El desatinado propósito gubernamental de afectar un predio del Regimiento de Caballería Nº 4 (RC 4) para instalar allí un barrio destinado a familias que ocupan una zona de la Chacarita actualmente incluida en la ampliación del proyecto “Costanera Norte” y sus obras complementarias no logró ser evitado mediante una ley del Congreso, pese a las advertencias sobre el grave perjuicio ambiental que tal obra causaría a Asunción.
Por suerte, una iniciativa oportuna de la diputada Fabiola Oviedo consiguió que su cámara apruebe recientemente otra propuesta legislativa que intenta salvar del proyecto fatídico al menos unas 32 hectáreas de las que tiene el predio, mediante una declaración legal que convierte al resto en área silvestre protegida, con la categoría especial de reserva natural bajo dominio privado, que dejaría al proyecto gubernamental solo con 23 hectáreas, salvando las demás, que corresponden a la parte más densamente boscosa y cercana al Jardín Botánico.
El “gran argumento” de los voceros del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Municipalidad de Asunción para encarar el proyecto habitacional inicial en un terreno que le resulta gratis (las tierras en la zona valen entre US$ 70 y US$ 100 el m²) fue que en el área escogida para las construcciones había pocos árboles y que, por tal motivo, no generará perjuicio ambiental.
La necedad de estos funcionarios les impide comprender que los árboles no son lo “único” que hay que proteger en materia ambiental, sino que un patrimonio mucho más amplio. Están comprometidas también la calidad del suelo y del aire, la salud del vecindario y, sobre todo, la eventual afectación del Jardín Botánico, considerando que las obras incidirán en su área de amortiguamiento.
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En otras palabras, metiendo allí viviendas para mil o dos mil familias se hará desaparecer para siempre un área natural, abierta, libre, con grandes potencialidades ecológicas para el futuro de Asunción, ese futuro en el que esta no será ya una ciudad de 600.000 habitantes como ahora, sino, quizás, de dos, tres o más millones.
Es de suponer que en el tal “Barrio San Francisco” no se erigirán solamente casas, sino que alcantarillados pluviales y sanitarios, calles pavimentadas, veredas y otras construcciones, además de que allí se realizarán actividades económicas que producirán efectos ambientales y sanitarios. Y ni siquiera hay garantías de que el barrio quedará equipado con los servicios comunales básicos, como el de recolección de desechos domiciliarios, y que, por tal motivo, se formarán en ese lugar nuevos vertederos clandestinos que afectarán directamente la calidad de vida de los zeballenses.
En resumen, lo que ahora es un amplio y hermoso predio verde, limpio, natural, incontaminado, con el barrio proyectado pronto será una mera reproducción de lo que ya conocemos de la Chacarita, una zona sucia, caótica y abandonada de toda forma de regulación y ordenamiento urbanísticos.
Para evitar esto será necesario que el MOPC, la Secretaría Nacional de la Vivienda y la Municipalidad de Asunción –que en el futuro estarán en manos de vaya a saber quiénes– tomen muy en serio al menos lo siguiente: educación intensiva y permanente de los beneficiarios del proyecto, provisión y mantenimiento puntual y eficiente de los servicios públicos básicos para impedir la contaminación ambiental y la insalubridad; además, la vigilancia del cumplimiento riguroso de las normas legales, sociales y urbanísticas de convivencia.
¿Están o estarán en condiciones tales autoridades para realizar estas tareas, para cumplir su rol en forma constante? Si observamos en las últimas experiencias de barrios, colonias y conjuntos habitacionales de origen estatal, lo que se ve es decepcionante, por lo que no queda más remedio que dudar mucho de que, después de construir este barrio, vayan a continuar ocupándose de él. Y esto es precisamente lo que, con toda razón, temen los vecinos del barrio Zeballos Cue, que se opusieron terminantemente al plan gubernamental, en la certeza de que, una vez construidas las casas, mudados sus nuevos habitantes y gastado todo el dinero público aplicado al proyecto, las autoridades se vayan a olvidar para siempre del asunto porque ya estarán “en otra” como enseñan muchos ejemplos anteriores.
Por lo tanto, hay que prever que el barrio proyectado no pase de ser –otra vez– una mera mudanza de una fracción de la Chacarita a otro lugar, con todos sus males actuales y sin más progreso que el cambio de las casuchas existentes por casas de material, que, con ser algo importante, es apenas una parte menor de todo lo que habría que hacer para que el proyecto tenga realmente el impacto social con el que ahora los interesados en la construcción están promocionándolo.
Este proyecto gubernamental denominado “Barrio San Francisco” ya nació torcido con salpicaduras de corrupción, cuando trascendió que Itaipú Binacional accedió, mediante uno de los famosos “convenios interinstitucionales”, a proveer dinero de sus “fondos sociales” al entonces decano de la Facultad de Ingeniería (UNA), Ing. Isacio Vallejos Aquino (posteriormente forzado por los estudiantes a renunciar), quien formó un equipo de profesionales para los trabajos preliminares de las obras, lo cual implicaba, además de eludir olímpicamente los concursos y otras obligaciones referentes a la igualdad de oportunidades y la transparencia, un montón de dinero en honorarios. Los fondos que se repartieron los recomendados de Vallejos fueron espectaculares: entre 25 y 35 millones de guaraníes por mes, cada uno. De modo que, de los 2.860 millones de guaraníes presupuestados en el acuerdo con la Itaipú, puede pensarse que nada menos que 2.646 millones se esfumaron inmediatamente en remuneraciones.
Todos estos antecedentes ya traen al malhadado proyecto del “Barrio San Francisco” con manchas de dudas y objeciones graves.
Lo lamentable de todo esto es que en Asunción y sus alrededores inmediatos hay numerosos predios que bien podrían servir a la finalidad social que se pretende sin necesidad de afectar las últimas reservas naturales que Asunción atesora, que deberían constituir el precioso legado que nuestra generación deje a la ciudad del futuro. Esos terrenos baldíos podrían haberse adquirido con el dinero que Itaipú regaló a los ingenieros amigos de Vallejos, y con otros fondos públicos que se dilapidan por medio de idéntico sistema de estafa, consistente en adelantar cifras multimillonarias a proyectistas, asesores, expertos, consultores, analistas, auditores y todo ese enjambre de buitres que revolotean alrededor de los proyectos públicos, enriqueciéndose gracias a la complicidad que con ellos tienen los funcionarios y los políticos corruptos que distribuyen los privilegios, prebendas y coimas.
Es de esperar que el proyecto de ley recientemente aprobado en la Cámara de Diputados lo sea también en el Senado, y los asuncenos logremos salvar al menos esas 32 hectáreas de áreas libres que tan alto valor poseen en el patrimonio ambiental de Asunción, la capital del Paraguay.