Desde hace más de una semana, manifestantes campesinos de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) violan la “ley del marchódromo” y la ordenanza municipal sobre ruidos molestos, para que el Estado, ignorando el principio de igualdad ante las leyes, asuma sus deudas y destine diez millones de dólares al fomento de la agricultura familiar, entre otras regalías acordadas por el Gobierno el último 28 de marzo. Sabedores de la inoperancia y del populismo de las autoridades nacionales y municipales, lo vienen haciendo desde hace años, con resultados muy buenos para esos grupos, especialmente para sus dirigentes, y muy malos para la ciudadanía. Tanto los medios empleados como las pretensiones mismas son inaceptables, pero los “campesinos” parecen creer que por el solo hecho de serlo pueden atentar contra derechos de terceros y desangrar al fisco.
Su condición de labriegos –para sus pedidos se presentan generalmente como pobres de solemnidad y abandonados, que en la mayoría de los casos no lo son, como los que hoy están ocupando el microcentro de Asunción–, no les exonera del deber de respetar las normas de convivencia, absteniéndose de recurrir a medidas de fuerza para imponer unas demandas que se considerarían absurdas si provinieran de otros sectores de la población. Entre otras inconductas, instalan carpas en la vía pública, bloquean el acceso a locales comerciales y detonan petardos a cualquier hora, incluyendo las de la madrugada, como si los demás no tuvieran derecho al libre tránsito, al trabajo o al descanso.
Su reprochable comportamiento viola, aparte de la “ley del marchódromo”, el art. 88 de la Ley N° 5016/14, referido al “uso especial de la vía pública”. Este uso para fines ajenos al tránsito, como lo son las manifestaciones, debe ser antes autorizado por la autoridad competente, siempre que se pueda mantener el tránsito normal “con similar fluidez por vías alternativas de circulación”, que los organizadores y las autoridades acrediten que se tomarán en el lugar las “medidas de seguridad para personas y bienes”, y que los primeros “se responsabilicen personal y solidariamente por los eventuales daños a terceros o a la infraestructura vial, que pudieran surgir de la realización de un acto que implique riesgos”. Con toda seguridad, los actuales “dueños” de la calle Yegros violaron más de una de las disposiciones citadas. Se ignora si “el uso especial” fue autorizado por la autoridad competente, pero sí se sabe que el tránsito está entorpecido considerablemente, se volvió menos fluido que el normal, y que, como siempre, los organizadores no se responsabilizarán por los daños causados. Conste que el atildado dirigente “campesino” Jorge Galeano, que luce una campera de marca y maneja un vehículo que cuesta unos 50 millones de guaraníes, bien podría reparar con su propio pecunio los perjuicios que generan sus nada famélicos seguidores.
Estos grandes avivados, a quienes les importan un rábano el bolsillo y los derechos de sus compatriotas, han tomado por costumbre plantear cada año sus “reivindicaciones”, ante la notoria indefensión de sus víctimas, el resto de la ciudadanía. Lo hacen porque están seguros de que lograrán imponer al menos una parte de sus reclamos a unas autoridades que solo buscan sacárselos de encima con el dinero ajeno. Si creen justo que cada año sus deudas sean condonadas y se destine dinero público a la “reactivación productiva” agrícola, lo mismo podrían reclamar para sí los tamberos o los artesanos, que no puedan o no quieran pagar lo que deben o invertir echando mano a sus faltriqueras. Los “campesinos” no tienen un derecho mejor ni más extenso que quienes no lo son. No habrá Presupuesto nacional que alcance si exigencias similares fueran planteadas, una y otra vez, por toda la población económicamente activa. Sería muy fácil pedir plata al Estado para “invertirla”, sabiendo que si el negocio no da frutos, simplemente se le podrá pasar la cuenta al Tesoro, suponiendo que la ayuda no haya servido para comprar electrodomésticos, por ejemplo, como se ha podido comprobar en otros créditos anteriores.
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En 2016 y 2017, la CNI recibió del Ministerio de Agricultura y Ganadería nada menos que 25.915 millones de guaraníes. En ese último año, la ávida organización había presentado una lista de 61.928 posibles beneficiarios, cifra que se redujo a 56.264 por duplicación de nombres y luego a 43.323, de la que finalmente fueron excluidas, entre otras, personas que ya recibían ayudas estatales o tenían antecedentes judiciales y penales. Esta vez, la CNI entregó un listado de 51.000 eventuales familias a ser beneficiadas por el estímulo financiero a la “reactivación productiva”. Es probable que ese número disminuya tras algunas depuraciones, pero lo cierto es que decenas de miles recibirán el dinero de los contribuyentes. En 2020 ocurrirá lo mismo, previo abuso de la libertad de reunión y de manifestación, porque el Estado sería una cornucopia a la que puedan recurrir grupos suficientemente atrevidos que distraen a la tropa con música a todo volumen.
El comunicado de la CNI a la opinión pública nacional e internacional, más parecido a un incendiario panfleto político que a una exposición más o menos objetiva de la situación campesina e indígena, formula una clara amenaza al orden público, en estos términos: “...resistiremos en la Capital (...) frente al órgano rector de la política agraria, donde permaneceremos en forma indefinida, así también se planifican cierres de ruta en el interior, acciones directas de calle en la ciudad...”. Se nota que las normativas vigentes les tienen sin cuidado, es decir, los derechos de los demás. El acuerdo que ya arrancaron a la fuerza no obliga al Estado, como tampoco lo obligarán las citadas “acciones directas” (?), salvo que las autoridades competentes se nieguen a cumplir y a hacer cumplir la ley. “Se agota (sic) el tiempo y la paciencia de las organizaciones campesinas e indígenas”, dice también el furibundo comunicado. Quienes sufren sus atropellos y exacciones saben que no deben caer en la tentación de hacer justicia por sí mismos. Tienen tiempo y paciencia suficientes para soportarlos. Quizá ya no los tengan tanto con los agentes estatales timoratos, dispuestos a hacer concesiones ilícitas con tal de sacarse un problema de encima.
La ley debe regir para todos por igual, los derechos de uno terminan donde empiezan los de otros y en ningún caso el interés de los particulares debe primar sobre el general de la nación. El Estado no debe negociar con una pistola apuntada a su cabeza, para echar por tierra esos principios.
