El 15 de setiembre último venció el plazo para que las municipalidades presenten a la Contraloría General de la República la rendición de cuentas de los recursos financieros del Fonacide que emplearon en el segundo cuatrimestre del año pasado. Al 30 de diciembre, diecisiete de ellas no habían cumplido con esa obligación (la lista de los respectivos intendentes aparece en la pág. 23 de esta edición), cifra que incluye las municipalidades de Ypané y de San Cristóbal, cuyas documentaciones fueron rechazadas por el órgano de control.
De acuerdo al art. 15 del Decreto Nº 9966/12, ninguna de esas municipalidades recibirá más dinero del Ministerio de Hacienda mientras no cumpla con el deber impuesto por el art. 5° de la Ley N° 4758/12. Lamentablemente, es la única sanción prevista para una omisión atribuible a que los jefes comunales en mora no tuvieron ningún interés en la cuestión, o a que no pueden justificar los desembolsos realizados o que los destinaron a sus faltriqueras. En uno u otro caso, la interrupción de las transferencias es atinada, pues las municipalidades no pueden convertirse en barriles sin fondo adonde vaya a parar el dinero previsto para proyectos de infraestructura en educación y de almuerzo escolar.
Es lamentable que los principales afectados por la medida administrativa sean aquí los niños y no los intendentes municipales. En efecto, los más perjudicados serán los alumnos de las respectivas localidades, que iniciarán el año lectivo asistiendo a escuelas y colegios ruinosos y sin que los más pequeños puedan almorzar en el centro educativo. Esta es la dolorosa consecuencia de la total insensibilidad de quienes deberían haber tenido el mayor interés en que los niños y los jóvenes de su comunidad puedan ser instruidos en condiciones adecuadas. Las municipalidades que están en falta corresponden a localidades relativamente pequeñas, es decir, a aquellas que justamente sufren las mayores carencias.
Ante tanta desvergüenza de los intendentes y concejales de dichas poblaciones, cabe preguntar qué están haciendo los docentes y los padres de los alumnos para que se cumpla con la obligación legal. Sería imperdonable que su silencio, así como el de las radioemisoras locales y otros miembros activos de las respectivas sociedades, contribuya a que se desperdicien unos recursos financieros imprescindibles para mejorar la calidad educativa. Los pobladores han de ser conscientes de la enorme importancia que el conocimiento tiene en el mundo de hoy, por lo que deben manifestarse con firmeza y perseverancia contra las corruptas autoridades comunales que tanto mal les están haciendo a sus comunidades. La Contraloría, también, debería intervenir por propia iniciativa en esta situación.
Los vecinos deben interiorizarse de las cosas que en su nombre están haciendo sus intendentes y concejales, para exigirles el cumplimiento de sus obligaciones o para pedir a la Justicia los envíe a la cárcel en caso de abdicar de sus responsabilidades. No deben permitir más que intendentes ladrones, sean del partido que fuere, continúen robando el porvenir de sus hijos e hijas, que es lo que están haciendo esos bandidos.