Asunción, como era de esperar, tuvo muchos intendentes en su historia. Han habido los considerados por la gente como el más honesto, el más trabajador, el más corrupto... Pero el título de “más inútil” no le saca nadie al actual intendente, Mario Ferreiro. En efecto, no se sabe que haya solucionado por lo menos algunos de los graves problemas que afectan a nuestra capital. Por el contrario, ha tomado medidas a todas luces cuestionadas por la ciudadanía por ocasionar más perjuicios que beneficios a los vecinos, como las pésimas casillas de la Avenida 5ª y la ciclovía de la calle Iturbe.
La gestión del Gobierno municipal de Asunción puede calificarse, cuando menos, de decepcionante. Pero no todo debe atribuirse a Ferreiro, ya que ese “Gobierno” está ejercido por el intendente y 24 concejales, representantes de diversas agrupaciones políticas. Esa pésima gestión se refleja en materias tales como la infraestructura pública, los servicios, el tránsito, el mercado de abasto, la terminal de ómnibus, el ambiente, la salubridad. Ellas están previstas en la Ley Orgánica Municipal (LOM) para que los pobladores vivan en una ciudad acogedora, gracias a una eficiente y honesta administración de los tributos que abonan. De hecho, sin embargo, la capital del país resulta bastante inhóspita, pues el dinero de los contribuyentes se derrocha en el pago de los salarios de un personal superpoblado o en obras públicas inútiles o ilegales. Si a ello se suman la corrupción habitual y la simple ineptitud, la consecuencia solo puede ser deplorable. Hace un par de años se proporcionó una cifra fabulosa de los tributos que aportaban los nuevos edificios que se construyeron en nuestra capital, pero no se ha visto ningún resultado de la aplicación de esas recaudaciones.
Para decirlo de una vez, el problema de fondo no radica en la falta de dinero, sino en el pésimo manejo en que incurren los concejales y el intendente por falta de coraje o por beneficiarse ellos mismos de una situación indignante. Ello tampoco es atribuible, desde luego, a la falta de recursos humanos, pues existen nada menos que 8.298 “trabajadores” municipales, es decir, uno por cada 63 habitantes. El año pasado consumieron 552.869.980.881 guaraníes, lo que equivaldría al 60% del presupuesto general ejecutado. Valga el dato adicional de que, según acaba de revelarse, la Junta Municipal tiene nada menos que 1.087 funcionarios, de los cuales 884 están directamente a su servicio como secretarios, cocineros o pintores, varios de los cuales cobran una bonificación por “trabajo insalubre”. Es obvio que si todos ellos asistieran a su lugar de “trabajo”, no cabrían en el edificio que ocupa el órgano colegiado, como ocurrió en Ciudad del Este. Según su presidente, Óscar Rodríguez, podría funcionar con “solo” 700 personas, cifra que también resulta excesiva. Todos ellos cobran puntualmente sus remuneraciones, para lo cual la Municipalidad se ve cada año forzada a endeudarse en bancos de plaza.
Nuestro diario viene publicando sobre el ruinoso estado de la Terminal de Ómnibus –recauda unos 16.000 millones de guaraníes mensuales– que, a más de dos años de un incendio que afectó a la planta alta, aún no ha sido reparada, para mal de los 180 permisionarios y de los miles de pasajeros que diariamente deben utilizarla. Se pueden agregar las calles con cráteres lunares, las plazas en mal estado y poco iluminadas, la deficiente recolección de basuras, el tránsito caótico y el Mercado de Abasto convertido en un antro de corrupción, cuyas soluciones pueden seguir esperando, pero no así el pago regular a los numerosos operadores políticos que, entre otros presupuestívoros, no realizan tarea alguna en beneficio de la población.
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Pero hay más sobre la inoperancia de la actual administración municipal. Las intensas lluvias de hace un par de semanas bastaron para generar un caos debido a la falta de desagüe pluvial, lo que indujo a la Contraloría General de la República a pedir a la Municipalidad informes y documentos sobre la ejecución de lo recaudado desde 2016 para construir obras y mantener el sistema. Es de recordar que el 14 de julio del año pasado Mario Ferreiro anunció que un mes más tarde se iniciaría la primera etapa de un sistema de desagüe pluvial que “resolverá en un 70% las inundaciones que se producen cada vez que llueve”. Bueno, los asuncenos siguen esperando, pues cada vez que llueve, sufren catastróficas consecuencias. Conste que ya conocen qué tan serias pueden ser las promesas de un intendente que, al asumir el cargo, habló de ejercer un “Gobierno cercano a la gente, disminuyendo la burocracia, castigando severamente la corrupción y recuperando así la confianza del contribuyente”. Que cada uno saque sus conclusiones al respecto, pues no se acercó a la gente, ni redujo la burocracia ni sancionó a Antonio Coscia, director responsable de los 16 adefesios erigidos en la Avenida Quinta contra las protestas de unos cinco mil vecinos, ni a Julio Duarte, director de Vigilancia Municipal, cuyos diálogos telefónicos revelaron el pago de sobornos en una iniciativa tan absurda, como la de la “bicisenda” de la calle Iturbe.
Este somero repaso de las calamidades que soportan los asuncenos basta para ilustrar que su calidad de vida no ha mejorado en absoluto bajo la gestión del intendente y de los concejales elegidos en 2015. La ciudad sigue igual o peor que antes, para desilusión de quienes creyeron en el “cambio” tan pregonado. Este vergonzoso Gobierno municipal defraudó a la gente. Si se destaca en algo es en el populismo rampante, que permite la privatización de hecho de espacios públicos. Los asuncenos no se merecen esta lamentable administración comunal.