Cárcel para los deforestadores

El Paraguay ostenta el poco honroso título de “campeón americano de la deforestación”, de acuerdo con estadísticas que la FAO lleva de 1995 a 2015. Sus cifras nos dan alrededor de 300.000 hectáreas anuales. Desde mediados del siglo pasado hasta este momento, se estima que la Región Oriental perdió alrededor del 95% de su cobertura boscosa. En los últimos años, la maldición de la deforestación masiva se extendió a la Región Occidental, que hasta entonces estuvo a salvo por causa de la aridez de sus tierras. Pero fue el auge de la producción ganadera la que tomó a su cargo la suerte de los bosques chaqueños, tarea depredadora a la que se sumaron numerosos inversionistas brasileños. Precisamente, el último fin de semana se produjo una multitudinaria manifestación en una plaza céntrica de Asunción y en algunas ciudades del interior, bajo el lema “Salvemos el Chaco”, organizada por ciudadanos autoconvocados por redes sociales en una página denominada “SOS Paraguay”. En nuestro país no se respetan ni las leyes naturales que establecen ciclos y límites, ni las leyes positivas que se dictan para asegurar un futuro digno a nuestros descendientes. Somos los campeones de la deforestación.

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El Paraguay ostenta el poco honroso título de “campeón americano de la deforestación”, de acuerdo con estadísticas que la FAO lleva de 1995 a 2015. Sus cifras nos dan alrededor de 300.000 hectáreas anuales.

Desde mediados del siglo pasado hasta este momento se estima que la Región Oriental perdió alrededor del 95% de su cobertura boscosa. La causa fue lo que se denomina técnicamente el “cambio de uso del suelo”, esto es, echar los bosques para cultivos agrícolas o cría extensiva de ganado. Además, los bosques naturales fueron expoliados al máximo por los madereros y los ladrones de rollos, especialmente los que se vinculan con los compradores de la frontera brasileña. Millones de unidades de muy variados tipos de especies arbóreas fueron a parar a los aserraderos de nuestro vecino, con la complicidad de las autoridades policiales, ministeriales y aduaneras de nuestro país. Sin olvidar, por supuesto, a los “sin tierras”, que no son más que ocupantes ocasionales que, en muchos casos, se apropian de tierras con bosques, las que abandonan luego de lampiñarlas, para luego buscar otras de iguales características. Inclusive se habló de que muchos propietarios echaron adrede sus bosques para evitar que sean codiciados por los “sin tierras”.

Cuando comenzaron a promulgarse las primeras normas de protección de recursos naturales, allá por la década de 1970, daba la impresión –certera, por otra parte– de que se trataba de meros actos hipócritas de la dictadura de entonces para acomodarse a las preocupaciones por la problemática ecológica, que comenzaban a difundirse en el mundo desarrollado. El caso fue que las autoridades nacionales nada hicieron realmente para frenar la sobreexplotación de los recursos naturales que debían proteger. Ningún índice negativo mermó un solo punto a raíz de las nuevas restricciones legales.

En los últimos años, la maldición de la deforestación masiva se extendió a la Región Occidental, que hasta entonces estuvo a salvo por causa de la aridez de sus tierras. Pero fue el auge de la producción ganadera la que tomó a su cargo la suerte de los bosques chaqueños, tarea depredadora a la que se sumaron numerosos inversionistas brasileños.

Precisamente, el último fin de semana se produjo una multitudinaria manifestación en una plaza céntrica de Asunción y en algunas ciudades del interior, bajo el lema “Salvemos el Chaco”, organizada por ciudadanos autoconvocados por redes sociales en una página denominada “SOS Paraguay”.

Y así, con toda la legislación ambiental protectora que fuimos acumulando en las últimas décadas, resulta que el Paraguay recibe el vergonzoso título de mayor deforestador de América. Últimos informes oficiales manejados indican que entre enero del año pasado y el mismo mes de este año se deforestaron 225.000 hectáreas, lo que da un promedio de 616 hectáreas por día.

La mejor excusa que poseen los que eliminan cubiertas boscosas es que supuestamente se adecuan a los porcentajes indicados por la ley. Este porcentaje es el 25% del área, lo que significa que todo propietario de bosques naturales tiene que conservar la cuarta parte de los mismos, como mínimo. Desde luego, algunos la respetan, otros no. A estos últimos no les cae ninguna consecuencia, lo cual puede notarse simplemente preguntando cuántos deforestadores furtivos o abusivos fueron procesados judicialmente en los últimos diez años, por ejemplo.

Por lo demás, como bien sabemos los habitantes de este país, las leyes que restringen algunas actividades económicas de alta rentabilidad solamente son efectivas para cierto tipo de personas, mientras que contra los eternos intocables no tienen eficacia. Para peor, estos siempre consiguen, o excepciones privilegiadas o disuadir a las autoridades encargadas de hacer cumplir las normas con sobornos o intimidaciones. El caso del expresidente Horacio Cartes es sobradamente conocido: durante su mandato firmó el Decreto Nº 7702/17 (felizmente derogado por el actual Gobierno), que le permitió deforestar grandes extensiones de su estancia chaqueña. Esto, pese a que el titular de la SEAM de la época, Rolando De Barros Barreto, había manifestado: “Nadie va a deforestar el Chaco paraguayo, estamos apuntando a potenciar los recursos naturales”. Según noticias que se están publicando ahora mismo, el actual director paraguayo de Itaipú, José Alberto Alderete, junto con sus asociados (o testaferros), desmontó lo que quiso en el Chaco, en las inmediaciones de Mariscal Estigarribia, para formar una estancia, ignorando olímpicamente todas las normas ambientales.

Así como este país funciona actualmente, ni se respetan las leyes naturales que establecen ciclos y límites, ni se respetan las leyes positivas que se dictan para asegurar un futuro digno a nuestros descendientes. Somos los campeones americanos de la deforestación y todavía hay gente que dice que cometemos estos abusos para “desarrollarnos” mejor. Esta mentalidad tiene que cambiar, comenzando por las autoridades nacionales y locales y continuando con los empresarios, los políticos y la ciudadanía en general; esta última, afortunadamente, es la que está marcando ahora las pautas correctas para defender lo poco que nos queda. Los deforestadores tienen que ir a parar a la cárcel.

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