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De acuerdo con informaciones recogidas por nuestro diario de fuente fidedigna que solicitó el anonimato, en el trascurso del almuerzo que siguió a la “palada inicial” para la construcción del segundo puente sobre el río Paraná entre las ciudades de Foz de Yguazú y Presidente Franco, el pasado 10 de mayo, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anticipó a su contraparte paraguayo, Mario Abdo Benítez, que Brasil “no está en condiciones” de aceptar que Paraguay acceda al retiro del 50 por ciento de la electricidad que le corresponde en Itaipú. Esto, con referencia a la próxima revisión del Anexo C del Tratado pactado para el año 2023. A cambio de ello, planteó “inversiones” de todo tipo en nuestro país.
Según nuestro informante, el Presidente brasileño le advirtió a su colega con directa franqueza que Brasil no está en condiciones de ceder la totalidad de la energía que por el Tratado le corresponde al Paraguay en la usina hidroeléctrica binacional –ni permitirle que retire más de lo que actualmente utiliza–, pero que, en compensación, su gobierno está dispuesto a ayudar a nuestro país, por ejemplo, a financiar la “ruta bioceánica completa”, la que costará al Estado paraguayo US$ 421 millones y cuya construcción ha sido adjudicada al consorcio “Corredor Vial Oceánico”, integrado por la constructora brasileña Queiroz Galvão SA y la paraguaya Ocho A, esta última propiedad del padre del concuñado del presidente paraguayo, ingeniero Luis Pettengill.
No es la primera vez que Brasil plantea apropiarse totalmente de la energía eléctrica paraguaya en Itaipú. Es de conocimiento público que durante el gobierno de facto del presidente Luis Ángel González Macchi, las autoridades brasileñas engatusaron a su cuestionado ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, José Alberto “Icho” Planás, para que este planteara formalmente al primer mandatario la conveniencia de ceder al Brasil la totalidad de la electricidad paraguaya generada en la usina binacional a cambio de que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDS) financiara la construcción de obras de infraestructura vial en nuestro país. En consecuencia, la ANDE se abastecería exclusivamente de Acaray y Yacyretá para atender el consumo nacional. Para suerte nuestra, la antipatriótica iniciativa no prosperó merced a la visceral oposición de su colega de la cartera de Hacienda, Federico Zayas, quien le endilgó el mote de ministro monda (ladrón), según comentarios de la época.
Al parecer, el Gobierno brasileño ha optado de nuevo como estrategia por procurar inducir en el ánimo de las autoridades paraguayas similar “brillante idea”, ofreciendo exactamente la misma moneda de cambio, vale decir, préstamos para financiar obras de infraestructura vial y el Plan Maestro de la ANDE 2016-2025, con presupuesto estimado en unos US$ 6.937 millones, elaborado por técnicos funcionales a los intereses brasileños nucleados en el Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE). Proyecto de inversión física que coincide con los intereses de los “barones de Itaipú”, quienes ciertamente recibirían gustosos los préstamos del vecino país.
No fue casualidad, entonces, que en la ocasión que comentamos haya estado presente la directora de la cartera de Comercio Exterior (CACEX) del BNDS, Denise Pavarina. Por cierto, un dato no menor, teniendo en cuenta el nefasto antecedente del elefante blanco de Acepar, cuya construcción fue precisamente financiada por la CACEX y cuyo costo estimativo original de US$ 150 millones, trepó finalmente hasta más de US$ 400 millones, con el clavo de una planta laminadora funcionalmente mutilada que solo tenía la mitad de la capacidad nominal de producción por la que fue adquirida. Ese costoso “caramelito” (que hasta hoy sigue dando dolor de cabeza a los contribuyentes paraguayos) fue obsequiado al régimen dictatorial de Stroessner por el Gobierno del Brasil como retribución por concesiones de parcelas estratégicas del interés nacional en el Tratado de Itaipú, aunque a la postre terminó siendo pagado con usura con los royalties de la binacional correspondientes al Paraguay.
Siempre atenidos a nuestra fuente informativa, una de las razones invocadas por el Mandatario brasileño para justificar su insólita pretensión fue la tangencial referencia hecha a la supuesta vida útil remanente de la central hidroeléctrica binacional, la que según el mismo rondaría a lo sumo entre 20 y 30 años nada más, teniendo que verse Brasil obligado a cargar con el muerto, ya que Paraguay no tiene capacidad económica para compartir el costo de su repotenciación. Información que contradice en forma grosera el proceso de actualización tecnológica de la central, en ejecución, que costará más de US$ 600 millones y que una vez más se descargará sobre el costo de Itaipú, ¡La misma estratagema empleada en el pasado para imponernos el leonino Tratado por el que recibimos la “migaja” de apenas el 14% del 50% que legítimamente nos corresponde!, apenas el 7% de su producción total.
A todas luces, la conjetura de la vida útil remanente de la central chutada por el presidente Bolsonaro carece de credibilidad por basarse en una métrica de apreciación más bien abstracta. Por tanto, a fin de no tragar el sapo que le tiende su homóloga brasileño, lo que el presidente Mario Abdo Benítez debe hacer es contratar una consultoría técnico-financiera internacional de primer nivel para asesorar al Gobierno en la materia, a semejanza de lo hecho por el equipo del doctor Jeffrey Sachs en relación con el asiento contable de la entidad binacional y que permitió constatar los abusos financieros perpetrados por Brasil en perjuicio de los intereses de nuestro país en el emprendimiento hidroenergético binacional. Esta decisión es más necesaria que nunca al conocerse a los gladiadores que está eligiendo el Gobierno brasileño para encarar las negociaciones con nuestro país, frente al grupo de delegados paraguayos más afectos a aceptar las imposiciones de nuestros “socios”, a los que se suman conocidos políticos que no tienen nada que hacer en una instancia tan importante como esa.
No se le puede impedir al presidente Abdo Benítez alabar al dictador Alfredo Stroessner –quien tuvo a su padre como secretario privado–, menos aún a Bolsonaro por hacer lo propio con el régimen militar que gobernó a su país hace medio siglo, pero sería trágico que le permitiéramos a Brasil continuar expoliándonos en Itaipú por otro medio siglo, aceptando mansamente la humillante condición de prisionero geopolítico, como nos tiene conceptuado en el contexto de su política exterior continental.
Por tanto, la preocupación ciudadana debe subir de punto ante el riesgo que conlleva confiar en la buena fe del Presidente de la República, de que irá a defender los intereses nacionales en Itaipú, habida cuenta de que ya defraudó una vez la confianza pública con su timorata reculada de su promesa de no avalar el lesivo acuerdo Cartes-Macri referente a la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá.
En el Paraguay de hoy, la única y última línea de defensa del interés nacional es el Pueblo soberano, como se viene demostrando, pues los tres Poderes del Estado que debieran ser los más firmes en precautelarlo han sido los primeros en rifarlo al mejor postor, tanto en lo interno como en las relaciones exteriores. Llegó la hora de hacer de Itaipú una causa nacional, y así salvar a la Patria de la humillación y del despojo que nuestros socios buscan perpetuar en las usinas hidroeléctricas binacionales.