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La autopista Ñu Guasu, proyectada para una extensión de 6,3 kilómetros de longitud, uniendo Asunción con Luque, fue dividida en dos tramos. El tramo I, de 3,3 kilómetros, desde el cruce del arroyo Itay hasta su empalme con la ruta Transchaco, frente al Jardín Botánico, fue adjudicado al consorcio de empresas Tecnoedil, del ingeniero Denes Tómboli; Constructora Heisecke, del ingeniero Luis Heisecke, y 8 A, del ingeniero Luis Pettengill. El tramo II, de 3 kilómetros, desde el Itay hasta su empalme con la avenida general Aquino, ya dentro del casco urbano de Luque, fue adjudicado al consorcio de empresas integrado por Las Residentas, del ingeniero Isacio Vallejos, y Constructora M & T, perteneciente al arquitecto Julio Mendoza.
Su construcción se inició en octubre de 2012, siendo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Enrique Salyn Buzarquis. El plazo contractual de terminación fue fijado para marzo de 2014. Cuatro años después, el tramo I aún está en proceso de completamiento, en tanto que el tramo II fue recibido provisoriamente por el MOPC como terminado. Curiosamente, la recepción fue hecha faltándole casi 500 metros para llegar hasta su empalme con la avenida General Aquino, a la entrada de la ciudad de Luque, previsto en el contrato.
Esta anomalía llamó doblemente la atención de la opinión pública. Primero, porque el costo del tramo trepó de un monto inicial de 85.339 millones de guaraníes a 103.000 millones. Segundo, la vía no tiene la extensión fijada en el contrato. Como se ha hecho costumbre durante la actual administración del MOPC, el pretexto esgrimido por el director de Vialidad, ingeniero Ignacio Gómez, para explicar la insólita anomalía contractual fue el manido cuento de que “el aumento se dio por la deficiencia del proyecto (…) hubo que excluir el acceso debido a que, en contrapartida, al consorcio contratista se le exigió incorporar otras obras que no estaban inicialmente en el diseño” (las negritas son nuestras).
Entre las obras adicionales de referencia citó la modificación del viaducto sobre la autopista Silvio Pettirossi, que tuvo que desplazarse del eje inicialmente proyectado, sufriendo cambios tanto estructurales como de dimensiones. Mencionó también que el puente sobre el arroyo Abay, el cual fue inicialmente proyectado con una longitud de 15 metros, tuvo que ser alargado a 25 metros.
Lo que el director de Vialidad no supo explicar fue en qué concepto, entonces, se le había reconocido con anterioridad al consorcio constructor el 20 por ciento de aumento sobre su oferta contractual original, si no fue para cubrir el sobrecosto ocasionado por las modificaciones señaladas, en vez de “mutilar” la vía acortándola casi 500 metros para financiar tales sobrecostos, restándole utilidad crítica a la misma. Lo que el ingeniero Gómez atinó a decir al respecto es que el tramo inconcluso será incorporado al tramo III, cuyo diseño y catastro se llamará a licitación antes de que termine el año y que está destinada a conectar la autopista a la nueva ruta Luque-San Bernardino.
Este curioso finiquito del tramo II de la autopista configura una profecía autocumplida. En efecto, al asumir el cargo, el ministro Ramón Jiménez Gaona había declarado públicamente que la autopista Ñu Guasu era la peor herencia que recibió de su antecesor en el cargo. Llama la atención, por lo tanto, que, reconociendo este presente griego, no haya tomado las medidas correctivas pertinentes para enderezar el entuerto que recibiera en herencia, sobre todo, porque tuvo el tiempo más que suficiente para hacerlo, si en verdad se hubiera propuesto.
En vez de castigar atrasos y transgresiones contractuales –como la ilegal habilitación de cajas de préstamos de tierra para terraplén dentro del predio de la Dinac por parte del consorcio del ingeniero Vallejos y el arquitecto Mendoza–, el ministro Jiménez Gaona sorprendió a la opinión pública con la concesión a ambos consorcios contratistas de 20 por ciento de aumento sobre la oferta de contrato, es decir, el tope de aumento permitido por la ley de contrataciones públicas, tal como lo hiciera casi al mismo tiempo con los consorcios responsables de la ruta Concepción-Vallemí, también retrasados en plazo y calidad de obra.
A estar por esta política de generosidad con la plata del pueblo que caracteriza a la actual administración del MOPC, todo pareciera apuntar a que el ministro Jiménez Gaona se propone dejar a su sucesor una herencia mucho peor que la que recibiera él del inescrupuloso que le precedió en el cargo. En efecto, del total de 42.953 millones de guaraníes concedidos a las empresas contratistas de la avenida Ñu Guasu hasta la fecha en concepto de sobrecostos, a la actual administración del MOPC le corresponde un total de 17.390 millones de guaraníes, y el resto a la de Salyn Buzarquis.
Como el costo total del tramo II, con la mutilación de casi 500 metros de su tramo final, alcanza a ser 103.000 millones de guaraníes, el “regalo” del MOPC al consorcio contratista es de unos 17.000 millones, la “yapa” que el ministro Jiménez Gaona acaba de darles al ingeniero Isacio Vallejos y al arquitecto Julio Mendoza por haber demorado cuatro años en completar 2,5 kilómetros de ruta.
Quienquiera sea el que lo remplace en el cargo, debiera abrir un “juicio de sucesión”, para determinar con justicia cuál resultará ser a la postre “peor herencia”; si la de Buzarquis o la de él.
Mientras la “patria contratista” continúe burlándose de las regulaciones existentes en el marco de las obras públicas, cobrando suculentos montos adicionales a pesar del incumplimiento de los contratos, nuestro país continuará desangrándose, en tanto las mismas autoridades que permiten esos asaltos a las arcas públicas se quejan de no tener más recursos para atender las necesidades de la población.