El metrobús, cuyas obras civiles han sido adjudicadas recientemente a una empresa portuguesa, es un proyecto financiado con aportes mixtos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 125 millones, US$ 19 millones proveídos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y una contrapartida local de US$ 16 millones. Este controvertido emprendimiento de transporte público de pasajeros tiene un largo y turbio historial de irregularidades técnicas, financieras y administrativas que se remontan a los tiempos del presidente Fernando Lugo, y que proyectan un cono de sombra de sospecha pública acerca de la honestidad con que tales recursos fueron, están y serán administrados.
En efecto, aún antes de que el contrato de préstamo con el BID fuera aprobado por el Congreso, el entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Efraín Alegre –con la manifiesta complicidad del representante del BID en el país, Hugo Flórez Timorán– autorizó ilegalmente que se utilizaran unos US$ 5 millones en concepto de obras de reconversión del centro histórico de la capital. Mientras tanto, el Congreso seguía dilatando la aprobación del préstamo por contener cláusulas contrarias al ordenamiento legal de las contrataciones públicas, garantes de la transparencia en los gastos del Estado.
Preocupados con que el ilegal desembolso saliera a la luz pública con las complicaciones políticas consiguientes, un grupo de senadores y dirigentes políticos liberales y del Frente Guasu, liderado por el senador Luis Alberto Wagner, arrearon a un contingente de estudiantes secundarios de Fernando de la Mora hasta la plazoleta del Congreso para manifestarse ruidosamente a favor de la aprobación del préstamo del BID para el metrobús. Esta insólita manipulación política de incautos jóvenes estudiantes reforzó la sospecha ciudadana de que el proyecto en cuestión era una piñata por cuyos millones se prenderían políticos y burócratas concusionarios de todos los colores. De hecho, el proyecto de marras tenía previsto arrancar del mercado municipal de San Lorenzo para, siguiendo por la ruta Mcal. Estigarribia, cruzar Fernando de la Mora, y por las avenidas Eusebio Ayala y Pettirossi llegar –nadie sabe cómo– a su punto terminal en la plazoleta del antiguo puerto de la capital.
Tras más de un lustro de idas y venidas en cuanto a su traza y detalles básicos de la modalidad del material rodante a ser utilizado, a más de los cuestionamientos públicos por las imprevisiones e indefiniciones inherentes al proyecto, finalmente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sorprendió a la ciudadanía con un parto de los montes: se construiría solo el segmento central de la traza prevista: desde el campus de la Universidad Nacional hasta Tres Bocas, a la altura del Mercado Municipal Nº 4. Las autoridades de la repartición estatal indicaron que se tomó esta decisión debido a dos factores considerados preponderantes ante la demora para el inicio de su construcción: la falta de recursos y los problemas inherentes a la liberación de la traza en los tramos inicial y final del mismo.
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Dando pie a la desconfianza pública en cuanto a la metáfora de la olla podrida con que la gente ha catalogado desde el inicio a este malhadado proyecto de transporte de pasajeros, con la adjudicación de su construcción a la empresa portuguesa Mota-Engil Engenharia e Construcão SA ha saltado al tapete una llamativa singularidad contractual: el préstamo del BID para este particular proyecto NO está sujeto a lo que dispone la Ley de Contrataciones Públicas que limita que el reajuste total de costo de una obra pública no debe sobrepasar el 20 por ciento del monto al que fue adjudicado el contrato.
Más llamativo aún es que existiendo proyectos en ejecución por casi US$ 700 millones financiados por el BID, solo el del metrobús tiene la cláusula excluyente del propio BID, proporcionando así “canilla libre” a la corrupta burocracia del MOPC que asociada a las de las intendencias municipales de Fernando de la Mora y Asunción, se disponen a la arrebatiña por los millones de dólares con que cuenta el proyecto para su financiamiento, y que al no tener tope legal, puede duplicarse y hasta triplicarse sin siquiera completarse.
Según adelantaron las autoridades del MOPC, la obra licitada se iniciará en mayo próximo y su conclusión se prevé para fines de 2017. Como el cuento chino de la autopista Ñu Guasu que, doblando precio y plazo contractuales, hasta hoy no termina.
Aparte del sospechoso grifo discrecional habilitado por el BID que podría favorecer a funcionarios, empresarios y políticos corruptos que puedan estar involucrados en el leonino proyecto, el MOPC, por su cuenta les ha abierto otra canilla libre habilitando a la empresa contratada a proceder a la “revisión” y diseño ejecutivo del corredor principal a lo largo de la avenida E. Ayala y la ruta Mcal. Estigarribia. Este recurso contractual es la herramienta corrientemente utilizada por los concusionarios de una y otra vereda para legalizar las grandes estafas al Estado, como la de Acepar o INC en tiempos de la dictadura.
Cuando a la empresa adjudicataria se le “asigna” la tarea de proyectar y construir una obra de ingeniería, el resultado patentado es la duplicación o triplicación del costo inicialmente determinado. Así fue como la acería de Villa Hayes –hoy devenida chatarra– pasó a costar más de US$ 400 millones, tras la revisión del proyecto original de US$ 88 millones por parte de la constructora Tenenge a través de una filial que fungió como “consultora” para perpetrar la colosal estafa. Lo mismo sucedió con el consorcio francés que repotenció la fábrica de cemento de Vallemí al doble del costo real.
En este caso del metrobús, lo que más indigna a la gente es que semejante estafa contra el Estado tenga que concretarse en un tiempo democrático con la misma impunidad con que se la practicaba en tiempos de la dictadura. Un absurdo moral y político indignante, como indignante resulta la estupidez espetada al sentido común de la gente por el ministro Ramón Jiménez Gaona al defender el absurdo proyecto del metrobús: el tramo fácil del mismo servirá exactamente para lo que está sirviendo la avenida Ñu Guasu que comienza en Luque y termina en el Botánico. El “metrobús” irá desde la Universidad Nacional hasta el Mercado 4, ni una cuadra más por los siglos de los siglos, a no ser que las municipalidades de Asunción y San Lorenzo estén dispuestas y tengan plata para expropiar 150 manzanas para que circulen los buses.