Burdel

Hoy la ciudadanía podrá constatar si la Cámara de Diputados es en verdad un antro donde se trafica con dinero y con cargos, sin que la ley ni la moral importen un bledo. Se verá si es comparable con un prostíbulo, como en su momento comparó su propia Cámara el senador Mario Abdo Benítez (ANR), opinión que la diputada Perla de Vázquez (ANR) fortaleció al ubicarse ella misma en el papel de las trabajadoras del sexo.

En efecto, el desenlace del tratamiento de la modificación del reglamento interno de la Cámara Baja y de la remoción de sus representantes en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Julio Ríos y Eusebio Alvarenga, respectivamente, así como del desbloqueo de las “listas sábana” y de la regulación del financiamiento de las campañas en las elecciones internas, servirán para despejar las dudas que se puedan tener sobre la calaña de la mayoría de los congresistas y, en particular, de los diputados. Las dos primeras cuestiones –impulsadas por la entente carto-llano-luguista– responderían al deseo de venganza contra el actual titular de los diputados, Hugo Velázquez, porque cometió el pecado imperdonable de pasar a la disidencia, y al de contar con una mayoría a la hora de integrar las ternas para designar al fiscal general del Estado y controlar la gestión de los fiscales y de los jueces. Por su parte, la trascendencia de las otras dos va más allá del interés sectorial de los parlamentarios, pues afecta el funcionamiento mismo de los aparatos partidarios. Se pretende modificar el reglamento interno de la Cámara para dar por concluido ya el mandato de la actual mesa directiva, presidida por Velázquez, que vence recién el 30 de junio de 2018.

Y bien, resulta que el cartismo cree que la presidencia de la Cámara le corresponde a ese grupo, en virtud de una supuesta “cuota” invocada por el diputado Pedro Alliana, quien aspira a ocupar el cargo. O sea que alguien es elegido dos años y medio, pero luego se cambian las reglas del juego para satisfacer un rencor y redistribuir los cargos de acuerdo a una nueva correlación de fuerzas. Aborrecible maniobra política movida por un interés coyuntural, como si las Cámaras del Congreso fueran un mercado donde ir a traficar voluntades. O un burdel donde se compra y se vende algo más que voluntades.

Los diputados no pretenden esta vez simplemente usurpar la presidencia de la Cámara, tal como ocurrió momentáneamente en el Senado, pero de todos modos el golpe en el plenario es tan inadmisible como si de pronto se modificara la Constitución para acortar el mandato del jefe del Poder Ejecutivo porque se pasó a otro bando.

Más grave aún resulta el propósito de apartar al diputado Julio Ríos (disidente) del Consejo de la Magistratura, violando el art. 6° de la ley que lo organiza, según el cual “la remoción solo podrá hacerse mediante el procedimiento establecido en el art. 225 de la Constitución”, es decir, el juicio político. Si ello ocurriera, designándose en su reemplazo a Clemente Barrios (cartista), la mayoría de los diputados demostrará que son violadores de la ley y que no les interesa respetarla. Lo importante para ellos es asegurarse un espacio de poder en el órgano encargado de elegir las ternas de jueces y fiscales, con el fin de asegurar después la impunidad de quienes hoy están en el Gobierno y, eventualmente, de ellos mismos.

Se diría, así, que en vísperas del nombramiento del nuevo titular del Ministerio Público, ningún obstáculo legal debe impedir configurarlo según la conveniencia de quienes el próximo año dejarán el poder. Si es así, cabe esperar que el próximo presidente de la República y sus aliados en el Congreso repitan el mismo infame procedimiento para cubrirse las espaldas en 2023.

Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados duran un año en sus funciones, pero el diputado Eusebio Alvarenga (“efrainista”) sería destituido antes de que venza ese plazo, para dar lugar a Sergio Rojas (“llanista”), pese a que el art. 4° de la ley que regula dicho órgano dispone que los legisladores que lo integran están sujetos a los arts. 190 y 191 de la Constitución, en caso de comisión de delitos o de mal desempeño de sus funciones. O sea que, como para los desafueros, se requeriría una mayoría de dos tercios para que sean apartados, incluso aunque la causa sea el mal desempeño, algo que desde luego no jugaría ningún papel en el debate de hoy. De lo que se trata es de que la alianza de la abortada enmienda constitucional ocupe un espacio de poder que servirá, como siempre, para controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público, de acuerdo a los intereses políticos y monetarios de quienes manejan el Poder Legislativo hoy.

Quienes así actúan, prostituyendo abiertamente las instituciones, fueron elegidos mediante unas “listas sábana” elaboradas por los capitostes de los partidos considerando el dinero y la sumisión aportados por los postulantes, antes que sus quilates morales e intelectuales. Por razones evidentes, la supresión de este indignante sistema de votación ha venido siendo postergada una y otra vez por sus beneficiarios, de modo que no sería sorprendente que en la sesión plenaria de hoy se repita la vieja historia, o incluso que se resuelva rechazar de una vez por todas los dos proyectos en carpeta.

Por la salud moral de la Nación, urge abolir las “listas sábana” no solo en los comicios generales, sino también en los internos, donde, por cierto, fluye en abundancia el dinero sucio, sobre todo en los dos partidos tradicionales.

Las votaciones de la sesión de hoy deben ser nominales, para que la población del país identifique a los diputados que les niegan a los ciudadanos y a las ciudadanas la posibilidad de expresarse libremente en las urnas, para rechazar a la escoria escondida en dichas listas y que convierte al Congreso paraguayo en el burdel que es hoy día.