Canallesca extorsión

La directora interina de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Celia Fernández Narváez, admitió haber pedido, es decir ordenado, a los funcionarios de esa institución que firmen una planilla de apoyo a la enmienda constitucional para que el presidente Cartes pueda ser reelegido. Es más, adelantó con el mayor desparpajo que “eso vamos a hacer en todo el país”. Está visto que los promotores del chantaje a favor de la reelección presidencial están dispuestos a cometer los despropósitos más indignantes.

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La directora interina de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Celia Fernández Narváez, admitió haber pedido, es decir ordenado, a los funcionarios de esa institución que firmen una planilla de apoyo a la enmienda constitucional para que el presidente Cartes pueda ser reelegido. Es más, adelantó con el mayor desparpajo que “eso vamos a hacer en todo el país”, como si la aberrante decisión tuviera que ver con el objeto de la Diben y los subordinados estuvieran obligados a acatarla.

Si a la representante de la ANR en el Consejo de Administración le importa un bledo violentar la ley y la conciencia de los funcionarios, cabe preguntar a los representantes del PLRA, Hugo Capurro; del Unace, Ramón Vargas, y sobre todo al de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), Víctor Domínguez, la opinión que les merece el hecho de que, en la sede de la entidad y dentro del horario de trabajo, se imparta una orden escandalosa que lleva implícita una sanción ilegal en caso de incumplimiento y que, para peor, será replicada en todo el territorio nacional.

Como la directora interina carece de escrúpulos, no sería raro que la orden de respaldar la enmienda constitucional llegue incluso a los padres de los niños, a los ancianos y a las personas excepcionales que son asistidos por la Diben, so pena de perder los beneficios o de no recibirlos. En tal caso, sería interesante conocer, de nuevo, la actitud que tendrían los demás consejeros, empezando por quien representa a los obispos.

Está visto que los promotores del chantaje a favor de la reelección presidencial están dispuestos a cometer los despropósitos más indignantes, sin limitarse a forzar la sumisión de los funcionarios. También pueden recurrir a los contratistas del Estado para que ellos obliguen a sus empleados a adherirse. Por de pronto, los de la empresa de seguridad Tapití, que presta servicios a la Entidad Binacional Yacyretá, ya fueron conminados por su patrón, el subcomisario (SR) Viviano Machado, a que sus familiares firmen una planilla si desean conservar sus puestos de trabajo. La inicua extorsión apunta, desde luego, a seguir gozando de las contrataciones públicas, mediante un testimonio de adhesión arrancado bajo la amenaza del despido. Si el Poder Ejecutivo lo aceptara con gusto, habría que dudar seriamente de su inteligencia, si lo supone voluntario, o de su integridad moral, si no le interesa el procedimiento empleado. Queremos creer que no todos los contratistas del Estado o de las entidades binacionales tratarán de ganarse las simpatías de Horacio Cartes de una manera tan ruin.

Lo que está ocurriendo recuerda a la dictadura que terminó en 1989 y que obligaba a los funcionarios a firmar una lista de asistencia a los eventos realizados para rendir culto al “único líder”. Es fácil imaginar que lo acontecido en la Diben se va a reiterar en otros organismos y que el comportamiento del referido empresario puede ser imitado. Por eso, la ciudadanía debe estar atenta para denunciar todos los casos de abuso de poder, sea económico o político, en que se obligue a un ciudadano o a una ciudadana a firmar algo solo para satisfacer la insana ambición de mando de un grupo de malandrines que no tienen ningún reparo en violar la Constitución.

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