Asqueroso “fato” en la Municipalidad

El zarpazo económico que el actual contralor general de la República, el abogado José Enrique García, en su época de asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, le propinó a la institución que asesoraba es, cuando menos, de 18.975.014.366 guaraníes (unos 3,6 millones de dólares), correspondientes a la suma que el laudo arbitral que definió la controversia entre la Comuna capitalina y la empresa privada Ivesur dispuso que aquella indemnice a esta. Al exasesor jurídico municipal García “se le olvidó” apelar el laudo, con lo cual la obligación aludida quedó firme y la Municipalidad en estado de indefensión. Lo que sucedió fue que García “se hizo el oso” a propósito y dejó pasar la oportunidad de apelar, con lo cual la Municipalidad –o sus contribuyentes– deben abonar la abultada suma señalada. Pero no es todo, porque un juicio de esas características y con ese monto puede generar al menos un veinte por ciento de honorarios profesionales. Y aquí radica el “quid” de la cuestión: el monto es suficientemente atractivo para que los abogados de ambas partes concierten una componenda para repartirse el dinero. Pero hay algo que marcha peor: el abogado García es actualmente nada menos que contralor general de la República.

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El zarpazo económico que el actual contralor general de la República, el abogado José Enrique García, en su época de asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, le propinó a la institución que asesoraba es, cuando menos, de 18.975.014.366 guaraníes (unos 3,6 millones de dólares), correspondientes a la suma que el laudo arbitral que definió la controversia entre la Comuna capitalina y la empresa privada Ivesur dispuso que aquella indemnice a esta.

Al exasesor jurídico municipal García “se le olvidó” apelar el laudo, con lo cual la obligación aludida quedó firme y la Municipalidad en estado de indefensión. El infiel asesor jurídico aseguró que sí se había recurrido la resolución, pero el escrito correspondiente no apareció en la secretaría donde debió ser entregado, omisión culposa que fue confirmada en más de una oportunidad por los funcionarios judiciales involucrados.

En menos palabras, lo que sucedió fue que García “se hizo el oso” al propósito y dejó pasar la oportunidad de apelar, con lo cual se consolidó la situación, y ahora la Municipalidad de Asunción –o sus contribuyentes– deben abonar la abultada suma señalada anteriormente.

Pero no es todo, porque un juicio de esas características y con ese monto puede generar al menos un veinte por ciento de honorarios profesionales. Y aquí radica el “quid” de la cuestión: el monto es suficientemente atractivo para que los abogados de ambas partes concierten una componenda para repartirse el dinero, lo que explica la actual situación.

En medio del debate que siguió a este resultado, hubo alegaciones, excusas y acusaciones oscuras e imprecisas, y hasta una denuncia por cohecho pasivo que habría sido cometido por enviados de la Municipalidad que habrían ofrecido veinte millones de guaraníes en la mesa de entrada de la secretaría donde radica el expediente, para que se reciba antedatado el famoso escrito de apelación omitido, según relató Martha Machuca, coordinadora de Mesa de Entrada del Poder Judicial.

Del lío que exprofeso armaron los abogados de la Municipalidad capitalina para ver de introducir más confusión en el caso y así intentar salvar algo de la reputación de su exjefe, y la de ellos mismos, surgió la versión de los afectados de que la apelación habría sido presentada, para lo cual exhibieron una constancia de que el escrito correspondiente había sido recibido, el cual fue tenido por apócrifo en virtud de las resoluciones de los tribunales de apelación, primera y quinta sala.

En definitiva, y para no abundar más en los detalles de este chanchullo y de este modo facilitar las dudas que los representantes de la Municipalidad pretenden introducir en este “affaire”, lo cierto y concreto es que hay demasiados elementos de juicio para afirmar que entre los abogados de la empresa Ivesur y el exasesor jurídico y otros abogados de la Municipalidad de Asunción hubo un acuerdo para que este último omitiera apelar la condena arbitral, con lo cual el pleito quedaba concluido y los que tenían que cobrar algo quedaban habilitados para exigir de inmediato la satisfacción de sus cuentas. ¡Gran negocio para todos! Excepto, naturalmente, para los contribuyentes asuncenos.

Pero hay algo que marcha peor: el que habría sido directamente culpable de la omisión culposa de abstenerse de apelar, el abogado José Enrique García, es actualmente nada menos que contralor general de la República, cargo al que accedió gracias a una componenda entre los legisladores colorados “cartistas” y los de su partido, Avanza País, que es también el del intendente Mario Ferreiro y que cuenta con el apoyo o la alianza de unos cuantos concejales, encabezados por Federico Franco Troche y Elvio Segovia, que responden políticamente en forma directa al intendente y, por consiguiente, hay que inferir que sus opiniones e iniciativas comprometen también a este o provienen de su mismo mandato.

Llamativamente, el concejal Segovia se retiró de la sesión en que se debía decidir denunciar el caso ante la fiscalía penal, con cuya ausencia “justamente” no se alcanzó el número necesario de votos para que se tome esta determinación. Después, contrariando un dictamen del concejal Carlos Arregui, que encabezó una comisión especial que calificó a García de responsable de la evidente omisión culposa, los concejales Franco Troche y Segovia pergeñaron otro dictamen que ni siquiera nombra a José Enrique García y se limita a solicitar una auditoría externa del caso.

Ya sabemos cuáles son siempre las ocultas intenciones de quienes piden tiempo para realizar auditorías, crear comisiones de averiguación de hechos o sumarios especiales: perder tiempo, dar largas al asunto, confundir, enredar, procurar el olvido del caso. Como evidentemente esa es la intención del intendente Ferreiro y de los concejales Franco y Segovia, deberán ir desilusionándose, porque no les va a resultar tan fácil.

Hasta el momento, parece estar extremadamente claro que el exdirector de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Asunción, José Enrique García, habría cometido varios hechos punibles o permitido a algunos de sus subalternos que los cometieran; entre ellos, los de omisión culposa, adulteración de documentos judiciales, intento de soborno a una funcionaria y colusión con su contraparte para perjudicar a su cliente, y obtener, de este modo, provecho para sí mismo.

García tenía la obligación indeclinable de “velar por la economía y conservación del patrimonio público a su cargo”, como reza el inciso o) de la Ley de la Función Pública. También estaba sometido al Art. 296 de la Ley Orgánica Municipal, que establece que “El Intendente y los demás funcionarios municipales están sujetos a la responsabilidad civil y penal por incumplimiento de las disposiciones de esta Ley en el desempeño de sus funciones”.

Así, lo que cabe ahora es que la propia Municipalidad de Asunción acuse formalmente al actual contralor general de la República, José Enrique García, por omisión de obligaciones en el ejercicio del cargo que poseía y que, junto con el intendente, se haga responsable con sus propios bienes del perjuicio patrimonial que ocasionaron a la institución comunal en el caso “Ivesur”. De lo contrario, estaríamos ante un caso de “compincherismo” que en nada desmerecería a los sinvergüenzas que los precedieron en dichos cargos en administraciones anteriores, a los cuales estas personas dijeron desalojar electoralmente para imponer la honestidad y la eficiencia en el manejo de los intereses de la ciudad de Asunción y sus habitantes.

Los ciudadanos y las ciudadanas deben reclamar que este caso no quede en el olvido, para evitar que en la Municipalidad les continúen robando impunemente el dinero que aportan pagando sus impuestos.

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