Canallesco atropello a la dignidad y libertad de empleados privados

El ansia de los políticos en el Gobierno de continuar teniendo el timón del poder está sobrepasando todos los límites. No solo proyectan su maligno influjo sobre las instituciones gubernamentales, sino que ya persiguen hasta a trabajadores privados que no comulgan con su postura, violando cualquier ley que encuentran en el camino. Varios empleados de instituciones del Gobierno han venido denunciando que prescindieron de sus servicios, y ahora, quince empleados de una cooperativa luqueña fueron también despedidos días después de haberse negado a asistir a un mitin realizado en una seccional colorada para promover la candidatura de Santiago Peña y Luis Gneiting. Este episodio rememora prácticas similares que aplicaron numerosas empresas privadas en la época de la dictadura de Stroessner, que igualmente obligaban a sus empleados a asistir a cualquier acto protagonizado por el “único líder” y a apoyar a sus candidatos en las viciadas elecciones que se realizaban en la época. Es para no creer que a casi tres décadas de la caída de la sanguinaria y corrupta dictadura, un partido que dice ser democrático recurra nuevamente a un sectarismo rampante. El país requiere urgentemente cambiar el “nuevo rumbo” por otro más respetuoso de la ley y de la dignidad de las personas.

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El ansia de los políticos en el Gobierno de continuar teniendo el timón del poder está sobrepasando todos los límites. No solo proyectan su maligno influjo sobre las instituciones gubernamentales, sino que ya persiguen hasta a trabajadores privados que no comulgan con su postura, violando cualquier ley que encuentran en el camino.

Varios empleados de instituciones del Gobierno han venido denunciando que prescindieron de sus servicios, y ahora, quince empleados de la cooperativa Luque Ltda. fueron también despedidos días después de haberse negado a asistir a un mitin realizado en una seccional colorada de esa ciudad para promover las candidaturas de Santiago Peña y Luis Gneiting.

Se trata de la misma cooperativa que, según publicaciones recientes, fue politizada por el cuestionado senador Óscar González Daher, colocando en los principales cargos a dirigentes colorados, olvidando que estas instituciones de desarrollo deben ser apolíticas.

El nuevo funesto episodio ocurrido allí rememora prácticas similares que aplicaron numerosas empresas privadas en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner, que igualmente obligaban a sus empleados a asistir a cualquier acto protagonizado por el “único líder”, y a apoyar a sus candidatos en las viciadas elecciones que se realizaban en la época. Es evidente que el sector gobernante está decidido a aplicar de nuevo esta deplorable forma de captar votos en las próximas elecciones internas de la ANR, siempre que el empleador sea un colorado “cartista” y quiera ganarse un puntito dentro del oficialismo. Allí tenemos a Miguel Mancuello, acólito del senador Óscar González Daher, cuyo nombre lleva el “centro cívico” donde se realizó el acto proselitista al que debían asistir los empleados hoy despedidos.

La gravedad del caso va más allá. La obligación alcanzaría también a quienes no son colorados, pues da la casualidad de que todos los afectados por la arbitraria medida son liberales, que fueron oportunamente advertidos de que su inasistencia les costaría el puesto, según las denuncias. Más aún, se les dijo que para conservarlo harían bien, además, en cambiar de partido y afiliarse a la ANR, acaso porque los afiliados antes del 30 de junio tendrán derecho a voto en las próximas elecciones internas. O sea que no solo era cuestión de hacer número, sino de cambiar de camiseta, tal como lo hizo en su momento el citado exministro de Hacienda y candidato del cartismo, Santiago Peña.

Si los injustamente despedidos fueran indemnizados, como corresponde, el dinero no saldrá de los bolsillos del presidente de la seccional, del titular del Poder Ejecutivo o de los candidatos que reciben un apoyo forzado, sino de los aportes de los socios de la cooperativa. Sería bueno que ellos, pertenecientes a diversas agrupaciones políticas o a ninguna, exijan a sus directivos claras explicaciones ante este aberrante atropello a la dignidad y libertad de los empleados y, eventualmente, a los recursos de la asociación. Se trata de un ataque al art. 32 de la Constitución, según el cual las personas tienen derecho a no ser obligadas a participar en reuniones o manifestaciones, y al art. 88 de la misma ley fundamental, que prohíbe la discriminación entre los trabajadores por sus preferencias políticas. También se violó el art. 2° de la Ley de Cooperativas, que les ordena observar el principio de “neutralidad en materia de política partidaria y movimentista”.

Lo ocurrido fue canallesco y debe ser condenado por todas las personas e instituciones que tengan sentido del respeto a la dignidad de las personas, más allá de lo que dispongan las normativas vigentes. Si otrora los empleadores stronistas compelían a sus trabajadores a adherirse a la dictadura so pena de despido, resulta que bajo el “nuevo rumbo”, en el feudo del senador González Daher, se incurre en la misma práctica escandalosa en beneficio de los candidatos prohijados por Horacio Cartes. En cuanto al sector público, ya son numerosas las denuncias de que funcionarios que no responden a las directrices del Palacio de López fueron removidos, incluso por el solo hecho de estar emparentados con dirigentes colorados opuestos al cartismo. En tal sentido, podemos mencionar la remoción o traslado de los cónsules de Barcelona, Puerto Iguazú (Argentina) y Río de Janeiro, y de una hermana del expresidente Nicanor Duarte Frutos, de la Fundación Tesãi.

Si los propios colorados pueden ser víctimas de ese infame abuso, eso de que sea una “nucleación de hombres libres”, según el preámbulo de su estatuto, se convierte en una burla cruel. No son libres quienes se afiliaron para obtener un cargo público o para conservarlo, como tampoco lo son quienes obligatoriamente deben asistir a una concentración electoral. Puede preverse que la detestable práctica que ya está ocurriendo en los prolegómenos de los comicios internos venideros habrá de empeorar en vísperas de los de abril de 2018.

Es para no creer que a casi tres décadas de la caída de la sanguinaria y corrupta dictadura de Alfredo Stroessner, un partido que dice ser democrático recurra nuevamente a un sectarismo rampante. En tal sentido, cabe recordar que el diputado Pedro Alliana, titular de la ANR, anunció ufano que todos los empleados de una gasolinera que una empresa privada explotará ilegalmente en el predio de una seccional de Fernando de la Mora, serán colorados. Pero hay que agregar que, aparte de tener el correcto carnet partidario, también deban ser “cartistas”.

El país requiere urgentemente cambiar el “nuevo rumbo” por otro más respetuoso de la ley y de la dignidad de las personas, para evitar volver a las oprobiosas prácticas de la dictadura stronista.

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