En verdad, van escaseando los adjetivos que pueden dedicarse a los legisladores, porque cada día nos sorprenden con algún nuevo privilegio, con algún nuevo desliz o con alguna nueva decisión para diferenciarse de los “comunes”, al decir del célebre diputado liberal Carlos Portillo con relación a las personas que carecen de las numerosas canonjías de que ellos disfrutan. No deberían usar el título de “representantes del pueblo”, que gustan emplear, pues muchas de sus decisiones son totalmente opuestas a las inquietudes y necesidades de la gente.
Ahora mismo, la Cámara de Diputados no tuvo la necesaria decencia de mandar al basurero un proyecto de ley inmoral e inconstitucional, repudiado fuertemente en las redes sociales y en movilizaciones públicas, cual es el que pretende concederse un autoblindaje, sino, por el contrario, exhibieron la desfachatez de aprobarlo para seguir burlándose de la ciudadanía. De paso, hicieron caso omiso del anuncio del Poder Ejecutivo de que vetaría el engendro concebido para preservar la investidura de legisladores indignos.
En efecto, en vez de enviar el descabellado y repudiado proyecto al basurero, los sinvergüenzas han ganado tiempo con la resolución –aprobada por 33 votos, entre ellos, por supuesto, los de los impresentables hoy cuestionados por la Justicia– de desechar la aberrante iniciativa y encargar a dos comisiones el estudio de otros tantos proyectos de ley, que no incluyen la previa intervención judicial para la pérdida de investidura. Según versiones de fuentes legislativas, ahora alegarían que ningún pedido al respecto debería ser tratado antes de que se tengan los dictámenes y el pleno lo decida.
Por de pronto, es saludable al menos que, gracias a la indignación ciudadana, los confabulados contra la “honorabilidad” de la Cámara hayan desistido de ampliar inicuamente la competencia de la Justicia Electoral para que se dedique a imponer una sanción política, similar a la expulsión sufrida el último 27 de diciembre por el exsenador colorado Óscar González Daher. Se recordará que se tomó la saludable medida sin que el procedimiento estuviera reglado, pero también que se otorgó al afectado el derecho a la defensa, a cuyo ejercicio renunció. Ese mismo derecho lo tuvo el hoy senador Fernando Lugo, cuando como presidente de la República fue sometido a un juicio político, no reglamentado. Pero los diputados renuentes a la autodepuración del Congreso dispusieron, con el infame propósito de proteger no solo a Portillo sino a cualquier otro sorprendido cometiendo una fechoría, que debía dictarse una ley para reglamentar el art. 201 de la Constitución.
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Llegaron a aprobar cinco artículos de un aberrante proyecto que revelaba su total desinterés por limpiar el Poder Legislativo de quienes se valen de sus bancas para delinquir con impunidad. Exhiben un espíritu de cuerpo más bien propio de organizaciones mafiosas, coaligándose contra la decencia y oponiéndose al interés público de que los órganos legislativos solo estén integrados por personas honestas.
A tanto ha llegado la desfachatez y la cobardía de estos “honorables” diputados que hasta pretendieron renunciar a su atribución constitucional de constituirse, como Cámara, en jueces de sus propios miembros, tal como surge de la interpretación sistemática de los arts. 190 y 201 de la Ley Suprema: la primera norma da competencia expresa a cada Cámara para aplicar las sanciones que ella prevé, entre las cuales debe incluirse también la de pérdida de la investidura, de la que se ocupa la segunda, sin indicar el órgano de aplicación de la pena.
Ninguno de los otros dos proyectos presentados prevé la intervención judicial, que ya había sido dispuesta en la Ley N° 6039/18, vetada con tino por el Poder Ejecutivo justamente por esa razón. Es de temer que en algún momento, una vez que se calmen los ánimos irritados por su impudicia, quienes desean aferrarse a sus escaños y a sus privilegios intenten otra vez introducir la cláusula de la condena judicial como requisito para la pérdida de la investidura.
Los desvergonzados que se negaron a que se apruebe en la misma sesión uno de los proyectos alternativos siguen planteando una amenaza. La indignación generada por este renovado intento de “autoblindaje”, ya realizado en la anterior legislatura, fue respondida por los diputados primero con una provocación lisa y llana y luego con una “retirada estratégica”, que no implica el finiquito de la cuestión. Por cierto, el Presidente de la República habrá advertido que, de hecho, su liderazgo ha sido ignorado por los diputados colorados “añetete” Ángel Paniagua, Colym Soroka, Édgar Espínola, Esteban Samaniego, Arnaldo Samaniego, Éver Noguera, Hugo Ibarra, Luis Urbieta, Roberto González, Marlene Ocampos, Miguel Cuevas y Rubén Balbuena.
Así las cosas, la ciudadanía no debe bajar la guardia, sino prestar mucha atención a los manejos de quienes siguen aspirando al “autoblindaje”, imponiendo un juicio penal como condición para la pérdida de investidura. Dado que no cejarán en su empeño, el nefasto proyecto de ley descartado puede resucitar con otro formato. Entretanto, hay que seguir insistiendo en que la expulsión de Carlos Portillo debe ser tratada por la Cámara que viene ensuciando, dándole la posibilidad de realizar su descargo. La excusa de que está en estudio la reglamentación legal del procedimiento es absolutamente inaceptable. Los ciudadanos y las ciudadanas no deben tolerar semejante tomadura de pelo, sino fortalecer su repudio a estos nefastos personajes que continúan con su irracional e ilegal pretensión.