El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, va a pasar a la historia como el artífice de la “solución por el desastre” de los problemas viales heredados de su antecesor en el cargo. Un típico caso de los varios que su desprolija administración lleva en su haber en tal sentido lo constituye la barrabasada cometida con el diseño geométrico de la avenida Ñu Guasu, aprobado por el MOPC para el completamiento del segundo tramo de la misma, hasta su inconcluso empalme con la principal avenida de acceso a la ciudad de Luque, la avenida General Aquino.
En efecto, tras calificarla como la “peor herencia recibida”, lo que la ciudadanía esperaba era que el nuevo ministro tomara el toro por las astas y corrigiera con toda energía institucional el defectuoso proyecto vial que le tocara en mala suerte recibir como presente griego, sentando en el banquillo de los acusados a los consorcios de empresas viales responsables de su construcción para que rindan cuentas de sus incumplimientos contractuales, y reciban las sanciones concomitantes.
Sin embargo, la actitud del ministro Jiménez Gaona fue totalmente contraria a lo que la gente esperaba. En vez de rescindirles sus contratos por el escandaloso atraso de casi dos años que llevaban acumulado en su haber en cuanto al plazo de terminación de la obra, o al menos aplicarles las multas previstas, en absurda decisión resolvió más bien premiarles con un generoso aumento del 20 por ciento por encima de sus montos contractuales respectivos, el máximo permitido por la ley de Contrataciones Públicas, y una benevolente ampliación del plazo de terminación.
Con ese llamativo cambio de actitud del ministro, la obra vial se convirtió en la niña bonita de su administración, hasta el colmo de autorizar al consorcio Las Residentas, del ingeniero Isacio Vallejos y el arquitecto Julio Mendoza, a dejar tranquilamente inconclusos casi 500 metros del segundo tramo de la avenida cuya construcción tenía a su cargo. Con esta llamativa mutilación, la longitud del tramo quedó reducida a 2,5 kilómetros en vez de los 3 previstos en el contrato. Con esto, el consorcio contratista se “ahorró” unos 17.000 millones de guaraníes, pues en su liquidación final recibió la totalidad del monto del contrato más el apetitoso aumento del 20 por ciento sobre el monto original que se le regaló.
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La curiosa explicación al respecto dada por el director de Vialidad del MOPC, ingeniero Ignacio Gómez, fue que el monto de dinero correspondiente a los 500 metros faltantes fue “invertido” por el consorcio contratista en la construcción de numerosas obras adicionales resultantes de “modificaciones” del proyecto original, tanto en su traza geométrica como en ampliaciones y refuerzos de grandes estructuras (puentes y viaductos). Y que los 500 metros faltantes serían “completados” –por supuesto con nuevos costos– cuando se construya el tercer tramo de la avenida, que conectará con la ruta Luque-San Bernardino.
Contrariamente a lo indicado por la lógica vial y el sentido común de la gente, si los 3 millones de dólares ahorrados con el acortamiento del segundo tramo de la avenida se hubieran empleado para mejorar las condiciones técnicas del trazado y la seguridad de los automovilistas, el abuso financiero perpetrado con tal medida no hubiera recibido tanta crítica como la que recibió. Lamentablemente, y lo que resulta imperdonable, es que ese dinero aportado por los contribuyentes no fue empleado en beneficio del público. Todo lo contrario. Fue utilizado más bien para maximizar el lucro del consorcio contratista a expensas de la funcionalidad de la obra vial y, consecuentemente, de la comodidad de los usuarios de la misma.
Lo que hicieron estos inútiles del MOPC fue CLAUSURAR la entrada a Luque por la avenida Aviadores del Chaco, antes que mejorarla mediante un adecuado empalme con la avenida Ñu Guasu. En vez de eso, optaron por canalizar el tránsito en zigzags por unas callejuelas que hay que verlas para creer. Ese laberinto vial es un botón de muestra de la irresponsabilidad institucional y de la irritante impunidad que siempre caracterizó al MOPC en cuanto a la ejecución de las obras públicas, cuya mejor muestra es el deplorable estado actual de la ruta Transchaco, por señalar una.
No solamente se robaron el dinero del pueblo directamente, como ocurrió con los 400 millones de dólares del crédito chino, sino que además estos ineptos profesionales son incapaces de hacer un proyecto como la gente que solucione el problema que se enfrenta. En vez de eso, le dan “solución” a un problema y crean otro u otros, peores, como este del acceso a Luque, que es realmente una ofensa a la inteligencia y al sentido común.
Mientras tengamos este tipo de gente en los gobiernos del país, no solo que nunca nos sacudiremos de la pobreza, sino que vamos a estar cada vez más en peores condiciones. La gran ironía es que bajo la administración del ministro Ramón Jiménez Gaona, el MOPC ha contratado por decenas de millones de dólares a una empresa consultora extranjera, supuestamente para corregir los proyectos viales defectuosos elaborados a nivel local.
No sabemos si el engendro del recorte de la avenida Ñu Guasu en su acceso a Luque y los rulos de circunvalación fueron correcciones de primer mundo introducidas por la consultora de referencia, o la espontánea decisión del director de Vialidad, o de cualesquiera de los adláteres del ministro, con el fin de exorcizar el maleficio heredado.
Sea como fuere, si la avenida Ñu Guasu fue la peor herencia que recibió el ministro Jiménez Gaona de su antecesor, la dejará aun peor al pueblo paraguayo cuando a él le toque irse.