Hace casi un año, el 29 de septiembre de 2016, el presidente Horacio Cartes firmaba el Decreto N° 6012 por el cual se suspendía el pago de gratificaciones a funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo. El entonces ministro de Hacienda, hoy candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado, Santiago Peña, decía que la disposición presidencial fue “en respuesta a la indignación ciudadana a raíz de la ampliación presupuestaria de G. 12.000 millones para una segunda gratificación a funcionarios del Congreso. Con la medida, el Estado ahorra alrededor de G. 100.000 millones”.
Peña dijo incluso que hay “una directiva de no pagar cualquier otro tipo de gratificación que no sea el aguinaldo a fin de año a los funcionarios públicos”.
El mencionado Decreto 6012, que suspendió el pago de la “gratificación ocasional” en todas las reparticiones estatales, no incluyó la “ayuda vacacional” y esta posibilidad seguía latente. Esta artimaña, sin embargo, al igual que los supuestos superávit y gratificaciones, se utilizaba para pagar el segundo o tercer aguinaldo, que el presidente Horacio Cartes había prometido a la ciudadanía que ya no se pagaría.
El entonces ministro Peña decía también a los cuatro vientos que la directiva era que no se pague y que se controlaría a cada institución para que no lo hagan. Agregaba incluso: “La directiva es no pagar. Es una decisión política del Poder Ejecutivo. Me sorprendería que veamos a algún ministro que quiera pasar por encima de esa decisión. Pero nosotros estamos atentos y vamos a estar controlando institución por institución. ¿Se puede plasmar esto en un decreto que prohíba esos pagos? Por supuesto que se puede hacer, y lo vamos a estar realizando”.
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A un año de este anuncio que hizo el Gobierno, ahora ya en plena campaña electoral las instituciones públicas han procedido con todo descaro a repartir nuevamente el dinero del pueblo entre los funcionarios públicos, que ya perciben salarios por encima de la mayoría de los trabajadores de las empresas privadas, y ni qué decir de aquellos informales que deben trabajar todo el día para ganar por debajo del mínimo establecido por la ley.
Lo ocurrido en Petropar, por ejemplo, es una afrenta a todos los contribuyentes. El propio titular, Eddie Jara Rojas, ha confirmado que la empresa desembolsó 4.000 millones de guaraníes para el pago a funcionarios en concepto de “diferencias salariales”, y que no se trataba de “premios o gratificaciones”. Este funcionario ofende y trata de tonto al pueblo al repartir con todo descaro, bajo una rebuscada denominación, dinero público que debería ir a las arcas del Estado para ser invertido en beneficio de los sectores más vulnerables de la población.
Pero Petropar no es el único caso. La Industria Nacional del Cemento (INC) pagó en agosto pasado sobresueldos a cada funcionario permanente, equivalentes a un salario adicional, lo que en la práctica constituye un segundo aguinaldo encubierto, que supuestamente, según Santiago Peña, ya estaba totalmente prohibido. Intentando engañar a los incautos, la INC evitó utilizar el concepto de “gratificación”, y lo camufló dentro del rubro “gasto 131”, que según datos de Hacienda corresponde a “subsidio familiar”. Lo llamativo del caso es que ni siquiera bajo ese concepto pueden justificar el pago de un aguinaldo extra, pues la definición que da la Cartera al objeto 131 es: “Asignación fijada al funcionario con cargo presupuestado en el Anexo del Personal y al personal que perciba hasta la suma de G. 2.041.123 mensual, por hijos menores de dieciocho años”.
En la INC, presidida por el ingeniero Jorge Méndez Cuevas, pagaron a absolutamente todos los funcionarios permanentes, sin importar el salario de cada uno de ellos, y hasta fue incluido el mismo titular de la entidad estatal, cuya remuneración supera los 27 millones de guaraníes al mes. Al menos eso se puede observar en la planilla de trabajadores, disponible en la web institucional www.inc.gov.py.
Méndez reconoció y justificó los pagos afirmando que se “ajustan a la obligación legal establecida en el Contrato Colectivo de Trabajo” y que considera correcto clasificar el plus bajo el objeto de “gasto 131”, en otros beneficios al personal. Estas instituciones no son las únicas: la ANDE y el Ministerio de Industria y Comercio reparten la plata del pueblo para que los funcionarios no paguen de su sueldo ni siquiera el almuerzo.
En el Banco Central del Paraguay sus funcionarios, con los sueldos millonarios que ganan, anunciaron una huelga para cobrar más. Los ascensoristas, por ejemplo, tienen sueldo de nivel ejecutivo. Ahora se anuncia que la medida de fuerza no se realizará porque se ha pedido al Ministerio de Hacienda una ampliación que contempla 4.000 millones de guaraníes para el “ascenso” de más de 400 funcionarios. Y así cada institución pública busca una artimaña para esquilmar más y más al Estado.
El presidente Cartes debe darse cuenta de que en las instituciones mencionadas, y en otras, se están burlando de sus disposiciones adoptadas el año pasado. No solo eso, también hacen lo mismo con Santiago Peña, su exministro de Hacienda y hoy precandidato presidencial del movimiento “Honor Colorado”, creado y sostenido por el propio Primer Mandatario. Peña debe ser coherente con sus posturas de cuando era ministro de Hacienda, y ser el primer interesado, hoy como candidato, en sentar una posición clara con respecto a estos despilfarros.
Todos estos beneficios que reciben los funcionarios públicos pasan luego a formar parte de los “derechos adquiridos”, que posteriormente motivan las huelgas que se realizan para chantajear al Estado.
Los ciudadanos y las ciudadanas, en las próximas elecciones, deben castigar con sus votos a quienes no cumplen sus palabras y reparten a manos llenas, con fines electoralistas, el dinero del pueblo.