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El escándalo causado por el hoy exjefe de la Dirección Nacional de Migraciones Julián Vega, que avergüenza a los paraguayos, revela que su nombramiento no respondió precisamente a sus cualidades morales e intelectuales, sino más bien a la necesidad de retribuir con un buen cargo los votos que pudo haber logrado para el actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sobre todo en las elecciones internas de la ANR. Con anterioridad ya se había recordado que el edil de Mariano Roque Alonso fue detenido en 2016 tras un altercado entre seguidores de dos clubes deportivos, que causó la muerte de uno de ellos: las filmaciones de las cámaras de seguridad mostraron que un joven descendió con un arma de fuego, en el microcentro de Asunción, de la camioneta conducida por el abogado Vega, quien luego representó judicialmente a dos sospechosos. Su vivienda fue allanada, pero no se halló el arma homicida, razón por la cual fue puesto en libertad.
Si bien en estos casos debe primar la presunción de inocencia, antecedentes como los mencionados sin duda no favorecen a una persona seleccionada para ocupar un alto cargo público, tal como advertimos en su oportunidad.
En efecto, en un editorial del 23 de agosto último, bajo el título de “Escombros y remendados”, cuestionamos varios de los nombramientos que realizó el entonces flamante presidente Abdo Benítez, y mencionamos las palabras del recordado arzobispo de Asunción, monseñor Ismael Rolón, quien realizó una certera clasificación de las personas para la hora de elegir a los responsables de las instituciones públicas: “Hombres nuevos: no son santos, pero procuran ser honestos consigo mismos, con los demás y con Dios... Hombres viejos: son aquellos adormecidos por la mediocridad... Escombros: son aquellos en quienes nada de decencia, de credibilidad o de honor ha quedado en su haber de persona y ciudadano”.
Nuestros lectores pueden ubicar al defenestrado titular de Migraciones en algunas de estas categorías, y a juzgar por la justificación que intentó tras la acusación que recibió de parte de una traductora taiwanesa, de que tocar de la manera que molestó a la asiática era “una costumbre” en el Paraguay, por lo menos le ubica entre los “adormecidos por la mediocridad”.
Precisamente, en el editorial de marras, entre los numerosos funcionarios que objetamos, dedicamos un párrafo al hoy tristemente famoso personaje: “La lista de cuestionables nombramientos continúa con el nuevo titular de Migraciones, el exedil Julián Vega, un abogado que fue detenido hace cuatro años por haber estado involucrado en una gresca entre jóvenes seguidores de dos clubes deportivos, que causó la muerte de uno de ellos”.
En vista de estos antecedentes, el tremendo bochorno que le habrá causado la conducta de semejante impresentable tendría que enseñarle al Presidente de la República a poner mucho más cuidado a la hora de efectuar designaciones. Comienza a costarle muy caro haber devuelto con dinero público el apoyo electoral brindado por el desfachatado de marras. Es evidente que para su designación primó, por sobre sus cualidades morales, su condición de ser un “colorado añetete” que había juntado votos, como muchos otros de los nombrados bajo el nuevo Gobierno, lo que contribuyó a ignorar sus pésimos antecedentes.
Es cierto que tampoco el Gobierno anterior, para no ir más lejos, se distinguió por la calidad de quienes ocuparon especialmente los llamados cargos de confianza, entre otros “zoquetes” repartidos entre amigos, gerentes y clientela política.
Frente a la excelencia que se observa en el desenvolvimiento de los altos funcionarios de la mayoría de los países medianamente avanzados, resulta inadmisible que en el nuestro, para elegir a los jerarcas, se tengan en cuenta la filiación partidaria, la pertenencia a un movimiento interno y el aporte financiero brindado para los comicios como primeros requisitos. La honestidad, la idoneidad y el dinamismo deben ser, antes que nada, ineludibles para ejercer una función pública.
Pero hay algo más, que no necesariamente coincide con esos atributos y que consiste en comportarse con decoro. El art. 57 de la Ley N° 1626/00 obliga a los funcionarios a “observar una conducta acorde con la dignidad del cargo”. Debe entenderse que esta obligación rige incluso para las actividades realizadas en las horas libres y que también debe valer para el Presidente de la República, para los legisladores o para los magistrados. La inconducta con la palabra y con las acciones es incompatible con la dignidad de cualquier función pública.
Confiamos, empero, en que el presidente Mario Abdo Benítez aprenda la lección a partir de este lamentable episodio, y que retorne a Asunción con el compromiso de evitar que los beneficiarios de sus futuros nombramientos vuelvan a avergonzarles tanto a él como al propio país. Para eso, debe prestar suma atención a la índole de los “recomendados” por sus allegados, porque, al fin y al cabo, él será juzgado también por el comportamiento de sus “colaboradores”.