Asaltan el Presupuesto

Según establece la Constitución, el Ministerio de Hacienda elabora el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación a ser presentado al Congreso, con la firma del jefe del Poder Ejecutivo, a más tardar el 1 de septiembre de cada año. El documento es sometido a estudio por una Comisión Bicameral, que presenta un dictamen a cada una de las Cámaras, a más tardar el 30 de octubre. Y bien, el 19 de septiembre último, el ministro de Defensa, general (r) Bernardino Soto Estigarribia, y el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, comparecieron ante la Comisión Bicameral no precisamente para defender el proyecto de ley en lo referido a sus respectivos órganos. Al contrario, por estimar que las sumas asignadas a ellos son insuficientes, el ministro de Defensa pidió unos 25 millones de dólares más, y el de la Senad, unos 6,8 millones, lo que implica, en lo que respecta a esta última entidad, una duplicación del monto que se le asignó, sin perjuicio de reconocer que la misma está realizando un buen trabajo.

Con este proceder, ambos funcionarios desautorizaron al propio presidente Mario Abdo Benítez, repitiendo la vieja y deplorable práctica de que los jerarcas de las diversas reparticiones del Poder Ejecutivo muestren su desacuerdo con lo propuesto por su jefe.

Como esta indisciplina gubernativa resulta escandalosa, es plausible que el titular de la cartera de Hacienda, Benigno López, haya llamado al orden a los peticionantes, recordándoles que los ingresos adicionales no se pueden inventar y que la Ley de Responsabilidad Fiscal debe ser acatada.

No parece tan encomiable, en cambio, que haya disculpado a los dos funcionarios con el argumento de que no asistieron a la sesión del Consejo de Ministros en la que el Presidente de la República habría instado a atender el tope del déficit fiscal. Debe presumirse que ellos conocen el art. 18 de la Ley de Administración Financiera del Estado, que reza: “Las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo en materia presupuestaria se mantendrán exclusivamente a través del Ministerio de Hacienda, el que podrá proponer modificaciones al Proyecto de Presupuesto después de presentado, siempre que existan razones fundadas y el respaldo económico requerido para tales modificaciones” (las negritas son nuestras). O sea que el pésimo hábito en cuestión implica no solo una falta de respeto a quienes propusieron al Congreso el Presupuesto nacional, sino también –y sobre todo– una violación de la norma citada. Es inadmisible que se ignore la ley y se ningunee tanto al Jefe de Estado como al ministro de Hacienda.

Benigno López quiere creer “que no va a ser una costumbre que todos vayan a solicitar una ampliación presupuestaria que no tiene recursos para ser financiada”, porque si se atendieran todos los pedidos de los ministerios y de las entidades se necesitarían unos 1.200 millones de dólares adicionales.

Cabe recordar que el art. 17 de la ley referida dispone que las ampliaciones presupuestarias hechas al proyecto de ley deben “prever específicamente su fuente de financiamiento”. Es improbable que los ministros Soto Estigarribia y Giuzzio hayan dicho a la Comisión Bicameral de dónde podría salir el dinero para satisfacer sus demandas, pero también que los legisladores les hayan hecho esa simple pregunta.

Se suele criticar que el Congreso aumente el gasto público sin considerar la cobertura financiera necesaria, pero al mismo tiempo se pasa por alto que muchas veces es incitado desde el propio Poder Ejecutivo, donde se originó el proyecto de ley. Suele decirse que los pedigüeños no pocas veces se han salido con la suya gracias a la “generosidad” de ciertos parlamentarios, quienes, a su vez, requieren a cambio plazas para sus paniaguados.

La historia se repite a la hora de solicitar las rutinarias ampliaciones presupuestarias posteriores a la promulgación de la ley. Por cierto, esas iniciativas no siempre conllevan la intervención previa del Ministerio de Hacienda, ya que los interesados pueden tener una “línea directa” con uno o más parlamentarios influyentes, siempre mediante el mecanismo de intercambio de favores.

De esta manera, el Presupuesto nacional termina siendo un engendro en el que han intervenido no solo el Ministerio de Hacienda y el Congreso, sino también quienes han cabildeado, cada uno por su lado, para quedarse con más recursos. Por la contundente razón de hecho que implica la falta de dinero, la ley aprobada resulta en buena medida una mera expresión de deseos.

Según la Carta Magna, los ministros deben actuar en sus respectivas carteras “bajo la dirección del presidente de la República”, pero los antes nombrados escaparon a ella al exponer sus pretensiones directamente ante la Comisión Bicameral. La Ley Suprema también dice que el Consejo de Ministros debe “coordinar las tareas ejecutivas, impulsar la política del Gobierno y adoptar decisiones colectivas”, pero es evidente que desde hace mucho tiempo, en lo que hace al Presupuesto nacional, no existe coordinación alguna, ni política común ni decisiones colectivas.

El Presupuesto nacional debe responder a un programa de Gobierno coherente. No se lo debe echar en gorra cada vez que aparece un nuevo comensal. Para evitarlo, el Presidente de la República debe ejercer su liderazgo, impidiendo el comportamiento anárquico de sus subordinados, con la Constitución y la Ley de Administración Financiera del Estado en la mano.