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El alevoso asesinato del intendente municipal de Tacuatí, Walberto Ramón Carrillo, no se puede evaluar sin relacionarlo con el atentado fatal contra otros dos exintendentes –colorados al igual que Carrillo–, uno de ellos secuestrado por el EPP luego de ejercer la intendencia municipal, y con el rol que cumple la Fuerza de Tarea Conjunta instalada ahí para combatirlo. Tampoco se puede ignorar la posible relación de todos estos crímenes con la libertad e impunidad con que se mueven en ese lugar del país los narcotraficantes, extractores ilegales de madera y contrabandistas de todo tipo.
Tacuatí es posiblemente el lugar más inseguro del país por el cruce de los diferentes tipos de delincuencia citados. El Estado está prácticamente ausente y probablemente la Municipalidad sea la institución más importante del lugar, con el agravante de que es también territorio liberado, por el fuerte dominio que ejercen ahí los grupos terroristas que secuestran, asesinan y extorsionan a la gente, en especial a los empresarios que cuentan con sus establecimientos en el lugar, sean connacionales o extranjeros.
El asesinato que tuvo mayor repercusión fue el del también exintendente colorado de Tacuatí Luis Lindstron, no solo por haber sido secuestrado antes de su muerte, sino porque fue un destacado trabajador de la ganadería y reconocido por ayudar a la población a salir de la pobreza con proyectos concretos, empeño que le permitió ganarse el cariño de la gente.
El municipio de Tacuatí tiene apenas 19.000 habitantes y la Comuna cuenta con un presupuesto superior a los tres mil millones de guaraníes anuales, de los cuales apenas un tercio son recursos genuinos, y todo lo demás está constituido por royalties y aportes del Fonacide, cuyas transferencias fueron bloqueadas por falta de rendición de cuentas en tiempo y forma.
Por el momento se especula que el asesinato es resultado de las últimas internas partidarias, pero al parecer detrás de la institución municipal existen pocos motivos para tanto encono como sí los habría en el amplio, profundo y oscuro mundo de la delincuencia organizada de la zona, en donde según las investigaciones y los testimonios vecinales el occiso no estaba metido y, por el contrario, gozaba de prestigio y aprecio en la población, según se pudo ver en su sepelio.
La Fuerza de Tarea Conjunta, instalada en esa zona para combatir a los terroristas con normas excepcionales que faciliten su trabajo y suficiente presupuesto, debe realizar un mayor esfuerzo para terminar con estos asesinatos, aun cuando al parecer no tengan en principio nada que ver con el EPP.
Además, la autoridad respectiva debe asumir la responsabilidad de este grave hecho, sancionando ejemplarmente a quienes debían impedirlo. No se puede permitir que todo siga como si nada haya pasado, y menos aún que la sociedad se acostumbre a ser testigo pasivo de los crímenes políticos como método para dirimir las diferencias. Alguien debe pagar la consecuencia por este nuevo asesinato, y debe hacerlo yendo a parar a la cárcel.