación fiscal abierta y a la inminencia de un juicio político. Se entiende que su gestión haya sido deplorable, pues abundan los indicios de que en dicho lapso se dedicó, sobre todo, a aumentar su patrimonio y a practicar el nepotismo.
Hay que admitir que su conducta fue coherente, dado que lo extraño hubiera sido que persiguiera a quienes hacían lo mismo que él. Solo excepcionalmente, como en el caso del exdiputado José María Ibáñez, el Ministerio Público actuó de oficio ante las revelaciones periodísticas de malversaciones diversas. En general, hubo que esperar alguna denuncia formal para que el Ministerio Público actuara, con suma lentitud, en el mejor de los casos. Se practicaba el "cajoneo" de las carpetas fiscales cuando ellas afectaban a peces gordos de la política, de la magistratura o de otros importantes órganos. Desde luego, el tráfico de influencias estaba a la orden del día, según se desprende de los audios filtrados en diciembre de 2017. La demostración más acabada de la inoperancia o complicidad del órgano que lideraba Díaz Verón es que la corrupción no disminuyó en absoluto durante su pésima gestión. No solo desempeñó muy mal sus funciones, sino que también, como todo parece indicar, lucró con la función pública.
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El enriquecimiento ilícito es un delito que resulta de la comisión de otros, como el soborno o cohecho pasivo agravado, el tráfico de influencias o el latrocinio liso y llano. Es decir, a lo largo de los años en que fungía de fiscal general del Estado, el hoy recluido habría perpetrado fechorías varias, entre las que habría que incluir el lavado de dinero presuntamente cometido por su cónyuge a instancias suyas, obviamente para disimular sus notables ingresos. Es decir, el Ministerio Público habría estado en manos de un delincuente rutinario, que no estaba en condiciones morales de luchar contra el crimen.
Como hubo un cambio de Gobierno, no debe excluirse que, de pronto, los jueces se vuelvan rigurosos y apliquen la ley como corresponde, aunque sea por algún tiempo. En tal sentido, se podría confiar en que Díaz Verón llegue a un juicio oral y público, es decir, que las sistemáticas chicanas que podría plantear para evitarlo sean rechazadas de inmediato y su defensor sancionado, como corresponde. Que al menos en esta ocasión no se repitan las escandalosas maniobras dilatorias del senador Víctor Bogado y los hoy "parlasurianos" Enzo Cardozo y Milciades Duré, entre otros, toleradas por la Justicia.
Se trata de una prueba de fuego para la Administración de Justicia, que la ciudadanía observará con suma atención. Su hartazgo ante tantos escándalos está llegando a un límite. En verdad, resulta indignante que tanto sus representantes –legisladores como Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto– como quien debe auditar el uso del dinero público –el contralor Enrique García– permanezcan en los cargos que deshonraron a nivel de trapo de piso.
Aunque ya haya abandonado el suyo, forzado por las circunstancias, la eventual impunidad de que llegue a gozar Díaz Verón será un atropello más no solo al Código Penal, sino también a la moral pública.
El ex fiscal general del Estado se dijo inocente, pero la fuga que emprendió hace suponer lo contrario, reforzando los muy serios indicios que pesan sobre él. Si las pruebas arrimadas por el Ministerio Público son convincentes, como parecen serlo, debe ser condenado pero no como un simple chivo expiatorio. En efecto, la Justicia tiene el deber de redimirse ante el pueblo, mandando a prisión a todos los que delinquen en un cargo público, para lo cual es imprescindible que los agentes fiscales hagan su trabajo como corresponde. También deben devolver el dinero robado, que, a juzgar por los datos aportados con relación a Díaz Verón, es cuantioso.
Los ciudadanos y las ciudadanas deben poner sus ojos en este caso, en especial sobre la actuación que les quepa a los jueces y fiscales que lo manejan, con quienes hasta hace poco se codeaba el ex fiscal general del Estado, y por aquello de que "entre bueyes no hay cornadas". Es hora de aplicar las penas que correspondan a quienes robaron el dinero que pertenece al pueblo.