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El sábado pasado, en Nueva Italia, un atroz operativo de nueve agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), supervisados por el agente fiscal Carlos Alcaraz, causó la muerte de una niña de tres años y graves heridas a su tío, Alessandro Zanotti Cavazzoni. Las víctimas del indignante operativo ocupaban la camioneta conducida por Ulrico Zanotti Cavazzoni (73), la que recibió nada menos que diecinueve impactos de bala por parte de quienes no se dieron a conocer como agentes de la Senad, utilizaron camionetas sin matrícula ni logotipo y, no satisfechos con su ataque a mansalva, molieron a golpes a quien había resultado ileso.
El ahora exministro de la Senad, Luis Rojas, puso su renuncia “a disposición” del presidente de la República, Horacio Cartes, en tanto que este expresó primero su “profunda pena” por lo ocurrido y prometió que se extremarían “esfuerzos para esclarecer los hechos y facilitar los procesos para encontrar a los responsables del crimen”. Recién ayer el Presidente aceptó dicha renuncia, cuando lo que se imponía, ante la espantosa gravedad del caso, era que no dudara un instante en destituir al titular de la Senad, quien, por otra parte, en ocasiones anteriores ya tuvo actuaciones muy cuestionadas.
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, abrió un sumario sobre la participación del agente fiscal Carlos Alcaraz en el fatal operativo. La orden de allanamiento del inmueble para hallar un camión cargado con marihuana fue emitida por el juez Gustavo Amarilla, en cuya opinión “la responsabilidad está suscripta bajo control, dirección y responsabilidad del fiscal” (sic). Alcaraz, por su parte, se lavó vergonzosamente las manos aduciendo que las indicaciones que él y sus colegas dan en casos como este se refieren al procedimiento en general, y que las órdenes de estrategia las dan los superiores de los agentes de la Senad. El agente fiscal no puede eludir tan alegremente su responsabilidad y también debe ser imputado.
El ministro Luis Rojas, que siempre se destacó por su locuacidad, hasta el punto de que llegó a afirmar que el 70% de sus funcionarios son corruptos, tiene ahora la ocasión de dar cumplidas explicaciones sobre la aberrante actuación de sus subordinados. Entre ellos estuvo el director de Operaciones de la Senad, Luis Ángel Servián Rotela, destituido hace nueve años, previo sumario administrativo, tras ser detenido con otros colegas por agredir y secuestrar a un joven, presuntamente con fines de robo. Dado el deplorable historial, cabe preguntarse por qué no solo fue reincorporado en 2014, sino que incluso se le confió tan importante cargo.
Rojas también debería dar cuenta de las instrucciones que reciben los agentes de la Senad a la hora de efectuar un “procedimiento”. Se habla de que se trató de un “error”, como si el modo en que los agentes de la Senad intervinieron habría estado justificado si los baleados hubiesen sido narcotraficantes. Aparecieron disparando con intención de matar, como si tuvieran carta blanca, al estilo de lo que en estos días observamos en los enfrentamientos entre bandidos en Pedro Juan Caballero.
Un agente de la Policía Nacional solo puede emplear sus armas “cuando fuere motivado por la exigencia del servicio, luego de realizadas las persuasiones y prevenciones reglamentarias”, según el art. 145 de la Ley Orgánica respectiva. Es de suponer que también el de la Senad debe persuadir y prevenir antes de acribillar un vehículo. Ni siquiera el mismo Rojas pudo haberle eximido de esa obligación.
En vez de poner su renuncia “a disposición” del Presidente de la República, lo que resultaba innecesario, ya que este puede destituirlo en todo momento, lo que Rojas tendría que haber hecho es simplemente renunciar, porque está visto que, bajo su dirección, la Senad era un peligro para la comunidad.
En cuanto al presidente Cartes, todo indica que no necesitará esforzarse mucho para aclarar los hechos y facilitar los procesos para hallar a los culpables del crimen. En su comunicado se lee también que él no puede “reparar el daño ni aliviar el dolor”, lo cual es cierto, como también lo es que debe asumir la responsabilidad que le corresponde por haber puesto al frente de la Senad a una persona que, por decir lo menos, no se ha preocupado por depurarla y exigir a sus subordinados que actúen siempre dentro de la ley. Por la delicada tarea que cumple, dicho organismo debe ser dirigido por un funcionario idóneo, honrado y diligente, que combata el narcotráfico con la ley en la mano, y no con pistoleros desaforados que dirigen sus balas hacia miembros honestos de la sociedad.