Desde el punto de vista geopolítico, Brasil ha sido siempre la gran potencia mundial del futuro. Pero, por ironía de destino manifiesto, hasta ahora no ha podido alcanzar esa suprema aspiración existencial, pese a que, por su geografía y su gente, tiene todas las condiciones para lograrla. Paradójicamente, en la búsqueda de ese superior objetivo, su suerte ha sido dispar. A cada “milagro económico” de impulso ha correspondido una crisis económica de desaceleración o retroceso.
Así, tras el boom de su desarrollo comercial e industrial bajo el régimen militar de finales del siglo pasado, cayó en severa recesión, de la que pudo reponerse bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardozo. El gobierno de Luis Inácio Lula da Silva de nuevo consiguió repuntar la prosperidad económica y social de la nación, gracias a los altos precios de los commodities y programas de asistencia social exitosos, como el de “Bolsa Familia”, soplo de bonanza económica que llegó a colocar a Brasil en el umbral de la sexta economía mundial. Pero graves indicios de corrupción salpicaron después la hasta entonces prestigiosa imagen de ese mandatario.
Desafortunadamente, todo explotó bajo el gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff. La burbuja del crecimiento se desinfló y el sueño de afianzarse en el sitial alcanzado en el contexto mundial se desvaneció en medio de una terrible crisis económica y política y escándalos de corrupción que acabaron arrastrando a la mandataria al abismo.
Con el cada vez más pronunciado giro a la izquierda de su gobierno, de la mano del socialismo bolivariano de Hugo Chávez, y la caída de los precios de commodities, sumada a la crisis económica mundial, bajo Dilma Rousseff la economía brasileña tocó fondo. Pero no fue la crisis económica la que finalmente tumbó a la presidenta brasileña, sino la crisis política desatada a causa del escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, en la que se vieron envueltos altos funcionarios y políticos del Partido de los Trabajadores (PT) y poderosos empresarios como el gigante de la construcción Odebrecht y el conglomerado multinacional Andrade Gutierrez.
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Ahora, pasada la crisis con la destitución de Rousseff, los ojos del mundo están puestos en lo que el presidente Michel Temer va a hacer para enfrentar la aguda crisis económica que aqueja al país, y para calmar las agitadas aguas del maremoto político que mantuvo en vilo a la nación por más de nueve meses. A estar por sus primeras afirmaciones como presidente constitucional, su prioridad serán la reducción del gasto público, la privatización de empresas semipúblicas y la reducción del infame “costo Brasil”, el mayor obstáculo para la inversión extranjera directa, debido al bizantino sistema de impuestos en ese país.
En cuanto a la futura política exterior de su gobierno, Temer ha dejado en claro que su administración se reafirmará en la adhesión a la democracia y al sistema de libre comercio. En particular, ha enfatizado que buscará que el Mercosur retorne a sus orígenes como una unión comercial y aduanera, libre de prejuicios ideológicos como el castro-marxismo bolivariano que lo ha hundido en la actual crisis en que se debate.
Para el Paraguay, socio fundador del Mercosur, esta postura del nuevo mandatario brasileño es auspiciosa. Coincide con la del presidente Mauricio Macri de Argentina; y siendo ambos países nuestros mayores socios comerciales, conviene al nuestro. Pero, en términos del interés nacional conjugado con los del Brasil en Itaipú, lo que el pueblo paraguayo espera es que los cambios políticos que el presidente Michel Temer se propone impulsar en su nación alcancen también a su política exterior respecto de Itaipú.
En lo que a Paraguay le toca, debe ser reconocida nuestra condición de socio indispensable en el emprendimiento hidroenergético binacional, y a partir de ahí se debe rectificar la injusta distribución en perjuicio de nuestro país, de los beneficios allí obtenidos. Vale decir, que reconozca que Paraguay ya ha pagado con creces la parte alícuota que le correspondía en la financiación de la usina binacional –como lo ha confirmado el respetable informe del economista de prestigio mundial Jeffrey Sachs– y, en consecuencia, que Brasil le pague lo que vale la parcela de su electricidad que actualmente se lleva a precio de vil explotación colonialista.
Hasta este momento Paraguay es el único país limítrofe con el que Brasil comparte la explotación de una riqueza natural de mutua pertenencia: las aguas del río Paraná que mueven las 20 turbinas de la usina hidroeléctrica de Itaipú. Esto nos da derecho a reclamar el “justo precio” por nuestra electricidad, convenido por ambos gobiernos en el Acta Final de Foz de Yguazú, de 1976, aceptación ladinamente olvidada de incluir en el Tratado de Itaipú.
El pueblo paraguayo desea que en esta su nueva etapa política el Brasil comience su recuperación institucional y económica, y que en este siglo se convierta en la gran potencia mundial con que siempre ha soñado.